De las ayudas familiares a la adopci¨®n

Ana y Mar¨ªa tienen cuatro y siete a?os. Su madre no sabe leer ni escribir y su padre, que no super¨® los estudios primarios, est¨¢ en paro desde que hace meses perdi¨® el bar que ten¨ªa. S¨®lo ella realiza trabajos de limpieza dom¨¦stica de forma espor¨¢dica. La relaci¨®n de pareja no es buena. Hay reproches constantes entre ambos, discusiones y acusaciones que en ocasi¨®nes han llegado al juzgado. No hay evidencias de violencia f¨ªsica m¨¢s all¨¢ de las denuncias presentadas en los tribunales que nunca han prosperado. Ambos se lanzan acusaciones de abusar del alcohol, aunque la mujer va m¨¢s lejos. Dice que la causa de la p¨¦rdida del negocio de su marido fue su adicci¨®n a la coca¨ªna. En cualquier caso, tampoco hay evidencias de una u otra situaci¨®n. Este clima familiar tiene su reflejo en los problemas afectivos que padecen las ni?as. La falta de entendimiento lleva a que no haya criterios educativos definidos y desemboca en falta de autoridad de los padres sobre las hermanas.

Este es el escenario que describe uno de los cientos de expedientes de los equipos municipales de servicios sociales de la Comunidad que trabajan en la protecci¨®n de los menores valencianos, los ojos de Bienestar Social, como los describe uno de los t¨¦cnicos de la consejer¨ªa. Estos servicios suelen ser la puerta por la que entran las informaciones sobre ni?os con problemas, ya sea directamente o a trav¨¦s del colegio, el centro de salud o la polic¨ªa local. Desde que existe la sospecha de que un menor no tiene asegurados sus derechos, los servicios municipales se ponen en marcha.

En el caso de Ana y Mar¨ªa (nombres supuestos), como en el resto, lo primero es determinar si existe riesgo o desamparo. El primer caso se emplea para referirse al menor grado de desatenci¨®n y se puede suplir sin romper la unidad familiar. Para ello, existen medidas de apoyo familiar como las ayudas econ¨®micas para familias desfavorecidas, becas de comedor, ayudas para guarder¨ªas o programas de inserci¨®n laboral para los padres. El objetivo en estos casos es reconducir la situaci¨®n por la que atraviesan las familias e introducir cambios de h¨¢bitos que corrijan la desatenci¨®n de los ni?os. Cuando se considere necesario alejar a los menores de los padres o que las medidas municipales no son suficientes, la opci¨®n de la Administraci¨®n es decretar el desamparo. Esta medida supone un cambio m¨¢s radical en el entorno del menor ya que suele implicar la retirada de la tutela de los padres. A principios de 2001 el Consell ten¨ªa asumida la tutela de 2.000 menores. La decisi¨®n de retirar la patria potestad se deriva en un 80% de los casos en la negligencia de los padres en la atenci¨®n a sus hijos, m¨¢s que en maltrato hacia el menor, seg¨²n Bienestar Social. En un porcentaje mucho menor, son los abusos sexuales o las evidencias de agresiones las causas de apertura de un expediente de desamparo.

Llegados a este punto, el objetivo es que le medida a tomar sea la menos grave para el menor. La primera opci¨®n que se baraja es la del acogimiento familiar. En este caso, los t¨ªos o abuelos han de acceder y han de tener unas condiciones que mejoren la situaci¨®n anterior, lo que no siempre se cumple. M¨¢s traum¨¢ticas son opciones como el acogimiento en centros residenciales, motivado por tutelas o guardas, situaci¨®n jur¨ªdica en la que la familia cede voluntariamente y por un tiempo determinado el cuidado del menor. Junto a ellas, existe la posibilidad de la acogida en familias educadoras, que se ofrecen a atender a los menores. Esta opci¨®n registra un elevado crecimiento. De los 383 ni?os acogidos en familias, se pas¨® a los 1.419 en 1998 y a los 2.173 el a?o pasado. Hay varias modalidades como las acogidas temporales, en las que las familias cuidan a los menores que salen de fin de semana, los definitivos, que se acuerdan por el juez cuando la edad u otras circunstancias desaconsejan la adopci¨®n, o el preadoptivo, que tiene como finalidad adoptar y que fija un periodo de adaptaci¨®n de un a?o.

Este marco ha sufrido una actualizaci¨®n que entr¨® en vigor el 28 de agosto, fecha a partir de la cual se aplic¨® un decreto dirigido a 'adaptarse a la evoluci¨®n jur¨ªdica y la nueva regulaci¨®n estatal', seg¨²n el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco.