El PP pierde todos los apoyos en el debate sobre los profesores de religi¨®n

El Gobierno perdi¨® ayer en el Senado el apoyo de Coalici¨®n Canaria y ya est¨¢ solo en la batalla parlamentaria en torno a los acuerdos de 1999 entre Espa?a y el Estado de la Santa Sede que, seg¨²n la interpretaci¨®n de los obispos, permiten despedir a los profesores de religi¨®n en los colegios p¨²blicos sin ning¨²n miramiento laboral. CiU, PNV, BNG e IU se alinearon con el PSOE para pedir la revisi¨®n del acuerdo.

La mayor¨ªa absoluta del Grupo Popular bloque¨® la moci¨®n que ped¨ªa en el Senado la revisi¨®n del acuerdo suscrito en 1999 por el Gobierno con la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE), pero la propuesta del Grupo Socialista obtuvo el apoyo de los parlamentarios de CiU, PNV y Grupo Mixto, adem¨¢s de la abstenci¨®n de los seis senadores de Coalici¨®n Canaria, ¨²nico socio del PP que todav¨ªa no se hab¨ªa desmarcado del Ejecutivo. El Gobierno de Canarias, que lidera este grupo pol¨ªtico, tiene en este comienzo de curso escolar varios conflictos por el complicado encaje legal y laboral de los docentes cat¨®licos en el sistema educativo e, incluso, ha suspendido las clases religiosas en numerosos institutos de ense?anza secundaria del archipi¨¦lago.

El PSOE achaca la actitud de los obispos a lo pactado por el PP en 1999 y el senador canario Venancio Acosta Padr¨®n propuso volver a acuerdos anteriores a esa fecha. Fue Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, quien acept¨® en 1999, siendo ministro de Educaci¨®n, que el Estado se hiciera cargo de la contrataci¨®n y los salarios de los docentes del episcopado -unos 18.000 este curso-, propuestos por las di¨®cesis. La Iglesia calific¨® entonces como 'esenciales' aquellos cambios.

'Consideramos que se deben respetar los derechos laborales de los profesores con el fin de evitar problemas como los que se plantean en estos momentos', dijo Acosta Padr¨®n. El ponente de la moci¨®n, Manuel Fern¨¢ndez Zanca, del PSOE, hab¨ªa reclamado la revisi¨®n del convenio para 'eliminar cualquier posibilidad de que los obispos lo interpreten con criterios contrarios a los derechos fundamentales que consagra la Constituci¨®n'.