Fruto del resentimiento

?Tiene alg¨²n sentido en el a?o 2001 aprobar una Ley de Universidades por el tr¨¢mite de urgencia? Es posible que hubiera tenido alg¨²n sentido que el Gobierno de UCD hubiera procedido de esta manera en la primera legislatura constitucional, en la que se deber¨ªa haber intentado definir un marco jur¨ªdico para la Universidad conforme a la nueva Constituci¨®n, ante la imposibilidad de seguir con el de la ¨¦poca de Franco. En cierta medida esto es lo que hizo el PSOE inmediatamente despu¨¦s de llegar al Gobierno en octubre de 1982. No se pod¨ªa mantener por m¨¢s tiempo la Universidad como si Franco no hubiera muerto. De ah¨ª que la LRU se aprobara con mucha celeridad: se publicar¨ªa en el BOE en agosto de 1983.

Pero ?tiene sentido hacer en 2001 lo que tal vez debi¨® hacer y no hizo UCD en la primera legislatura constitucional y lo que no pudo no hacer el PSOE al comienzo de la segunda? ?Es comparable la situaci¨®n de la Universidad hoy con la situaci¨®n en la que estaba en el momento de la transici¨®n?

Las preguntas se responden por s¨ª mismas. No hay nadie que pueda justificar de una manera objetiva y razonable que la situaci¨®n de la Universidad espa?ola es tan catastr¨®fica que su reforma es una exigencia perentoria e inaplazable.

Pienso, sin embargo, que nadie discute que plantearse la reforma de la LRU es muy razonable. La Universidad para la que se hizo la LRU es muy distinta de la Universidad de hoy y de lo que debe ser en el futuro inmediato y en el no tan inmediato y, en consecuencia, es una buena idea plantearse cu¨¢l deber ser el marco jur¨ªdico de esa nueva Universidad.

Lo que no se entiende es la urgencia. Uno de los problemas de la Universidad es que no ha habido un debate sobre ella en la sociedad espa?ola. Hubo un comienzo de debate en relaci¨®n con el proyecto de LAU de Gonz¨¢lez Seara, pero las circunstancias pol¨ªticas del momento impidieron que continuara y diera resultados. No lo hubo respecto de la LRU actualmente vigente porque la perentoriedad de su elaboraci¨®n y la relaci¨®n de fuerzas en las Cortes de 1982 lo hac¨ªan pr¨¢cticamente imposible. Y a pesar de lo que dice la ministra tampoco lo ha habido en esta ocasi¨®n. Se han evacuado tr¨¢mites, pero no ha habido un debate. Es lo que explica en buena parte el tono desabrido de las intervenciones acerca del proyecto de ley. Nadie de los que se ha pronunciado sobre el proyecto de ley desde que se tuvo conocimiento del mismo ha pensado que estaba participando en un debate. Se ha tenido la sensaci¨®n de estar ante un hecho consumado. De ah¨ª que se haya participado en un proceso de imposici¨®n de un proyecto de ley o de resistencia frente a un proyecto de ley, pero no en un debate. Ni el ministerio ha tenido el m¨¢s m¨ªnimo inter¨¦s en convencer a la comunidad universitaria en general y a los equipos de gobierno de las universidades en particular de la bondad de su proyecto, ni la comunidad universitaria y sus ¨®rganos rectores han albergado la m¨¢s m¨ªnima esperanza de que pod¨ªa convencer al ministerio de que esa no era la ley que la Universidad necesita.

Una confrontaci¨®n de esta naturaleza es ininteligible para la sociedad. Es imposible que la opini¨®n p¨²blica haya podido formarse una opini¨®n aproximada de lo que estaba en juego en este enfrentamiento, que no debate. La ley va a salir adelante. Se acabar¨¢ aplicando a trancas y barrancas y generar¨¢ trifulcas sin cuento al menos en los momentos de su inicial puesta en pr¨¢ctica. No es la mejor manera de 'impulsar la calidad de nuestro sistema universitario' (Pilar del Castillo), aunque tal vez s¨ª lo sea de dar un cap¨®n a los 'progres trasnochados' (Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar), que parece ser la ¨²nica raz¨®n de su urgente tramitaci¨®n. La ley parece ser m¨¢s fruto del resentimiento que de una reflexi¨®n sobre las necesidades de la Universidad.