Orden p¨²blico o seguridad ciudadana

Amadeu Recasens, director de la Escuela de Polic¨ªa de Catalu?a, explica en un art¨ªculo titulado 'Elementos emergentes de inseguridad ciudadana' (Revista Catalana de Seguridad P¨²blica 2000) la evoluci¨®n del concepto de seguridad. Describe c¨®mo en Europa la idea de orden p¨²blico ha ido cambiando de significado: hoy en Francia, Inglaterra o Italia no significa lo mismo que hace 50 a?os aunque se utiliza la misma expresi¨®n. En cambio, en Espa?a, el uso que el franquismo hab¨ªa hecho del concepto oblig¨® a cambiar significado y significante. La Constituci¨®n de 1978 sustituy¨®, por ejemplo, la denominaci¨®n 'fuerzas de orden p¨²blico' por la de 'fuerzas de seguridad', con la ¨²nica oposici¨®n de Alianza Popular.

El propio Recasens define la clara distinci¨®n de objetivos y misiones de ambos conceptos. Mientras que el 'orden p¨²blico' pretende mantener la autoridad y perpetuar una norma, la 'seguridad ciudadana' desea preservar derechos y libertades y ofrecer un servicio p¨²blico. Mientras que la primera expresi¨®n busca forzar la obediencia de los ciudadanos a la norma, la segunda desea proteger la seguridad de las personas y mejorar su calidad de vida.

El catedr¨¢tico de Derecho Administrativo Manuel Ballb¨¦, autor de Orden p¨²blico y militarismo en la Espa?a constitucional, (1812-1983) (Alianza Universidad, 1983), ya expuso en la obra colectiva La izquierda y la Constituci¨®n (Barcelona, 1978) ideas similares: 'Creo importante evitar la integraci¨®n en el ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico de conceptos manipulados y prostituidos por el uso que la dictadura hizo de ellos, hasta el punto que propugnar¨ªa como necesaria la sustituci¨®n del mismo concepto de orden p¨²blico por otro que careciese de esas connotaciones antidemocr¨¢ticas como, por ejemplo, seguridad p¨²blica'.

El sistema democr¨¢tico se basa, pues, en esa nueva concepci¨®n que permite que la Constituci¨®n de 1978, en su art¨ªculo 104, atribuya a los cuerpos y fuerzas de seguridad la misi¨®n de 'proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana'.

La pol¨ªtica en materia de seguridad de los gobiernos del PSOE no constituye, ni de lejos, motivo de orgullo para los progresistas. Felipe Gonz¨¢lez desoy¨® las propuestas de expertos que como Jaume Curbet (Democracia i policia, Barcelona 1983) propon¨ªan el dif¨ªcil camino de desmilitarizar, democratizar y descentralizar, adoptando, en cambio, la l¨ªnea del ministro Barrionuevo; las consecuencias todav¨ªa las est¨¢ pagando el propio PSOE.

Pero, a pesar de ello, determinadas reformas, las garant¨ªas jur¨ªdicas establecidas por las normas, las modificaciones sustanciales de los sistemas de selecci¨®n y formaci¨®n, la profesionalizaci¨®n de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la aparici¨®n de polic¨ªas auton¨®micas, la creciente preparaci¨®n de las polic¨ªas locales y el papel claramente democr¨¢tico desempe?ado por autoridades y jueces impusieron y consolidaron el concepto de seguridad por encima del superado orden p¨²blico.

Pero la victoria no hab¨ªa sido definitiva. La etapa de mayor¨ªa absoluta del PP nos est¨¢ introduciendo en una especie de t¨²nel del tiempo desde el que el concepto de orden p¨²blico vuelve a asomar a la cabeza.

Un ejemplo extremo lo constituye la pol¨ªtica aplicada en Catalu?a por la delegada del Gobierno, Julia Garc¨ªa-Valdecasas. Poco importa que se trate de estudiantes de la Universidad Aut¨®noma, manifestantes antiglobalizaci¨®n o inmigrantes concentrados en la plaza de Andr¨¦ Malraux : el objetivo es disolver, golpear y detener. En este caso, adem¨¢s, se a?ade a la concepci¨®n pol¨ªtica del partido conservador la ineficacia extrema y la escasa tradici¨®n democr¨¢tica de la propia delegada.

Pero la progresiva sustituci¨®n de la idea de seguridad por la de orden p¨²blico se agrava en extremo si se pone en relaci¨®n con otro fen¨®meno generado por el PP: la deslegitimaci¨®n democr¨¢tica de sus adversarios pol¨ªticos. PNB, EA e Izquierda Unida pasaron hace meses a ser sospechosos de connivencia con el terrorismo, en una estrategia que se estrell¨® con la voluntad de la ciudadan¨ªa vasca expresada en las ¨²ltimas elecciones. El BNG es poco menos que el diablo. ERC propugna el independentismo, que, ya se sabe, es por definici¨®n violento.Y este verano el PP ha dirigido tambi¨¦n sus dardos hacia IC-V: hemos sido calificados de delincuentes por proporcionar acogida a unos inmigrantes posteriormente atendidos por C¨¢ritas y Cruz Roja, con el acuerdo de las administraciones, y se nos ha tildado de c¨®mplices de sectores violentos vinculados a ETA por pedir comprensi¨®n hacia fen¨®menos juveniles como el que expresa el movimiento okupa. En una carrera que parece no tener fin, el PP dirige ahora sus cr¨ªticas hacia alcaldes de innegable tradici¨®n democr¨¢tica.

Ha llegado el momento de decir basta. El PP deber¨ªa comprender que el camino que ha emprendido s¨®lo puede conducir al resquebrajamiento de la unidad de los dem¨®cratas y a su propio aislamiento. Pero los partidos de izquierda deber¨ªamos ser capaces de volver a dise?ar una pol¨ªtica de seguridad que mereciera el calificativo de progresista. ?se no es un tema exclusivo de la derecha: la izquierda debe presentar sus propias alternativas. Y esa pol¨ªtica distinta debe basarse en la aplicaci¨®n de medidas sociales y en la definici¨®n de actuaciones preventivas. Las autoridades m¨¢s pr¨®ximas a la ciudadan¨ªa, la Generalitat y los ayuntamientos, deben disponer de las m¨¢ximas competencias en este campo. Ello comporta una implicaci¨®n totalmente contraria a la impresentable ausencia estival y premeditada del alcalde de Barcelona, Joan Clos, ante el absurdo desalojo de la plaza de Catalunya.

Arist¨®teles, en su tratado Pol¨ªtica, distingu¨ªa entre los gobernantes que ten¨ªan una guardia formada por ciudadanos y los que dispon¨ªan de una guardia para defenderse de los ciudadanos. El PP, heredero de aquella Alianza Popular defensora del concepto de orden p¨²blico, deber¨ªa recordar que nuestra Constituci¨®n opt¨® de entre los dos sistemas por el primero, no por el segundo. En lenguaje actualizado: por la seguridad ciudadana, no por el orden p¨²blico.

Jaume Bosch es vicepresidente de IC y responsable de acci¨®n pol¨ªtica