Un penoso trapicheo

EL ACUERDO PARA RENOVAR los ¨®rganos constitucionales alcanzado entre el PP y el PSOE, anunciado con euforia y orgullo por sus respectivos portavoces, fue acogido con justificado recelo tras unas negociaciones desarrolladas a la vista del p¨²blico a golpe de peleas y vetos. En cualquier caso, la impertinente r¨¦plica dada por el vicepresidente Rato a Jes¨²s Caldera en la sesi¨®n de control al Gobierno del pasado mi¨¦rcoles, acusando a los socialistas de tratar de colocar en la Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa a un aspirante no id¨®neo que hab¨ªa quedado marginado de las otras instituciones, ha puesto en riesgo el criticado pacto.

La an¨®mala decisi¨®n -sin precedentes- de hacinar en un mismo autob¨²s las 36 plazas vacantes de ¨®rganos tan diferentes por sus funciones como el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal de Cuentas (TDC) fue muy probablemente una argucia negociadora de los populares. El obcecado empe?o de los socialistas por situar en alguna instituci¨®n estatal -de designaci¨®n parlamentaria o gubernamental- a un ex ministro y a otros dirigentes del PSOE sirvi¨® de palanca a los habilidosos representantes del PP para mejorar sus posiciones en el reparto de los ¨®rganos m¨¢s relevantes.

Populares y socialistas siguen sin respetar los requisitos de prestigio profesional, independencia pol¨ªtica y elecci¨®n consensuada con los dem¨¢s partidos de los miembros de los ¨®rganos constitucionales

La ingenuidad socialista de aceptar un intercambio desigual entre el Tribunal de Cuentas (un ¨®rgano de naturaleza administrativa con mayor¨ªa predeterminada del PP) y dos ¨®rganos tan b¨¢sicos para el Estado de derecho como son el TC y el CGPJ aument¨® los da?os ya considerables causados a los valores constitucionales por una negociaci¨®n bilateral excluyente y sectaria. El pacto constitucional de 1978 -del que forma parte la elecci¨®n por mayor¨ªa cualificada de esos ¨®rganos- tambi¨¦n compromet¨ªa a sus firmantes para el futuro y les vinculaba a lograr siempre el consenso m¨¢s amplio posible en las cuestiones de Estado.

Aunque la ideolog¨ªa ultraconservadora del candidato a magistrado del TC Roberto Garc¨ªa-Calvo cuadre a la perfecci¨®n con su caricatura descalificadora del consenso constitucional (La justicia en crisis, 1994, p¨¢gina 43), resulta desolador que las dos principales fuerzas parlamentarias est¨¦n socavando, inconsciente o irresponsablemente, esa clave de b¨®veda de nuestro sistema democr¨¢tico mediante pr¨¢cticas partidistas. El veto del PP a la candidata del PNV para el CGPJ y la falta de respuesta a las sugerencias de CiU sobre el TC ejemplifican esa visi¨®n distorsionada del consenso.

La interpretaci¨®n laxa o incluso fraudulenta por los partidos de un requisito expreso -la reconocida competencia- exigido por la Constituci¨®n a los miembros de esos ¨®rganos es la causa del galopante deterioro y desprestigio del TC, el CGPJ y el TDC. Todav¨ªa m¨¢s grave es que los candidatos no cumplan una obvia condici¨®n impl¨ªcita: la independencia respecto a los partidos cuyos grupos parlamentarios deben elegirlos. Los portavoces Luis de Grandes y Jes¨²s Caldera han expresado con descaro rayano en el cinismo la teor¨ªa de que PP y PSOE, capaces de reunir solos los tres quintos de las C¨¢maras, tienen derecho a fijar -primero- sus respectivas cuotas en blanco en proporci¨®n a los esca?os precisos para alcanzar la mayor¨ªa cualificada y a rellenar -despu¨¦s- esos casilleros vac¨ªos a su entero gusto (seg¨²n el modelo de Cal¨ªgula y su caballo), sin que el interlocutor pueda valorar a los candidatos en funci¨®n de sus convicciones constitucionales, su idoneidad profesional y su independencia pol¨ªtica. Los hechos han confirmado los temores expresados por el TC en una sentencia de 1986: el peligro de desnaturalizaci¨®n de los ¨®rganos constitucionales si las C¨¢maras distribuyen los cupos a cubrir en proporci¨®n a la fuerza parlamentaria de cada grupo. Porque la l¨®gica del Estado de partidos, v¨¢lida en los dem¨¢s campos, obliga a mantener al margen de la lucha interpartidista ¨¢mbitos de poder como la interpretaci¨®n de la Constituci¨®n, el gobierno de los jueces y la fiscalizaci¨®n de las cuentas p¨²blicas.