El juez investiga si el ex subdelegado del Gobierno en Tarragona dirigi¨® una trama de falsificaci¨®n de permisos

La investigaci¨®n judicial que afecta al ex subdelegado del Gobierno en Tarragona y militante del Partido Popular Ra¨²l Navarro, se centra en esclarecer las actividades de una trama ilegal de concesi¨®n de permisos de trabajo y de residencia a mujeres procedentes de los pa¨ªses del Este que, una vez en territorio espa?ol, se dedicaban a la prostituci¨®n. En ella estar¨ªan implicadas, seg¨²n la investigaci¨®n policial, m¨¢s de 30 personas, la mayor¨ªa funcionarios. De momento, est¨¢n imputadas cuatro personas: el subdelegado, un concejal del PP de Salou y las dos propietarias de un centro de masajes.

Esta red de concesi¨®n irregular de permisos estar¨ªa presuntamente encabezada, seg¨²n las hip¨®tesis de la investigaci¨®n, por el propio Ra¨²l Navarro, que habr¨ªa aprovechado para constituirla su cargo como delegado de Trabajo en la provincia de Tarragona entre los a?os 1997 y 2000. La red incluir¨ªa a una treintena de personas, la mayor¨ªa funcionarios del mismo departamento y de la Subdelegaci¨®n del Gobierno, organismos responsables de la regularizaci¨®n de extranjeros. Navarro dej¨® el cargo de delegado de Trabajo en julio de 2000 para ocupar el de subdelegado del Gobierno.

El juzgado n¨²mero 9 de Tarragona imputa al ya ex subdelegado tres delitos: prevaricaci¨®n, fomento de la prostituci¨®n y contra el derecho de los trabajadores, cargos que Navarro ha negado en su declaraci¨®n judicial y en sus comparecencias p¨²blicas. Navarro se vio forzado a dimitir de su cargo la pasada semana, al igual que el concejal del PP en la localidad tur¨ªstica de Salou (Tarragona), Alberto del Hierro, tras haber sido llamado a declarar por el juez.

Las diligencias previas que se tramitan en el juzgado afectar¨ªan, aparte de a Navarro y a Del Hierro, a las dos propietarias, madre e hija, de un centro de masajes de Salou, considerado el centro de operaciones desde donde se orquestaba la entrada ilegal de mujeres en territorio espa?ol. Una de las propietarias, Irisha R., -la hija-, ha salido p¨²blicamente en defensa del ex subdelegado y el concejal del PP negando que fueran clientes habituales del establecimiento.

La investigaci¨®n parti¨® de la denuncia presentada por tres ciudadanas rusas que ejerc¨ªan la prostituci¨®n y que aseguraron que Navarro les ofreci¨® legalizar su situaci¨®n a cambio de favores sexuales. ?ste fue el detonante que inici¨® la operaci¨®n de la Guardia Civil con el objetivo de averiguar si se trataba de tres casos particulares o, por el contrario, exist¨ªa una red ilegal de concesi¨®n de permisos.

?sta es la hip¨®tesis que sostiene la Guardia Civil. Es decir, que desde la delegaci¨®n de Trabajo en Tarragona se facilitaban con celeridad y sin problemas los permisos a mujeres eslavas, a cambio de dinero o favores sexuales, la mayor¨ªa de las cuales han acabado ejerciendo la prostituci¨®n en diversos locales de la Costa Dorada.

Aunque por el momento el titular del juzgado n¨²mero 9 de Tarragona, Jos¨¦ Luis Portugal, tan s¨®lo ha tomado declaraci¨®n a los cuatro imputados -Navarro, Del Hierro y las dos propietar¨ªas del centro de masajes- se prev¨¦ que en las pr¨®ximas semanas ser¨¢n citados los funcionarios en los que se centra la investigaci¨®n y que habr¨ªan actuado de com¨²n acuerdo con Navarro. Fuentes judiciales apuntaron que lo l¨®gico ser¨ªa que, paralelamente a la investigaci¨®n judicial, el Ministerio de Trabajo abriera un expediente interno para dilucidar tanto la existencia de irregularidades como los funcionarios que las habr¨ªan cometido.

El subdelegado del Gobierno es la persona que en ¨²ltima instancia aprueba o rechaza los permisos de trabajo y residencia. Ra¨²l Navarro tom¨® posesi¨®n de este cargo despu¨¦s de mantener un abierto enfrentamiento pol¨ªtico con la antigua subdelegada, Margarita L¨®pez. Fuentes de la Administraci¨®n central confirmaron que Navarro se llev¨® a la Subdelegaci¨®n del Gobierno a una parte de los funcionarios que trabajaban bajo su mando en Trabajo y que pasaron a desempe?ar cargos ejecutivos. Tras su dimisi¨®n a causa de la investigaci¨®n judicial, los trabajadores de la Subdelegaci¨®n del Gobierno emitieron un comunicado en solidaridad con Navarro.

Caballo de batalla

Durante los ¨²ltimos meses, el subdelegado hab¨ªa hecho de la lucha contra los sin papeles el caballo de batalla de su actuaci¨®n pol¨ªtica, hasta el punto de que anunci¨® que en este mes de septiembre iniciar¨ªa una estricta campa?a de control de los inmigrantes ilegales.

Los cuatro imputados han cerrado filas en torno a la misma versi¨®n de los hechos y el motivo por el cual se conoc¨ªan. En s¨ªntesis, sostienen que Katerina Chamach, inmigrante ucraniana, necesitaba en 1998 ser operada de urgencia de un c¨¢ncer y su visado provisional finalizaba de inmediato. La Lliga contra el C¨¤ncer de Tarragona, una organizaci¨®n auspiciada por el Gobierno catal¨¢n como alternativa nacionalista a la Asociaci¨®n Espa?ola contra el C¨¢ncer, se procur¨® los favores del concejal del PP de Salou y del ahora ex subdelegado para que le fuera prorrogado el visado por razones humanitarias y as¨ª poder ser operada en un hospital p¨²blico.