Contra los 'cuervos', competencia
Valencia celebra la primera subasta judicial gestionada por empresas privadas al amparo de la nueva legislaci¨®n
Comprar un inmueble en una subasta dejar¨¢ de ser, o al menos eso parece, una oportunidad reservada a cuervos y otros privilegiados. Si el escenario que describen los defensores de la privatizaci¨®n de la gesti¨®n de las subastas judiciales se cumple, el gran p¨²blico tendr¨¢ acceso a las ofertas que devienen de la morosidad de otros como si de objetos de segunda mano u oportunidades suculentas se tratara, con cat¨¢logo a color e instrucciones para ne¨®fitos incluidos. Esta revoluci¨®n en el herm¨¦tico arte de la puja se deriva de la aplicaci¨®n de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La vasta relaci¨®n de art¨ªculos que ha trastocado la pr¨¢ctica jur¨ªdica -no en vano la LEC sustitu¨ªa a una norma centenaria en su aplicaci¨®n- llega ahora a un suculento negocio en el que entran empresas nacidas hace seis a?os y especialistas en eso de acercar al gran p¨²blico algo que antes no lo estaba. Ser¨¢ el pr¨®ximo 3 de octubre cuando 37 lotes compuestos por viviendas, locales y garajes de deudores valencianos se ofrezcan en p¨²blica subasta de manera que se evitar¨¢n las ocultas maniobras de los subasteros profesionales.
El decano de los jueces de Valencia, Fernando de Rosa, se ha convertido en impulsor de una nueva gesti¨®n que 'destierre la venta barata de un inmueble comprado con mucho esfuerzo y que no consigue liquidar una deuda en un mal momento de la vida'. De Rosa, que ha logrado as¨ª cumplir uno de sus particulares compromisos contra¨ªdo cuando pasara de juez de instrucci¨®n a decano, est¨¢ convencido de lo hist¨®rico de la jornada del pr¨®ximo d¨ªa 3. Ser¨¢ entonces cuando dos empresas, casualmente las mismas que participaron en la prueba piloto que hace un a?o se realizara sobre este particular en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, obtengan los primeros beneficios de gestionar una parte de la ejecuci¨®n de un proceso judicial. La portavoz de Gesinar Servicios Inmobiliarios -compa?¨ªa que se autodefine como especialista en la prestaci¨®n de servicios inmobiliarios y que asegura apostar desde hace cuatro a?os por las subastas inmobiliarias como una f¨®rmula de comercializaci¨®n diferente, eficaz y transparente- y European Estates -creada en 1996 por la consultora Ernst & Young y Allsop & Co.- se colocan en la parrilla de salida de la concentraci¨®n de la privatizaci¨®n de las subastas judiciales. 'La externalizaci¨®n de este servicio debe servir -dijo ayer De Rosa- para que las oficinas judiciales se dediquen a lo que realmente es su funci¨®n'.
Esta nueva pr¨¢ctica sufre un vac¨ªo legal como reconocen los propios promotores: la ausencia de una normativa que permita la selecci¨®n de las empresas que gestionen las subastas. En consecuencia, urge que el Consejo General del Poder Judicial tenga m¨¢s sensibilidad y arbitre una f¨®rmula. Pero mientras tanto se concreta a partir de los acuerdos entre las entidades acreedoras y las empresas gestoras -cuya elecci¨®n se valida como tr¨¢mite por la autoridad judicial-. De Rosa asegura que el coste para la justicia es cero. Las empresas no desvelan sus porcentajes, e incluso se muestran tan interesadas en el sentido p¨²blico del servicio que asumen que deben ir a la baja en sus comisiones. Y el ciudadano interesado podr¨¢ informarse a trav¨¦s de varios 902, que no son gratuitos, o acceder a trav¨¦s de Internet.
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