El Gobierno recurre el cierre del ¨¢rea de El Pinar clausurada por supuestos malos tratos

Esperanza Garc¨ªa, gerente del Instituto del Menor y de la Familia de la Comunidad de Madrid anunci¨® ayer que la Consejer¨ªa de Servicios Sociales ha interpuesto un recurso contra el cierre cautelar del m¨®dulo 0 del reformatorio El Pinar, ubicado en la carretera de Colmenar. La clausura de dichas instalaciones, conocidas por los internos como m¨®dulo de aislamiento, fue decidida por un juzgado de instrucci¨®n tras recibir una querella de la Fiscal¨ªa de Menores de Madrid en la que se recog¨ªan denuncias de malos tratos a internos en el centro. La querella es fruto de una visita sorpresa a El Pinar realizada el pasado septiembre por una comisi¨®n judicial integrada por una fiscal, un forense y un agente judicial. El Pinar, dependiente de la Comunidad, est¨¢ gestionado por una empresa privada, la asociaci¨®n Cicer¨®n.

Desde la Consejer¨ªa se ha negado la existencia de malos tratos y se han explicado los incidentes como resultado de la aplicaci¨®n de 'medidas de contenci¨®n' a los internos. Las mismas fuentes han lamentado la 'falta de fluidez' en las relaciones entre la Administraci¨®n regional y la Fiscal¨ªa porque, seg¨²n las mismas fuentes, hacen a¨²n m¨¢s dif¨ªcil la ya ardua tarea de aplicar la Ley del Menor, que entr¨® en vigor el pasado 13 de enero y que oblig¨® a excarcelar a j¨®venes que hab¨ªan cometido delitos, algunos muy graves, y llevarlos a centros de internamiento para lograr una reinserci¨®n no siempre f¨¢cil.

En dicha querella se relata que dos menores recibieron sendas palizas mientras permanec¨ªan atados a las camas y que uno de ellos sufri¨® la rotura de un labio y una mano. En la querella se hace referencia expresa a los vigilantes de seguridad que trabajan en el centro, pertenecientes a la empresa Levantina de Seguridad SL. Esta empresa acumula un largo rosario de denuncias y decenas de condenas en los tribunales de la Comunidad Valenciana, en su mayor parte por agresiones y abusos cometidos por sus vigilantes. El propietario de Levantina est¨¢ asimismo condenado por un juzgado de lo social por obligar a sus empleados a afiliarse a una formaci¨®n de ultraderecha.

La decisi¨®n judicial ha puesto en pie de guerra a la oposici¨®n, que ha reclamado que se rescinda el contrato entre el Gobierno regional y Cicer¨®n para la gesti¨®n del centro y que ¨¦sta pase a depender de la Administraci¨®n.