Con la p¨®lvora de los contribuyentes

El veto interpuesto por el obispado de Almer¨ªa a la renovaci¨®n del contrato anual de una profesora de religi¨®n cat¨®lica en un colegio p¨²blico de Los Llanos de la Calzada, culpable de haber contra¨ªdo matrimonio civil con un divorciado, ha sacado a la luz otros casos de discriminaci¨®n laboral del episcopado, cometidos so pretexto de que los despedidos no daban el debido 'testimonio de vida cristiana'. Portavoces de la Federaci¨®n de Profesores de Religi¨®n denuncian tambi¨¦n las intimidaciones extorsionadoras sufridas por sus asociados para que entreguen de manera voluntaria una parte de su sueldo (el 0,6%) en determinadas di¨®cesis. El lenguaje jur¨ªdico, tan rico en eufemismos, permite dibujar la p¨¦rdida del puesto de trabajo de esos profesores de religi¨®n cat¨®lica, que han venido desempe?ando regularmente su tarea durante a?os, no como un despido activo sino como un desestimiento pasivo; la diferencia no es nominal sino que implica consecuencias de orden econ¨®mico y atenta contra la dignidad de los perjudicados.

Propuestos inexcusablemente para cada curso escolar por el ordinario diocesano, los profesores de religi¨®n cat¨®lica en la ense?anza infantil, primaria, secundaria y de magisterio (en torno a 15.000 personas) son contratados formalmente -de a?o en a?o-por la Administraci¨®n en el marco regulador del Acuerdo firmado en 1979 por el Estado con la Santa Sede sobre Ense?anza y Asuntos Culturales. Los aspirantes a ocupar esas plazas docentes en centros p¨²blicos necesitan una Declaraci¨®n Eclesi¨¢stica de Idoneidad, otorgada o retirada por las autoridades diocesanas; los colegios estatales no pueden sino aceptar esas propuestas. El Convenio firmado en 1999 por el Gobierno del PP obliga adem¨¢s al Estado a pagar directamente (unos 50.000 millones en total ) a los profesores. .

?C¨®mo explicar la asombrosa contradicci¨®n de que el nombramiento y la revocaci¨®n de los profesores de religi¨®n cat¨®lica dependa exclusivamente de las autoridades diocesanas pero que los docentes firmen sus contratos con la Administraci¨®n, desempe?en su labor de adoctrinamiento en centros p¨²blicos y sean pagados por los impuestos de todos los contribuyentes?. El malogrado profesor Joaqu¨ªn Garc¨ªa Morillo mostr¨® en su d¨ªa el considerable desfase existente entre la teor¨ªa y la realidad del principio de aconfesionalidad proclamado por la Constituci¨®n de 1978 (Claves de Raz¨®n Pr¨¢ctica, n?55). El art¨ªculo 16.3 de la norma recurri¨® a una tortuosa f¨®rmula para tranquilizar a la Iglesia sobre las implicaciones jur¨ªdicas y econ¨®micas del reconocimiento de la libertad religiosa y de culto: de una parte, la Constituci¨®n declara que 'ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal', rompiendo as¨ª con la tradici¨®n confesional de la Monarqu¨ªa; de otra, obliga a los poderes p¨²blicos a tener en cuenta 'las creencias religiosas de la sociedad espa?ola' y a mantener las consiguientes 'relaciones de cooperaci¨®n' con la Iglesia Cat¨®lica y las dem¨¢s confesiones. Sin embargo, el instrumento jur¨ªdico elegido por el Estado para proteger los derechos de los espa?oles bautizados en la fe cat¨®lica y para asegurar la buena vecindad entre creyentes y agn¨®sticos no fue el Derecho Interno ad intra sino el Derecho Internacional ad extra: los Acuerdos de 1979 no articularon las anunciadas 'relaciones de cooperaci¨®n' con la sociedad espa?ola de creyentes sino con la Santa Sede, un Estado soberano e independiente.

Los acuerdos de 1979 conceden privilegios y ventajas extraordinarios -desde el ¨¢mbito educativo hasta el terreno fiscal, pasando por la fijaci¨®n de los festivos- a una Iglesia Cat¨®lica definida no como una comuni¨®n de fieles sino como una instituci¨®n secular a trav¨¦s de un Tratado internacional cuya ejecuci¨®n, sin embargo, el Vaticano delega en la Conferencia Episcopal. Si el pago con dinero p¨²blico de los profesores de religi¨®n cat¨®lica designados por la Jerarqu¨ªa para realizar trabajos de catequesis en centros estatales es un buen ejemplo de c¨®mo la santab¨¢rbara financiera de la Iglesia se abastece con la p¨®lvora de todos los contribuyentes, el arbitrario despido de los docentes d¨ªscolos por los obispos utiliza un fraudulento parapeto internacional frente al Estatuto de los Trabajadores.