17 portuguesas se enfrentan a tres a?os de c¨¢rcel por abortar

El Tribunal de Maia, junto a Oporto, abri¨® ayer el juicio contra 17 mujeres acusadas de abortar en una cl¨ªnica ilegal. Podr¨ªan ser condenadas a tres a?os de c¨¢rcel. Asociaciones progresistas de defensa de la planificaci¨®n familiar y varias diputadas de izquierdas han calificado el caso de 'asombroso e inmoral', y reclaman la urgente reforma de una ley que favorece las cl¨ªnicas clandestinas. La mayor¨ªa de las acusadas opt¨® por interrumpir el embarazo por dificultades econ¨®micas, ps¨ªquicas y personales. Una es madre de cuatro hijos, enferma, desempleada y abandonada por su marido. Otra es una joven de 16 a?os que vive en una caravana con un hermano deficiente.

Junto a las mujeres que abortaron, entre los encausados figura la enfermera Maria do C¨¦u Ribeiro (detenida el a?o pasado), a quien se le imputa haber organizado una red ilegal para practicar abortos. De ella formaban parte m¨¦dicos, ayudantes de farmacia, enfermeros y taxistas. En total, hay 43 procesados.

El secretario general de la Asociaci¨®n de Planificaci¨®n Familiar, Duarte Vilar, afirm¨® ayer a este peri¨®dico que el proceso 'viene a demostrar la absoluta hipocres¨ªa que rodea este asunto'. Critic¨® el mantenimiento de una ley 'que permite las redes clandestinas y el env¨ªo a prisi¨®n de mujeres que abortan por razones econ¨®micas, sociales o personales'. Vilar reconoce que la ley lusa 'es m¨¢s o menos similar a la espa?ola'. 'La diferencia estriba en que en Espa?a se ha interpretado de forma muy diferente, sin duda m¨¢s abierta y comprensiva'.

La legislaci¨®n portuguesa permite el aborto en las 12 primeras semanas de embarazo en los supuestos de malformaci¨®n del feto, violaci¨®n y grave riesgo para la salud f¨ªsica o ps¨ªquica de la madre. La intervenci¨®n debe realizarse en centros p¨²blicos o autorizados. Pero muchos m¨¦dicos invocan la objeci¨®n de conciencia para no practicar abortos en hospitales p¨²blicos y los realizan a precios exorbitantes en cl¨ªnicas privadas.

Interrupci¨®n en Espa?a

El resultado final de esta situaci¨®n es la pr¨¢ctica de miles de abortos clandestinos cada a?o, en lugares muchas veces sin las m¨¢s m¨ªnimas condiciones sanitarias, o el habitual traslado de centenares de portuguesas a cl¨ªnicas espa?olas.

A iniciativa de las Juventudes Socialistas y con el apoyo de los comunistas, el Parlamento portugu¨¦s aprob¨® en 1998 una ley que despenalizaba el aborto y ampliaba ligeramente los supuestos y plazos actuales. Sin embargo, y despu¨¦s de esta esperada victoria de los partidos de izquierdas, el primer ministro portugu¨¦s, el socialista y cat¨®lico practicante Ant¨®nio Guterres, decidi¨® convocar un refer¨¦ndum de acuerdo con el entonces l¨ªder de la oposici¨®n, y sin consultar pr¨¢cticamente con sus compa?eros de partido.

La ausencia de campa?a para el refer¨¦ndum por parte de los dos principales partidos provoc¨® la indiferencia de los portugueses, que castigaron la consulta con un 68% de abstenci¨®n. A pesar de que el refer¨¦ndum no fue vinculante (necesitaba al menos el 50% de participaci¨®n), la liger¨ªsima victoria del no (un 51,9%) provoc¨® que los socialistas, siguiendo a su l¨ªder, renunciaran a tramitar una ley que ya hab¨ªan conseguido aprobar en el Parlamento y para la que no era necesario ninguna consulta. Los comunistas calificaron de 'escandaloso y absurdo' todo el proceso. La diputada socialista Helena Roseta ha calificado el juicio de 'completamente inmoral'. Y para la parlamentaria del PCP, Odete Santos, es 'una verg¨¹enza'.