Un problema de Estado en la alcoba

No hay delitos p¨²blicos y delitos privados. Hay delitos. A la catedr¨¢tica de Derecho Constitucional de la Universidad de M¨¢laga, Mar¨ªa Luisa Balaguer, le irrita sobremanera que todav¨ªa algunas mentes, m¨¢xime si lucen sobre cargo p¨²blico, consideren que los malos tratos pertenecen al terreno privado. 'Son un problema social perseguible', asevera.

A Balaguer no le enerva mucho menos la respuesta de la agrupaci¨®n provincial del PSOE de Sevilla ante la denuncia contra el alcalde de Salteras, Carlos Gonz¨¢lez-Eiris, por supuesta violencia 'continuada', amenazas y delitos sexuales, presentada por su esposa Rosa Carmona. Superado el traspi¨¦s del comunicado inicial donde encuadraban el caso en la esfera privada, la organizaci¨®n ha abierto una 'comprobaci¨®n' interna para tratar de averiguar lo ocurrido. Demasiadas cautelas, a juicio de la catedr¨¢tica. La comisi¨®n de ¨¦tica del PSOE, creada para depurar responsabilidades morales, 'deber¨ªa actuar de oficio', dice.

El respeto a la presunci¨®n de inocencia no est¨¢ re?ido, en su opini¨®n, con la fiscalizaci¨®n interna que debe poner en marcha cualquier partido donde se denuncie un representante como supuesto maltratador. Al margen del procedimiento judicial, Mar¨ªa Luisa Balaguer propone que, nada m¨¢s conocerse el caso, se abra un expediente para investigar lo ocurrido y proceder a la expulsi¨®n si se comprueba la veracidad, sin necesidad de esperar a un fallo judicial. 'Si no diferenciamos a los jueces de los pol¨ªticos, ?para qu¨¦ est¨¢n los pol¨ªticos?', se interroga. Un cargo pol¨ªtico acusado de maltrato, sostiene, merece una actuaci¨®n org¨¢nica contra ¨¦l.

En la misma l¨ªnea, la presidenta de Mujeres Progresistas de Andaluc¨ªa, Alicia Va?¨®, propone la adopci¨®n de 'medidas pol¨ªticas preventivas ejemplarizantes' en cuanto se descubre un caso de violencia dom¨¦stica que afecta a un representante pol¨ªtico o social. Cita como actuaci¨®n inmediata la suspensi¨®n de militancia cautelar y 'si hay indicios suficientes', la expulsi¨®n. 'Si luego hay un error y hace falta, ya le haremos un homenaje en la plaza del pueblo, pero en temas de violencia dom¨¦stica hay que tomar medidas concretas para proteger a las mujeres', esgrime.

Va?¨® cree igual de 'desafortunado' referirse a los malos tratos como un delito privado que 'esperar a la sentencia judicial'. No considera que adoptar medidas preventivas contra un cargo p¨²blico sobre el que pesa una sospecha de malos tratos signifique atentar contra la presunci¨®n de inocencia.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Teresa Jim¨¦nez, tampoco aprecia conflictos entre la presunci¨®n de inocencia y la investigaci¨®n interna que

poner en marcha cualquier organizaci¨®n ante un caso de violencia dom¨¦stica en el que pueda estar implicado alguno de sus representantes. 'Un partido pol¨ªtico tiene que abrir un expediente informativo para saber qu¨¦ ocurre', aduce.

Cree que deben evitarse los juicios paralelos, pero tambi¨¦n que es intolerable mantener a un maltratador en una organizaci¨®n pol¨ªtica si se confirma que lo es. La expulsi¨®n debe ser inmediata en cuanto se produce una sentencia 'incluso aunque no sea firme'. El discurso de Jim¨¦nez contra los malos tratos, asumido por el Gobierno andaluz, es radicalmente feroz: 'No s¨®lo no son una cuesti¨®n privada, si no un problema de Estado'. Terrorismo dom¨¦stico, ha dicho en varias ocasiones. 'Hay que sacar el tema de las paredes de la casa', sostiene.

Los planteamientos existentes en el interior de los propios partidos pol¨ªticos son bastante m¨¢s suaves, a excepci¨®n de Izquierda Unida, a tenor de las declaraciones de las distintas responsables de ¨¢reas relacionadas con la igualdad consultadas. La secretaria de la Igualdad del PSOE de Andaluc¨ªa, Cinta Castillo, considera que el momento de pedir la dimisi¨®n es cuando se produce una sentencia condenatoria. 'Tenemos que ser muy respetuosos tambi¨¦n con la presunci¨®n de inocencia, eso no quita el que tengamos contundencia cuando hay una sentencia que prueba que lo denunciado es as¨ª', se?ala. La representante socialista cree que 'en la fase inicial' el denunciado debe 'ser escuchado' y que el partido pol¨ªtico 'tiene que estar pendiente'. 'No nos hemos precipitado, pero tampoco hemos dejado pasr ni uno', agrega.

La responsable del ¨¢rea de la mujer de IU, Teresa Garc¨ªa, matiza que las cautelas no pueden confundirse 'con la pol¨ªtica del avestruz'. Propone que la organizaci¨®n afectada abra un expediente para averiguar lo ocurrido 'y nunca para excusarlo'. 'La doble moral de que yo soy una persona en la instituci¨®n y otra en mi casa no se puede permitir', puntualiza.

Al igual de Castillo y Garc¨ªa, tambi¨¦n la secretaria nacional de Pol¨ªticas para la Igualdad del PA, Ana Mar¨ªa Uru?uela, subraya que los malos tratos constituyen un problema que afecta a toda la sociedad. Difiere con matices de las pautas a seguir cuando una organizaci¨®n descubre que puede tener un posible maltratador en sus filas. 'La mera acusaci¨®n no puede ser el veredicto, se debe comprobar que est¨¢ fundada', puntualiza. La responsable andalucista no es partidaria de actuar contra el acusado antes de que se pronuncien los tribunales, salvo que exista 'una evidencia p¨²blica muy clara'. Cuando el fallo es condenatorio, 'hay que apartarlo', dice.