Comisi¨®n en marcha

En los Parlamentos de democracias consolidadas, la puesta en marcha de una comisi¨®n de investigaci¨®n es un acto muy serio, revestido de cierta solemnidad, pues se trata de un instrumento de control muy cualificado de la acci¨®n del Gobierno por parte del poder legislativo. Por eso result¨® bochornoso que en el pleno del Congreso para la constituci¨®n de la comisi¨®n que debe investigar el caso Gescartera el Partido Popular y el PSOE se enzarzaran en una agria disputa pol¨ªtica sobre presuntas inocencias y culpabilidades sin esperar siquiera a que dicha comisi¨®n iniciara sus trabajos.

Ni el PP puede adelantar su inocencia, como si los serios indicios de connivencia entre intereses privados y cargos p¨²blicos que aparecen en el caso Gescartera fueran simplemente humo, ni el PSOE puede prejuzgar la culpabilidad del Gobierno convirtiendo sin m¨¢s esos indicios en evidencias de su responsabilidad pol¨ªtica. El objeto de la investigaci¨®n se centra en determinadas ¨¢reas econ¨®mico-administrativas del Gobierno, no en elementos anecd¨®ticos que puedan o no afectar a la oposici¨®n, y en deducir si existe alg¨²n tipo de responsabilidad pol¨ªtica, al margen de las penales que investiga la justicia. Al Gobierno concierne dar explicaciones y asumir las responsabilidades que procedan por las posibles intervenciones de personas de su entorno destinadas a dar credibilidad a Gescartera a la hora de captar clientes, la supuesta negligencia de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el fraude hasta que ¨¦ste se hizo descomunal y la posible existencia de informaciones privilegiadas a favor de algunos inversores que retiraron a tiempo su dinero.

Pero el PP ha dado muestras de no tener claros estos conceptos elementales sobre la naturaleza de la comisi¨®n puesta en marcha, quiz¨¢ porque se le ha venido encima un asunto que concentra todos los ingredientes de una corrupci¨®n pol¨ªtica de la que el PP se ha proclamado exento m¨¢s all¨¢ de toda l¨®gica y a veces contra toda evidencia. Para un partido que lleg¨® al poder en gran medida por su discurso regeneracionista de la vida pol¨ªtica y al que su l¨ªder ha declarado poco menos que cong¨¦nitamente 'incompatible con la corrupci¨®n' resulta sin duda demasiado fuerte que un caso que apunta a un entramado de connivencias y negligencias entre lo p¨²blico y lo privado haya engordado y estallado bajo su mandato.

Ello explica el clima enrarecido en que ha iniciado sus trabajos la comisi¨®n sobre Gescartera, que el PP parece concebir m¨¢s para indagar al principal partido de la oposici¨®n que la actuaci¨®n del Gobierno. De ah¨ª el berenjenal en que se meti¨® su portavoz econ¨®mico en el Congreso, el diputado Vicente Mart¨ªnez Pujalte, lanzando acusaciones vagas contra un an¨®nimo diputado del PSOE, al que pondr¨ªa nombre en los pasillos un portavoz del partido. Si as¨ª fuera, ?en qu¨¦ puede eximir o disminuir las eventuales responsabilidades pol¨ªticas del Gobierno, centradas en las relaciones con Gescartera de la Secretar¨ªa de Estado de Hacienda, la CNMV y la ONCE, el que un diputado socialista haya podido invertir y luego desinvertir en esa agencia?

Constituye una perversi¨®n de los mecanismos de control parlamentarios pretender convertir las comisiones de investigaci¨®n en una forma de exigencia actual o retrospectiva de responsabilidades a la oposici¨®n. Que el partido del Gobierno parezca no tenerlo en cuenta contribuy¨® en gran medida a que el acto de constituci¨®n de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre Gescartera derivara en un rifirrafe pol¨ªtico nada edificante, que no augura nada bueno sobre su futuro. Si alguien est¨¢ obligado a preservar la seriedad y el juego limpio parlamentario exigible en estos casos es el partido en el poder, sobre el que recae la exigencia de responsabilidades pol¨ªticas.