Se?ores ministros
La trucada comparecencia de los ministros de Econom¨ªa y de Hacienda ha dado el cerrojazo a las sesiones p¨²blicas de la Comisi¨®n de Investigaci¨®n sobre el caso Gescartera, creada hace mes y medio para depurar las responsabilidades pol¨ªticas derivadas de ese maloliente esc¨¢ndalo. La indebida extensi¨®n del art¨ªculo 202 del Reglamento del Congreso (referido a las comparecencias informativas de los ministros ante las comisiones ordinarias) a las comisiones de investigaci¨®n (reguladas por el art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n, la ley org¨¢nica 5/1984 y el art¨ªculo 52 del Reglamento de la C¨¢mara baja) permiti¨® a Rato y a Montoro eludir el procedimiento de interrogatorio aplicado a los dem¨¢s comparecientes; los se?ores ministros, y a su rebufo el secretario de Estado Folgado y el gobernador del Banco de Espa?a, agruparon las preguntas de cada comisionado para contestarlas globalmente, dispusieron de tiempo ilimitado en las r¨¦plicas y dijeron la ¨²ltima palabra.
Ese arbitrario cambio del formato fue aceptado por el obsecuente presidente Mardones pese a sus dulces objeciones iniciales; la mayor¨ªa absoluta del PP, que le permitir¨¢ dictar las conclusiones finales de la investigaci¨®n parlamentaria, no le autorizaba, sin embargo, a cambiar de criterios una vez puesta en marcha la comisi¨®n: ?ser¨ªa leg¨ªtimo modificar el reglamento de una competici¨®n deportiva para favorecer al equipo de casa cuando va perdiendo el partido? El temor del Gobierno a que un interrogatorio con preguntas y respuestas encadenadas estrechase el cerco de las posibles negligencias o connivencias de los ministros y ofreciese pistas sobre el dinero negro y los deslices de la Agencia Tributaria desemboc¨® en la conculcaci¨®n del derecho de los comparecientes a un trato igual.
El caso Gescartera, sin embargo, no ha sido bien enterrado por los sepultureros del PP: el sumario abierto en la Audiencia Nacional por la juez Palacios para dilucidar las responsabilidades penales de los implicados en el esc¨¢ndalo pol¨ªtico-financiero puede deparar sorpresas s¨®lo comparables a las ya ofrecidas por los rumbosos regalos del consejero-delegado del chiringuito, Antonio Camacho, al ex vicepresidente de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Luis Ramallo o por las revelaciones del dietario de su presidenta (hermana de Enrique Gim¨¦nez-Reina, ex secretario de Estado de Hacienda y ex presidente de la Agencia Tributaria) sobre Pilar Valiente (consejera y luego presidenta de la CNMV). En cualquier caso, las contradicciones, omisiones o mentiras en que incurrieron algunos comparecientes tan estrechamente vinculados al PP como el ex diputado Ramallo en su declaraci¨®n parlamentaria han desmontado el cuento de hadas gubernamental de que el esc¨¢ndalo de Gescartera es una 'simple estafa'.
Una vez afloradas en la comisi¨®n las oficiosas labores de celestineo de Enrique Gim¨¦nez-Reyna en favor de Gescartera, las amistades peligrosas de Luis Ramallo con Antonio Camacho y las oscuras actuaciones de Pilar Valiente (inicialmente presentada por los medios gubernamentales como una Agustina de Arag¨®n rediviva), el Gobierno ha excavado una segunda trinchera para eludir o minimizar sus responsabilidades pol¨ªticas. Los ministros Montoro y Rato afirman que la dimisi¨®n-cese de Gim¨¦nez-Reyna y de Valiente pagan todas facturas del festejo. El vicepresidente de Asuntos Econ¨®micos sostiene que la responsabilidad pol¨ªtica por un nombramiento incorrecto s¨®lo es exigible al ministro afectado si se obceca en mantener al r¨¦probo en su cargo; durante una reciente entrevista televisiva, Rato se permiti¨® la desde?osa broma de equiparar, a efectos de sus responsabilidades pol¨ªticas, la designaci¨®n de Valiente y Ramallo para la CNMV con el nombramiento del candidato del PSOE para la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa. Sabemos, en conclusi¨®n, que los ministros de Econom¨ªa y de Hacienda no est¨¢n dispuestos a dimitir por el caso Gescartera, pese a la severa doctrina sobre responsabilidades pol¨ªticas que el PP predic¨® en sus tiempos de oposici¨®n al Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez; s¨®lo queda ahora por averiguar si el presidente Aznar seguir¨¢ compartiendo a medio plazo la tesis de que el sacrificio de Gim¨¦nez-Reyna y de Valiente y el eventual expediente disciplinario a Ramallo bastar¨ªan para depurar las responsabilidades in eligendo o in vigilando de su Gobierno en este pestilente asunto.
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