La Constituci¨®n y el 11-S

Durante los quince meses que dur¨® la elaboraci¨®n de la Constituci¨®n murieron en Espa?a como v¨ªctimas del terrorismo 71 personas (23 civiles, 23 polic¨ªas, 22 guardias civiles y 3 militares). Fueron meses en los que el Ej¨¦rcito y las fuerzas de seguridad hicieron grandes presiones sobre la naciente democracia para que se les dotara de todo tipo de instrumentos para luchar contra aquel horror y en los que pes¨® sobre la sociedad un ¨¢spero clima de incertidumbre, indignaci¨®n y miedo. Y pese a todo ello, la Constituci¨®n pactada en 1978 opt¨® claramente por consagrar los derechos humanos y defender la intimidad del individuo frente al Estado, estableciendo un entramado de garant¨ªas e instrumentos legales para protegerlos.

Pasados casi 25 a?os resulta sorprendente que lo que no acept¨® aquella sociedad se plantee ahora casi con naturalidad a ra¨ªz de los atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre en Washington y Nueva York. La indignaci¨®n e incertidumbre que provocan esos atentados est¨¢n alimentando hoy respuestas que se desecharon entonces y que plantean serias dudas sobre su adecuaci¨®n a la Constituci¨®n espa?ola.

No hay por qu¨¦ suponer que los pol¨ªticos, diputados y senadores que respaldaron aquel texto legal fueran ingenuos ser¨¢ficos, ni que se movieran por impulsos ben¨¦ficos; eran bien al contrario personas acostumbradas a encarar cotidianamente una realidad bastante violenta y compleja. Y estuvieron plenamente de acuerdo en establecer una serie de medidas especiales para hacer frente al terrorismo.

La Constituci¨®n previ¨® la suspensi¨®n por ley org¨¢nica de los derechos a no ser detenido durante m¨¢s de 72 horas, a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones 'para personas determinadas, en relaci¨®n con las investigaciones correspondientes a la actuaci¨®n de bandas armadas o elementos terroristas'. Es decir, junto a la posibilidad de suspensi¨®n, introdujo la importante prohibici¨®n de un uso generalizado y prospectivo de la misma. Y dej¨® claramente establecida la responsabilidad penal 'para los casos de utilizaci¨®n injustificada o abusiva'.

Las legislaciones antiterroristas posteriores que han pretendido un uso exagerado de esas limitaciones han sido corregidas por el Tribunal Constitucional, como la que intent¨® ampliar hasta 10 d¨ªas la detenci¨®n policial de terroristas o la que quiso facilitar la famosa patada en la puerta en las investigaciones policiales contra el narcotr¨¢fico.

Si los compromisos de Espa?a con Estados Unidos, que insistentemente invoca el presidente Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, incluyen peticiones como las que ya ha formulado Washington al conjunto de la Uni¨®n Europea, se puede afirmar que existir¨¢ una gran dificultad porque implican atajos en la lucha antiterrorista que no caben dentro de la Constituci¨®n y que exigir¨ªan su reforma con el apoyo, quiz¨¢s no imposible, de los votos de la oposici¨®n socialista.

Aqu¨ª, en Espa?a, no es posible prolongar los periodos de detenci¨®n policial de terroristas durante m¨¢s de cinco d¨ªas ni introducir, como desea Washington, mecanismos generales que permitan ejercer un mayor control sobre el correo electr¨®nico ya que la intimidad personal en el uso de la inform¨¢tica est¨¢ protegida por el mismo art¨ªculo constitucional que ampara el correo postal. Y como la Constituci¨®n es expresamente abolicionista, el Parlamento espa?ol ya se ha pronunciado contra la posibilidad de extraditar a un sospechoso a un pa¨ªs donde pueda ser condenado a la pena de muerte, como ocurre en Estados Unidos.

Ayudar a Estados Unidos en su esfuerzo internacional contra el terrorismo, con la esperanza, adem¨¢s, de obtener reciprocidad en la lucha contra el terrorismo 'local' es un planteamiento sin duda compartido por una mayor¨ªa de los espa?oles. Pero aunque existan emociones que impulsen a ampliar las atribuciones en la lucha antiterrorista, no hay razones que justifiquen en estos momentos una reforma del pacto constitucional.

Quienes conocieron el terrible clima en el que se alcanz¨® aquel acuerdo sabr¨¢n dosificar los sentimientos de incertidumbre y miedo. Y defender, como defendieron entonces, que aunque los atentados terroristas hayan cambiado muchas cosas, en Espa?a y en el mundo, hay derechos fundamentales de los individuos, sean ciudadanos espa?oles, inmigrantes legales o ilegales o simples visitantes, que tienen que permanecer inalterables porque constituyen, precisamente, aquello por lo que merece la pena luchar contra el terrorismo.