El Gobierno regular¨¢ el derecho del enfermo a ejercer su testamento vital

La Asamblea aprob¨® ayer, con los votos favorables de PP y PSOE, una proposici¨®n no de ley presentada por los populares para que el Gobierno regional establezca las normas que regulen el derecho de los enfermos terminales a decidir el tipo de asistencia m¨¦dica que desean en la ¨²ltima fase de su vida. IU decidi¨® abstenerse y vio rechazada una enmienda en la que ped¨ªa la no penalizaci¨®n de la eutanasia. Por su parte, el consejero de Trabajo, Luis Peral, asegur¨® durante su comparecencia que desde enero se han resuelto 1.982 expedientes a empresas por inseguridad laboral.

La futura norma que habr¨¢ de elaborar el Gobierno regional no tendr¨¢ nada que ver, sin embargo, con la eutanasia -cuya legalizaci¨®n, pedida en la enmienda presentada por IU, fue rechazada por los populares-. La proposici¨®n no de ley de los populares se refiere al derecho de los pacientes a que se tengan en cuenta sus deseos sobre las actuaciones terap¨¦uticas que se les apliquen. Es decir, los enfermos terminales podr¨¢n negarse a recibir tratamientos in¨²tiles o que les provoquen un sufrimiento innecesario. Ser¨¢ el paciente quien deje establecido, previamente, qu¨¦ tipo de asistencia desea. Es lo que en Galicia, Extremadura y Catalu?a ya ha sido aprobado con el nombre de testamento vital.

IU quer¨ªa incluir en la proposici¨®n una enmienda que recogiera que, 'en los casos en los que conste fehacientemente la voluntad del paciente, y se cuente con informes m¨¦dicos concluyentes de la irreversibilidad de la enfermedad y del insoportable sufrimiento, cualquier ayuda para poner fin a esta situaci¨®n no sea punible por el C¨®digo Penal'. Esto es, la despenalizaci¨®n de la eutanasia en dichos casos, una posibilidad que rechaz¨® el PP.

Siniestralidad laboral

Por su parte, el consejero de Trabajo, Luis Peral, compareci¨® en la sesi¨®n plenaria para informar sobre la pol¨ªtica de su departamento en relaci¨®n con la siniestralidad laboral. Gobierno y oposici¨®n abrumaron con cifras en un af¨¢n de demostrar que la siniestralidad va en aumento (PSOE e IU) o que, por el contrario, la situaci¨®n no es tan grave y que, incluso, mejora (PP y el propio consejero Peral). El titular de Trabajo trat¨® de minimizar la dura realidad de los datos que le daban los otros grupos -121.000 accidentes laborales el a?o pasado, 113 de ellos mortales- y anunci¨® que en 2002 se incrementar¨¢ a 1.800 millones de pesetas (10,8 millones de euros) la dotaci¨®n del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

A las demandas de mayor control de las empresas, el consejero respondi¨® que entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este a?o se han resuelto 1.982 expedientes sancionadores por infracciones sobre seguridad y salud laboral, y que el Gobierno ha ingresado por ello casi 686 millones de pesetas (4,1 millones de euros) en multas. Adem¨¢s, Peral adelant¨® que su consejer¨ªa va a aumentar 'de inmediato' las inspecciones en las peque?as obras de construcci¨®n y saneamiento p¨²blico que hay en los municipios.

Teresa Nevado (PSOE) y Julio Seti¨¦n (IU) insistieron en la necesidad de controlar a las empresas reincidentes. Nevado exigi¨® que se haga p¨²blico el listado de las sociedades con m¨¢s accidentes laborales, y el diputado de IU dio un dato, a su juicio, revelador: la empresa Campocarne, perteneciente al grupo Campofr¨ªo y cuyas instalaciones de Arganda fueron pasto de las llamas el pasado 1 de octubre, figuraba en la lista de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa que recoge las empresas con altos ¨ªndices de siniestralidad. En aquel incendio murieron dos trabajadores, y pocos d¨ªas despu¨¦s UGT denunciaba a Campofr¨ªo por infringir la ley de riesgos laborales.

La moci¨®n presentada por el PSOE para pedir a la Asamblea que instara al Gobierno a recuperar la gesti¨®n p¨²blica del reformatorio El Pinar, o establecer al menos un control financiero sobre los fondos concedidos a la entidad privada que lo gestiona (la asociaci¨®n Cicer¨®n), fue rechazada por el PP.

S¨ª lograron los socialistas que se aprobara parte de su moci¨®n sobre educaci¨®n: la elaboraci¨®n por el Gobierno de un plan de inversiones para 2002 y 2003 y de una normativa sobre reglas de convivencia en colegios p¨²blicos, as¨ª como una campa?a publicitaria sobre las bondades de los centros p¨²blicos.