El Gobierno denunciar¨¢ a seis familias por negarse a recoger a sus ancianos

El Gobierno regional denunciar¨¢ ante la justicia a los familiares directos de seis ancianos que se han negado a hacerse cargo de ellos y los han 'abandonado' tras la clausura de dos residencias de Colmenar Viejo, seg¨²n anunciaron ayer fuentes de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales. 'Estas familias fueron requeridas para que recogieran a sus familiares; se trasladaron a Colmenar y abiertamente se negaron a hacerlo', se?al¨® una persona que estuvo presente en la operaci¨®n de realojamiento de los 42 residentes en los establecimientos cuya clausura ha sido decretada por la juez de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Colmenar. 'Hubo momentos terribles, como el de una persona de la que no quiso hacerse cargo ninguno de sus seis hijos', agreg¨®.

Las residencias La Milagrosa y Santa Rosa de Lima han sido precintadas al considerar la juez que sus due?os pueden haber incurrido en graves irregularidades de car¨¢cter penal.

La juez dict¨®, a ¨²ltimas horas de la noche del pasado viernes, un auto, cuyo contenido no ha sido precisado, en el que ordenaba el cierre de ambos establecimientos. A la vez dio al Gobierno regional un plazo de 24 horas para proceder al traslado de los mayores.

La Consejer¨ªa de Servicios Sociales, dirigida por Pilar Mart¨ªnez, activ¨® en la ma?ana de ayer la operaci¨®n de traslado de los 42 ancianos. Doce de ellos, que carecen de parientes, han sido trasladados a centros dependientes de la Comunidad (cuatro, a la residencia de Aranjuez; cuatro, a Brunete; tres, a Alcobendas, y uno, a la residencia de Pedrezuela).

El destino de los otros 30 ancianos fue el siguiente: 12 fueron recogidos ayer por sus familiares y 18 fueron trasladados provisionalmente por la Comunidad de Madrid a la residencia de Villaverde. De estos, hay 12 cuyos familiares se han comprometido a recogerlos el pr¨®ximo lunes, pero los otros seis restantes han sido abandonados a su suerte por los parientes m¨¢s cercanos. En este caso, el Gobierno regional solicitar¨¢ a la autoridad judicial que aplique los art¨ªculos 142 y 143 del C¨®digo Civil, que establecen que los c¨®nyuges, los ascendientes y los descendientes 'est¨¢n obligados rec¨ªprocamente a darse alimentos', comprendiendo por tales 'lo que es indispensable para el sustento, habitaci¨®n, vestido y asistencia m¨¦dica'.

La juez de Colmenar Viejo adopt¨® la decisi¨®n de cerrar las residencias tras inspeccionarlas en la noche del pasado viernes, acompa?ada del fiscal y el m¨¦dico forense. Posteriormente, orden¨® el cierre de ambos establecimientos y el precintado de un despacho donde hab¨ªa medicamentos y diversos documentos de tipo contable, lo que induce a suponer que la magistrada concede a este material gran importancia en el curso de la investigaci¨®n penal. Es previsible que el fiscal presente cargos contra el matrimonio propietario de los centros, sitos en las calles del Reloj y Santa Rosa de Lima, en Colmenar.

En estas residencias han estado viviendo 48 ancianos durante los seis a?os que llevan abiertas.Los internos han sido atendidos habitualmente por extranjeros indocumentados y carentes de los conocimientos necesarios para desempe?ar esa funci¨®n.

El cierre de las instalaciones ha sido decretado por la juez tras un proceso que se inici¨® despu¨¦s de que dos de estos empleados, de nacionalidad ecuatoriana, denunciaran a los due?os ante la Guardia Civil. Como consecuencia de esta denuncia, el matrimonio propietario de ambos centros, formado por Isabel do Souto Prada, gallega de 49 a?os, y Rub¨¦n Pablo Aquino Morales, peruano de 37, fue detenido el mi¨¦rcoles de la semana pasada y dos d¨ªas despu¨¦s qued¨® en libertad.

Penalidades y precariedad

Los dos trabajadores denunciantes relataron las penalidades y la situaci¨®n precaria en la que viv¨ªan los internos. La investigaci¨®n fue llevada a cabo por la Brigada de Extranjer¨ªa y Documentaci¨®n de Madrid. Sus agentes llegaron incluso a simular el ingreso de un anciano en una de las residencias, y observaron que 'la situaci¨®n era alarmante' y que 'el precario estado de los internos era total'. Tambi¨¦n comprobaron que 'los ¨²nicos trabajadores que se ocupaban de ellos eran ciudadanos ecuatorianos ilegales', sin titulaci¨®n ni conocimientos espec¨ªficos sobre ese puesto, y que lo mismo hac¨ªan labores de limpieza que se ocupaban de la higiene de los ancianos y de darles medicamentos.

La concejala de Servicios Sociales y Personas Mayores de Colmenar Viejo, Antonia Garc¨ªa, se mostr¨® satisfecha por la clausura de las dos residencias, y asegur¨® que el Ayuntamiento estaba investigando desde hace tiempo estos dos centros, aunque nunca sospech¨® que las anomal¨ªas fueran 'tan graves', como qued¨® de manifiesto en un reportaje emitido el pasado jueves en Antena 3.

La edil explic¨® que desde que en 1999 el Ayuntamiento de la localidad madrile?a recibiera las primeras quejas de algunos familiares de los ancianos, las residencias ten¨ªan acumulados varios expedientes. 'Pero siempre hemos tenido dificultades para demostrar las denuncias de las familias porque [los propietarios] ten¨ªan informaci¨®n de que ven¨ªamos, y limpiaban todo', declar¨® Garc¨ªa a Efe. 'El maltrato no lo hemos podido detectar desde las inspecciones del Ayuntamiento', a?adi¨®.