La indagaci¨®n pol¨ªtica

Hay una contradicci¨®n entre el ¨¦nfasis con que los ministros y diputados del PP proclaman que est¨¢n dispuestos a llegar hasta el final en la investigaci¨®n de Gescartera y el aplomo con que niegan de entrada que haya o pueda haber cualquier responsabilidad del partido o la Administraci¨®n en ese esc¨¢ndalo. Esa contradicci¨®n resulta sumamente llamativa en v¨ªsperas de que se constituya la comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n, cuyo presidente ha tenido que ser cazado a lazo porque los aliados parlamentarios del PP se resist¨ªan a asumir un papel que temen poco digno. Para cerrar el c¨ªrculo, los portavoces populares dedicaron el debate preliminar del Congreso a repartir advertencias a la oposici¨®n.

No ha habido acuerdo sobre la duraci¨®n de los trabajos de la comisi¨®n, aunque los dos meses preestablecidos podr¨¢n ser ampliados si as¨ª lo estiman los diputados encargados de la investigaci¨®n. Ocho de los 16 parlamentarios que integran la comisi¨®n pertenecen al partido del Gobierno y a sus aliados de CiU y Coalici¨®n Canaria; la otra mitad, a los partidos de la oposici¨®n. Un reparto que parece razonable a la luz de la composici¨®n de la C¨¢mara. A ellos les corresponde verificar si el caso Gescartera esconde o no connivencias entre intereses privados y poderes p¨²blicos, de lo que han ido apareciendo numerosos indicios durante las ¨²ltimas semanas. No basta con proclamar la incompatibilidad cong¨¦nita del PP con la corrupci¨®n, como ayer reiter¨® el estrepitoso portavoz de ese partido haciendo eco a Aznar. Tampoco basta con la subjetiva convicci¨®n del portavoz socialista de que existe 'responsabilidad pol¨ªtica directa del Gobierno en este juego de timadores y amigos bien colocados' para darlo por hecho antes de que se haya iniciado la investigaci¨®n encargada de dilucidarlo.

Pero las advertencias a los socialistas sonaron a amenaza y est¨¢n fuera de lugar: si hay un diputado del PSOE que retir¨® su inversi¨®n de Gescartera por disponer de informaci¨®n privilegiada deber¨¢ responder de ello, pero no aliviar¨ªa la responsabilidad pol¨ªtica de los organismos de la Administraci¨®n encargados de que tal cosa no ocurra. Que un consejero de RTVE nombrado a propuesta del PSOE trabaje en una empresa participada por otra que a su vez est¨¢ relacionada con Gescartera es interesante, pero no lo suficiente como para que las responsabilidades pol¨ªticas a investigar sean las de la oposici¨®n en lugar de las del Gobierno.

Concretamente, debe investigarse si los indicios disponibles permiten deducir, con independencia de que existan delitos penales, que ha habido comportamientos de la Administraci¨®n que han favorecido el fraude. Por ejemplo, indicios como la conversi¨®n de Gescartera en agencia de valores, pese a no cumplir los requisitos establecidos por la CNMV. El pretendido ment¨ªs de la CNMV a la informaci¨®n publicada ayer por EL PA?S lo ser¨ªa en todo caso a su propio director general, que en carta oficial advert¨ªa del incumplimiento de determinadas condiciones, lo que dejaba 'en suspenso' el plazo legal para su inscripci¨®n en el registro de agencias de valores y el inicio de su actividad. ?se es el terreno en el que debe indagarse sobre eventuales responsabilidades pol¨ªticas, que en este caso afectan a un organismo regulador clave para el funcionamiento de los mercados.

De las responsabilidades penales ya se encargan los tribunales. De la experiencia de anteriores comisiones cabe deducir que el mayor riesgo es no delimitar los terrenos respectivos. La Constituci¨®n dice que las conclusiones de las comisiones parlamentarias no ser¨¢n vinculantes para los tribunales ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales. Pero si ambas avanzan en paralelo existe un riesgo potencial de conflicto. La Constituci¨®n considera 'obligatorio comparecer a requerimiento de las c¨¢maras', pero en el caso Rubio (Mariano Rubio, el gobernador del Banco de Espa?a) el juez deneg¨® el permiso carcelario para que compareciera en la comisi¨®n uno de los imputados, por considerar que hacerlo podr¨ªa afectar a las garant¨ªas individuales: por ejemplo, el derecho a no declarar contra uno mismo. En caso de duda, m¨¢s vale extremar la prudencia para evitar que un mal paso en la investigaci¨®n parlamentaria pueda viciar la judicial, y porque las responsabilidades pol¨ªticas que se investigan en el Parlamento no son las derivadas de eventuales delitos, sino las relacionadas con el mal uso del poder y la influencia.