Alto a la Guardia Civil

El director de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Guardia Civil, Antonio Cuervo S¨¢nchez, remiti¨® una carta a EL PA?S, publicada el pasado jueves 27, que recomienda hacer un alto. Su texto dice traer causa de la columna que firm¨¦ aqu¨ª la semana pasada a la que quiere responder y constituye, a mi juicio, un buen ejemplo de a d¨®nde se puede llegar siguiendo las m¨¢s aviesas pautas de la restricci¨®n mental, proceder en plena floraci¨®n de d¨ªas gloriosos seg¨²n va desarroll¨¢ndose el affaire Gescartera. Comienza la citada r¨¦plica por se?alar que 'el destino del coronel Jos¨¦ Luis Trapero no es el que dice el se?or Aguilar'. Cierto, pero en la columna rectificada se hac¨ªa referencia al destino de dicho jefe cuando, todav¨ªa teniente coronel, acept¨® la invitaci¨®n a la final¨ªsima futbol¨ªstica de Par¨ªs a costa del gescarterista Antonio Camacho.

La carta citada, al defender la cuestionada diligencia de la Guardia Civil, afirma que la Direcci¨®n del cuerpo 'ha remitido, a trav¨¦s del Ministerio del Interior, a la comisi¨®n parlamentaria que investiga el caso Gescartera toda la informaci¨®n que le ha sido solicitada'. Cierto, entr¨® en el registro del Congreso el lunes 24, lo que impidi¨® que el dato pudiera ser tenido en cuenta en una columna que ya hab¨ªa sido remitida a EL PAIS. Consta de tres documentos, el m¨¢s sustantivo de los cuales lleg¨® adornado bajo la clasificaci¨®n de 'secreto'. De forma que incluso los diputados miembros de la comisi¨®n parlamentaria s¨®lo tienen acceso a una lectura custodiada sin posibilidad de obtener copia. Esta circunstancia sigue pendiente de las necesarias aclaraciones pero el informe se considera abierto a nuevas adiciones.

Pese a todas estas reservas han trascendido algunos detalles del expediente interno de la Guardia Civil encomendado para su instrucci¨®n al teniente coronel auditor Rafael Matamoros Mart¨ªnez. As¨ª, por ejemplo, se sabe que fue incoado con fecha 3 de agosto y que sus actuaciones se iniciaron el 6, es decir, casi dos meses despu¨¦s de que estallara el caso Gescartera. En el referido expediente para depurar responsabilidades se halla incurso el coronel Jos¨¦ Gim¨¦nez-Reyna Rodr¨ªguez al que ya se ha descabalgado de la relaci¨®n de jefes de la Guardia Civil seleccionados para acudir al preceptivo curso de ascenso al generalato. Se le imputa una falta muy grave de las tipificadas en el art¨ªculo 9 de la Ley Org¨¢nica 11/1991 reguladora del r¨¦gimen disciplinario de la Guardia Civil. En particular, una de las descritas como 'observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Instituci¨®n que no constituyan delito'.

Las sanciones previstas para esa clase de faltas pueden alcanzar la p¨¦rdida de puestos en la escalilla, la suspensi¨®n temporal de empleo y sueldo por el plazo de un mes a un a?o e incluso la separaci¨®n definitiva del servicio. Claro que en su descargo el coronel Reyna, se?ala a su jefe el general de divisi¨®n Antonio Blanes Garc¨ªa, como interlocutor directo de su hermana Pilar, la del dietario, para las inversiones en Gescartera de la Asociaci¨®n Pro Hu¨¦rfanos de la Guardia Civil. Una Asociaci¨®n de la que es presidente, en raz¨®n de su cargo y por delegaci¨®n del director del cuerpo, el general antes citado. En todo caso, la Guardia Civil como tal sigue a paso de buey, sin personarse en el procedimiento abierto a Gescartera, y ha perdido aquella vista de lobo, como lo prueba la entrega de 320 millones en manos del malabarista Camacho el mismo d¨ªa que la Armada recuperaba sus fondos. Qu¨¦ contraste entre el proceder de Valdivielso al frente de la Guardia Civil y el del Almirante Francisco Torrente, jefe del Estado Mayor de la Armada, quien al observar 'manipulaci¨®n contable y ocultaci¨®n del riesgo en las inversiones del ejercicio 2001' ha puesto a tres de sus jefes a disposici¨®n del fiscal.