Trabajo investiga a 100 operarios del calzado de Elda por estafa

El Fondo de Garant¨ªa Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, ha abierto una investigaci¨®n a un centenar de operarios del sector del calzado de Elda (El Vinalop¨® Mitj¨¤) por una supuesta estafa al reclamar indemnizaciones por despido sin haber estado de alta en la Seguridad Social. La investigaci¨®n tambi¨¦n abarca a Juan Francisco Alfaro, asesor laboral de la poblaci¨®n y ex dirigente comarcal del sindicato UGT, desde cuyo despacho se han tramitado todos los expedientes de despido, cuya legalidad es cuestionada por la Administraci¨®n. Los inspectores est¨¢n recabando pruebas, que incluyen la declaraci¨®n de los operarios afectados en la Comisar¨ªa de Elda, para demostrar que los operarios no trabajaron realmente en las f¨¢bricas (cuatro industrias) en las que, seg¨²n los expedientes, aseguran que estuvieron empleados. Tras el cierre de las f¨¢bricas, los empleados, siempre bajo el asesoramiento laboral del ex sindicalista, presentaron las correspondientes demandas en los tribunales, que fallaron a su favor. Con estas sentencias el colectivo de operarios inici¨® los tr¨¢mites para reclamar el cobro de las correspondientes indemnizaciones al Fogasa.

Alfaro rechaza cualquier tipo de 'irregularidad' y dice que 'se trata de una discriminaci¨®n hacia su despacho profesional'.

Juan Francisco Alfaro, cuya asesor¨ªa ha tramitado el centenar de expedientes laborales para el cobro de prestaciones por despido que est¨¢n siendo investigados por la Administraci¨®n, sostiene que la medida 'es discriminatoria y arbitraria'. 'Todo se incluye en una campa?a de desprestigio hacia mi persona y mi despacho profesional', a?ade el ex sindicalista, quien llega a insinuar que la 'Administraci¨®n est¨¢ presionada por terceros'. 'Es ins¨®lito que s¨®lo los expedientes tramitados desde mi asesor¨ªa est¨¦n siendo investigados, cuando los de otros trabajadores, de las mismas f¨¢bricas y en las mismas condiciones, cursados en otros despachos o a trav¨¦s de los sindicatos UGT y CC OO no tienen ning¨²n problema', insiste.

A juicio de Alfaro, que durante 15 a?os ocup¨® el cargo de secretario general de la Federaci¨®n de Industria de UGT en la comarca, hay un dato que corrobora esa supuesta 'arbitrariedad' del Ministerio de Trabajo. 'C¨®mo tenemos que entender que el Fogasa haya paralizado el pago de las indemnizaciones, unos 80 millones de pesetas, a un grupo de 50 operarios de otras f¨¢bricas distintas a las investigadas, pero tambi¨¦n tramitados desde mi asesor¨ªa', dice. El pago de estas cantidades fue acordado inicialmente por el Fogasa, cuando los trabajadores demandantes obtuvieron las sentencias judiciales favorables. El acuerdo de suspensi¨®n del pago de las indemnizaciones fue adoptado el pasado d¨ªa 3 por el jefe de la Unidad Perif¨¦rica del Ministerio de Trabajo en Alicante.

Protestas de los afectados

El asesor laboral asegura que nadie del ministerio le ha dado un 'argumento' de por qu¨¦ se han congelado las indemnizaciones a estos 50 operarios, 'ajenos a la investigaci¨®n abierta sobre los otros cien expedientes', insiste. 'Cuando pregunto en Alicante, me dicen que la decisi¨®n la ha tomado Madrid, y cuando lo hago all¨ª, dicen que ha sido aqu¨ª', remarca.

Los operarios afectados y el asesor laboral han anunciado que llevar¨¢n a cabo una serie de protestas y movilizaciones para exigir el cobro de sus indemnizaciones. La primera protesta est¨¢ prevista para ma?ana, ante la sede la delegaci¨®n del Ministerio de Trabajo en Alicante. 'Vamos a ir a pedir al jefe de la Unidad Perif¨¦rica del Fogasa que nos d¨¦ una explicaci¨®n convincente, y si es necesario nos manifestaremos ante el Ministerio de Trabajo, en Madrid', dijo Alfaro.

Por ¨²ltimo, el asesor laboral se lamenta de que el ministerio haya optado por investigar las peticiones de cobro por despido de los trabajadores y en vez de combatir el sistema de econom¨ªa sumergida que caracteriza la producci¨®n en el sector del calzado. Alfaro mantiene que es conocido que muchos trabajadores realizan las labores en sus domicilios por encargo de los empresarios sin que ¨¦stos los den de alta en la Seguridad Social.