Movilizaciones contra la LOU

La envergadura del proyecto de ley que en estos momentos se debate en la Cortes Generales del Estado trasciende cualquier an¨¢lisis que pretenda poner en primer plano intereses que afecten a colectivos singulares de cualquier ¨¢mbito, sean estamentos existentes en las propias universidades, sean instancias sociales y econ¨®micas que pretendan considerarse interesados en el resultado del debate que se lleva a cabo ahora en sede parlamentaria pero, ya hace tiempo, en foros y tribunas p¨²blicas, y especialmente en el seno de las aulas y seminarios universitarios.

No es exagerado afirmar que en esta lid se juega gran parte del futuro de la docencia e investigaci¨®n universitarias, de su grado de calidad, de lo apropiado de las prestaciones que han de ofrecer como servicio p¨²blico. Del acierto de las soluciones depender¨¢ en gran medida, a medio plazo al menos, la orientaci¨®n de nuestros estudios y de nuestra investigaci¨®n, en definitiva de la suerte de la instituci¨®n que ha de ser la vanguardia en la misi¨®n de crear, desarrollar y transmitir la ciencia, la t¨¦cnica y la cultura, preparar para el ejercicio de actividades profesionales o para la creaci¨®n art¨ªstica y apoyar cient¨ªfica y t¨¦cnicamente el desarrollo cultural, social y econ¨®mico del conjunto del Estado y sus territorios. El fracaso puede ser catastr¨®fico, si bien suelen ser mecanismos de autodefensa inherentes a cualquier complejo social, compuesto de par¨¢metros no exclusivamente administrativos, como son las universidades, los que salvan estas vicisitudes del deterioro definitivo, por malas que sean las condiciones en que se desarrollan: la organizaci¨®n franquista de la universidad no anul¨® la resoluci¨®n de tantos y tantos estudiantes, profesores y personal de servicios de avanzar en el establecimiento y desarrollo de una universidad cada vez m¨¢s universal, racional y adecuada a los intereses de la mayor¨ªa.

No es de extra?ar, por tanto, que ahora, una vez m¨¢s, se presente una respuesta contundente ante una ofensiva tal que pretende obviamente, sobre la base de pobr¨ªsimos argumentos m¨¢s bien difusos y a penas sin fundamento aparente, destruir los mecanismos de autogesti¨®n de la comunidad universitaria, basados en la participaci¨®n de todos los estamentos y de las personas que los componen. Ante el compromiso institucional de todos los estamentos universitarios en la toma de decisiones que afectan a los intereses generales de la comunidad, se ofrece como alternativa una supuesta eficacia que no es sino el pretexto para imponer un r¨¦gimen de corte aristocr¨¢tico (profesores doctores por encima de todo, escas¨ªsima presencia de PAS y de estudiantes), que se proyecta en todos los ¨®rganos universitarios (claustro, departamentos, etc.), de sesgo claramente conservador y un gobierno de las universidades presidencialista y tendente al autoritarismo.

Al lado del alcance antidemocr¨¢tico de la reforma cabe destacar el retroceso a momentos preconstitucionales de muchas de las soluciones que la nueva ley aporta: habilitaci¨®n nacional como requisito para ser funcionario de los cuerpos docentes, ca¨®tica situaci¨®n de las figuras contractuales del profesorado, relieve de las universidades privadas, la intervenci¨®n injustificada de instancias extrauniversitarias en la toma de decisiones, la interferencia institucionalizada en la autonom¨ªa universitaria, etc. junto a avances en proyectos propios del partido en el poder, como es la progresiva privatizaci¨®n del servicio educativo en cuanto a sus fuentes de financiaci¨®n y a los beneficiarios finales del propio servicio.

El an¨¢lisis de la ley y sus nefastas repercusiones ha sido objeto de m¨²ltiples comentarios que no se pueden reproducir en estas l¨ªneas. S¨ª se puede insistir, no obstante, en la constataci¨®n de que este proyecto no afecta exclusivamente a intereses sindicales o profesionales, estamentales o corporativos. El alcance de la ofensiva abarca a toda la sociedad en sus intereses m¨¢s ¨ªntimos, y a toda la comunidad universitaria en particular. Ello obliga a las diversas entidades que de manera ordinaria funcionan en las universidades, como representantes de leg¨ªtimos intereses, a pensar su respuesta de manera distinta a como se han enfrentado y se enfrentan a problemas puntuales que les afectan. Es la comunidad universitaria la que debe actuar unitariamente. La constituci¨®n de plataformas de base interestamental, que dejan en segundo plano el protagonismo de las organizaciones, o de otras en que destaque el esp¨ªritu unitario e igualitario de los participantes, se adecua al car¨¢cter de la confrontaci¨®n que se perfila. No interesa ahora qui¨¦n protagoniza la lucha sino la real convergencia de todos aquellos que se opongan a la imposici¨®n que hace peligrar el sistema universitario participativo y al servicio de la sociedad, y demandan una negociaci¨®n con un gobierno recalcitrante en sus posiciones, engre¨ªdo y prepotente. S¨®lo de esta manera no se frotar¨¢n las manos quienes quieren una pronta y casi clandestina aprobaci¨®n de una ley funesta que pretende instaurar un modelo neoliberal y tecnocr¨¢tico, frente a todos los que esperan el desarrollo de una universidad democr¨¢tica y al servicio de la mayor¨ªa de la sociedad.

Antoni Vi?as es portavoz del STEPV.