El Gobierno busca dinero privado para obras

El Ejecutivo debate a contrarreloj la introducci¨®n de una bater¨ªa de incentivos para hacer posible que la iniciativa privada se implique en el Plan de Infraestructuras 2001-2006, que prev¨¦ una inversi¨®n en la construcci¨®n de carreteras, ferrocarriles y otras obras p¨²blicas por un importe global de 19 billones de pesetas. De esa cantidad, hasta el momento s¨®lo est¨¢n asegurados los capitales que provienen de fondos p¨²blicos, ya sea de los recursos presupuestarios y sociedades estatales (un total de 10 billones de pesetas) o de los fondos europeos , que ascienden en el periodo a un total de 5,5 billones de pesetas. El objetivo del Gobierno, consciente de que la mejora de las insfraestructura es un requisito indispensable para mantener la actividad y el crecimiento de la econom¨ªa, es atraer al menos 3,5 billones de inversi¨®n privada.

Y es que la Ley Marco que prometi¨® el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, hace ya m¨¢s de un a?o (concretamente el 24 de enero de 2000) para implicar a la iniciativa privada en el plan de infraestructuras sigue atascada, debido, en gran parte, a las diferencias de criterio que mantienen los Ministerios de Hacienda y de Fomento.

La divisi¨®n, seg¨²n diversas fuentes, se ha agudizado en los ¨²ltimos meses hasta el punto de que el Ministerio de Fomento, al no encontrar el consenso de Hacienda, ha decidido avanzar su trabajo en solitario y redactar su propia Ley B¨¢sica Reguladora de Concesiones de Obras P¨²blicas, eliminando las medidas fiscales que se hab¨ªan incluido en los anteriores borradores.

Fomento ha decidido concentrar en esa ley otro tipo de incentivos como el reconocimiento a las empresas constructoras de los derechos de explotaci¨®n sobre las ¨¢reas de servicio, gasolineras o centros comerciales, hoteles y aparcamientos que vayan anexos a la infraestructura.

Esta especie de pago en especie permitir¨¢ a una empresa privada financiar la construcci¨®n de una autopista en una zona concreta o, por ejemplo, el terminal de un aeropuerto a cambio de la cesi¨®n de terrenos que les permitan la explotaci¨®n comercial de un aparcamiento o de un hotel o, en su caso, la cesi¨®n a terceros de ese espacio recibido.

El ministerio que dirige Francisco ?lvarez Cascos tambi¨¦n incluir¨¢ en la ley que proyecta la potestad del Consejo de Ministros de declarar una obra p¨²blica de inter¨¦s general, lo que agilizar¨¢ notablemente las trabas burocr¨¢ticas y los costes a?adidos a las mismas, que tienen afrontar ahora las empresas, puesto que depender¨¢n s¨®lo de una Administraci¨®n. Adem¨¢s, se permitir¨¢ a la sociedad concesionaria titulizar (cobrar por adelantado de los bancos, que colocan a su vez esa cantidad en los mercados de capitales mediante activos financieros) los derechos de cobro que tenga sobre los peajes u otros ingresos relacionados con la explotaci¨®n de la infraestructura.

M¨¢s dif¨ªcil lo tiene el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, que ha decidido dejar para la reforma del Impuesto de Sociedades que tiene previsto afrontar el pr¨®ximo a?o, cualquier posible medida para favorecer que el capital privado financie la tan necesaria obra p¨²blica.

Con todo, Montoro asegur¨® recientemente en privado a los m¨¢ximos responsables de las constructoras espa?olas que no va a permitir 'f¨®rmulas imaginativas' que disfracen el d¨¦ficit p¨²blico, una preocupaci¨®n constante del Ejecutivo. El titular de Hacienda se refer¨ªa, por ejemplo, al denominado modelo alem¨¢n por el que el Estado empieza a pagar a la constructura del proyecto cuando recibe la obra terminada o al sistema de peaje en la sombra, por el que la Administraci¨®n abona anualmente al concesionario de una obra concreta una cantidad en funci¨®n del tr¨¢fico que utilice la nueva infraestructura o en funci¨®n del consumo realizado.

Con todo, el ministro de Hacienda se mostr¨® especialmente beligerante con el m¨¦todo muy extendido en las comunidades aut¨®nomas (Gisa en Catalu?a, Arpegio en Madrid o Gicalsa en Castilla y Le¨®n) de crear sociedades estatales, de car¨¢cter instrumental, que acometen la construcci¨®n de infraestructuras y embolsan deuda que puede llegar afectar en un futuro a la estabilidad presupuestaria general.

Hacienda a¨²n no tiene decidido si rescatar¨¢ medidas que ya baraj¨® en su momento como la rebaja de hasta el 90% en el Impuesto de Sociedades sobre los beneficios que provengan de la prestaci¨®n de servicios concesionales sacados a concurso por las distintas administraciones, tal como figuraba en uno de los borradores de la ley de Financiaci¨®n de Infraestructuras.

Desde la oposici¨®n, el PSOE quiere que el Gobierno aclare el modelo que debe asegurar la mejora y construcci¨®n de nuevas insfraestructuras.

Con ese objetivo, el partido que dirige Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero tiene previsto presentar en el mes de septiembre una iniciativa parlamentaria para que el Plan de Infraestructuras del Gobierno se tramite como proyecto de ley, como ha ocurrido con el Plan Hidrol¨®gico, y donde se contemplen las f¨®rmulas de la participaci¨®n privada en la financiaci¨®n de las nuevas obras.