Cuesti¨®n de intereses
Una vez asumido el cambio inminente que va a suponer la aprobaci¨®n de la nueva ley de universidades, quienes no estamos de acuerdo con el esp¨ªritu de la misma, nos preguntamos: ?existe la posibilidad real de conseguir ese consenso en aras de una mejora del sistema universitario p¨²blico? Lamentablemente, todo apunta a que no nos quedar¨ªa sino resignarnos y acatar el dictamen del Gobierno. Esto es lo que muchos piensan que haremos. Pero en nuestra mano est¨¢ seguir trabajando en la adecuaci¨®n del marco legislativo que va a definir los procedimientos sin dejar que afecten a la cuesti¨®n sustantiva: la autonom¨ªa universitaria y la participaci¨®n de los tres estamentos que la forman en la gesti¨®n y gobierno de la universidad.
Por parte del gobierno se apuesta por una universidad de doctores en la que se prima la investigaci¨®n y el desarrollo del conocimiento cient¨ªfico, por encima de la adecuaci¨®n de espacios teniendo en cuenta criterios ergon¨®micos, por encima de la adecuaci¨®n de las materias impartidas al contexto pol¨ªtico-econ¨®mico actual, por encima de la exigencia de cualificaci¨®n pedag¨®gica de un lado y por encima de un sistema equitativo de valoraci¨®n del binomio docencia-investigaci¨®n.
Por parte de las universidades, la oposici¨®n fue un¨¢nime, pero vac¨ªa de propuestas, limit¨¢ndose a denunciar y reivindicar la ya maltrecha autonom¨ªa. Se acerca la aprobaci¨®n parlamentaria y se da la paradoja de que la CRUE ahora no le parece mal del todo. As¨ª, la pregunta es: ?qu¨¦ intereses defiende? ?Los de un ¨²nico estamento o los de toda la comunidad universitaria?
Por parte del PAS y los estudiantes se han transmitido no s¨®lo la denuncia sino tambi¨¦n las propuestas a nuestros rectores, quienes son no s¨®lo representantes sino interlocutores con la clase pol¨ªtica que gobierna. Pero, si como parece suceder, estos rectores no asumen su responsabilidad m¨¢s all¨¢ de su condici¨®n docente-investigadora, el resultado es una ley de pol¨ªticos y docentes para una instituci¨®n que necesita estudiantes y PAS para justificar el sustento de sus sueldos con fondos p¨²blicos.
As¨ª que a la que suscribe s¨®lo le queda establecer un s¨ªmil entre la distribuci¨®n territorial y el partido pol¨ªtico mayoritario. El sorprendente resultado es que las universidades que s¨ª han dicho pero no se les ha escuchado, sumadas a las que no han dicho, son aquellas en las el gobierno auton¨®mico es del PP, de modo que, quienes aprueban y consienten, convertir¨¢n la instituci¨®n universitaria p¨²blica en el estandarte de la democracia participativa manipulada y censurada, instaurando un sistema de clases, m¨¢s si cabe, desigual y a mi juicio injusto.
Gwendolyne Moya es estudiante de la Universidad de Valencia.
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