Ense?anza reconoce que tres colegios del Opus Dei incumplen los conciertos educativos

El Departamento de Ense?anza reconoce que los colegios La Vall, La Farga y Viar¨®, situados en el Vall¨¨s y vinculados al Opus Dei; Saint Paul's School, de Barcelona, y Pere Verg¨¨s, de Badalona, incumplen manifiestamente las condiciones de los conciertos educativos que les fueron concedidos. Un informe de los inspectores de Ense?anza, realizado poco despu¨¦s de que el sindicato USTEC-STE denunciara las subvenciones a estos colegios de ¨¦lite ante los tribunales, advierte 'mecanismos de financiaci¨®n irregular', 'fraude de ley' y 'mecanismos de selecci¨®n encubierta del alumnado'.

El informe del inspector Eugeni Garc¨ªa Alegre sobre La Vall, de Sabadell, indica que el centro 'no aporta ning¨²n documento en el que se declare la gratuidad de la ense?anza'. El inspector advierte en su informe el sistema cl¨¢sico por el que estos centros cobran a los padres por la educaci¨®n de sus hijos y asegura que existe una 'vinculaci¨®n entre la Fundaci¨®n Vaixell y la escuela La Vall', lo que, en su opini¨®n, 'es un indicio claro de la interrelaci¨®n financiera existente entre las dos instituciones'. El inspector agrega que el hecho de que la primera preste ayuda econ¨®mica o financie a la segunda induce a pensar en un mecanismo de financiaci¨®n 'irregular o fraude de ley y, en definitiva, permite dudar de la efectiva y real gratuidad de las ense?anzas concertadas'.

En su informe, Garc¨ªa Alegre recomienda 'pedir un dictamen jur¨ªdico sobre un posible fraude de ley sobre la gratuidad de las ense?anzas concertadas cuando las escuelas concertadas solicitan y las familias hacen donaciones a una fundaci¨®n que financia el d¨¦ficit de la escuela'.

De acuerdo con el informe, otra de las pr¨¢cticas m¨¢s manifiestamente ilegales que realizan algunas escuelas concertadas es la selecci¨®n encubierta del alumnado, con el elemento de discriminaci¨®n que supone. Legalmente, los criterios de admisi¨®n est¨¢n fijados en el decreto de matriculaci¨®n de la Generalitat, y los centros que reciben fondos p¨²blicos est¨¢n obligados a regirse por el mismo.

El inspector transcribe un acta del centro La Vall sobre los criterios de preinscripci¨®n de nuevos alumnos -el centro habla de 'integraci¨®n'- y enumera: 'Ser familiar de la escuela, tener un informe favorable de la junta de estudio, disponer de una garant¨ªa de apoyo de alguna entidad externa y que exista la posibilidad real del centro de atender al alumno'. Adem¨¢s, incluye una cl¨¢usula que permite a la direcci¨®n del centro revisar anualmente la continuidad 'de cada alumna integrada', lo que significa que el colegio se reserva la posibilidad de expulsar a la alumna si as¨ª le parece.

Seg¨²n el informe del inspector, 'la redacci¨®n es confusa y aparentemente contraria a la legislaci¨®n vigente, dado que ninguno de los criterios enumerados puede justificar la no admisi¨®n de un alumno o prohibir o impedir su matriculaci¨®n en los cursos posteriores'.

A partir de este informe, el director general de Centros del Departamento de Ense?anza, Emili Pons, resolvi¨® abrir un expediente al centro, lo que se denomina 'comisi¨®n de conciliaci¨®n', que no tiene capacidad sancionadora, y destaca que La Vall 'no ha aportado documentaci¨®n justificativa del uso del dinero del concierto' y ha aprobado 'criterios de preinscripci¨®n que no se ajustan a lo que dispone el decreto sobre admisi¨®n de alumnos'. Todo ello le lleva a concluir que 'ha incumplido las obligaciones derivadas del r¨¦gimen de conciertos'.

En su informe sobre el colegio Viar¨®, de Sant Cugat del Vall¨¨s, el inspector Juan Cambeiro asegura: 'Estimamos que de la documentaci¨®n disponible no puede deducirse el total cumplimiento de los compromisos que el centro adquiri¨® con la formalizaci¨®n del concierto. Se plantean dudas y lagunas ya que no parece probable la existencia de documentos suficientes, y el centro ha tenido oportunidad de presentarlos'.

Sobre los pagos encubiertos, el inspector llega a una conclusi¨®n parecida a la de su hom¨®logo. 'Hay que conocer y aclarar cu¨¢l es la vinculaci¨®n entre la fundaci¨®n y el centro; el hecho de que la primera preste ayuda econ¨®mica induce a pensar en una financiaci¨®n irregular o fraude de ley', asegura.

El informe de la inspecci¨®n de Ense?anza afirma tambi¨¦n: 'De todo lo expuesto se puede deducir la presencia presunta de hechos suficientemente graves como para considerar la oportunidad de las actuaciones previstas en el decreto (...) Habr¨ªa que evaluar tambi¨¦n la posibilidad de someter el control financiero a la Intervenci¨®n General de la Generalitat (...) En cualquier caso, las intervenciones deber¨ªan ir encaminadas, como m¨ªnimo, a aclarar las situaciones y la eliminaci¨®n de sospechas f¨¢cilmente generadas por las circunstancias y caracter¨ªsticas del propio centro por la falta de transparencia'.

El mismo inspector, Emili Pons, informa sobre la escuela La Farga de Sant Cugat y tambi¨¦n advierte problemas en su financiaci¨®n. 'No se puede describir con detalle la financiaci¨®n del centro, su vinculaci¨®n con la Fundaci¨®n Vaixell u otras', indica. 'La certeza absoluta de los aspectos financieros pide intervenciones espec¨ªficas profundas y rigurosas que no est¨¢n al alcance de la Inspecci¨®n educativa', a?ade.

Incumplir obligaciones

Los informes sobre Saint Paul's School y Pere Verg¨¦s son muy parecidos. En ambos casos, el director general de Centros advierte un incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la financiaci¨®n p¨²blica. Ense?anza reconoce que estos informes se pidieron a mediados del mes de marzo, cuando el sindicato USTEC-STES denunci¨® ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a la concesi¨®n de conciertos a siete centros de ¨¦lite que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas. Seg¨²n un portavoz de Ense?anza, fue la propia consejera, Carme-Laura Gil, quien pidi¨® la inspecci¨®n y que se creara una comisi¨®n de conciliaci¨®n.

La Ley Org¨¢nica del Serecho a la Educaci¨®n (LODE), de 1985, regula el procedimiento en caso de un incumplimiento 'grave' de las obligaciones derivadas de un concierto en su art¨ªculo 61, en el que se establece la constituci¨®n de una 'comisi¨®n de conciliaci¨®n' que debe acordar 'por unanimidad' la adopci¨®n de las medidas adecuadas para 'solucionar el conflicto o enmendar la infracci¨®n cometida'.

El departamento indica que se ha aplicado la legislaci¨®n vigente y se han subsanado los incumplimientos del concierto descubiertos por la inspecci¨®n. Ense?anza garantiza que se han corregido las irregularidades. S¨®lo si una futura inspecci¨®n observara que se siguen incumpliendo las condiciones del concierto podr¨ªa plantearse alguna sanci¨®n. De hecho, la legislaci¨®n permite que, una vez que un centro privado ha obtenido el concierto, pese a que no cumpla las condiciones, sea pr¨¢cticamente imposible revoc¨¢rselo. El coste anual de los siete centros anuales concertados es de 2.000 millones de pesetas. Ense?anza dedica una cuarta parte de su presupuesto -m¨¢s de 100.000 millones de pesetas- a financiar al sector privado.