El PP admite fallos en la vigilancia fiscal en sus conclusiones sobre Gescartera

El PP dar¨¢ a conocer hoy sus conclusiones sobre el caso Gescartera, que en el apartado de responsabilidades pol¨ªticas se limitar¨¢n a recordar a la oposici¨®n que puede darse por satisfecha con las dos cabezas que hasta ahora han rodado por este esc¨¢ndalo: la de Pilar Valiente, ex presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la de Enrique Gim¨¦nez-Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda. El partido del Gobierno propone endurecer la lucha contra el fraude fiscal, lo que de forma impl¨ªcita supone admitir que la Agencia Tributaria ha cometido fallos en el control a Gescartera y su entorno.

Los diputados del PP ultimaban ayer su propuesta de dictamen, cuyo registro en el Congreso ten¨ªan previsto para hoy por la ma?ana. El texto recoge mayormente las tesis que los portavoces populares han mantenido a lo largo de las comparecencias del caso Gescartera: se trata de 'una estafa con implicaciones complejas de sujetos privados', esto es, sin implicaciones pol¨ªticas.

Con el adjetivo 'complejas', los diputados del Grupo Popular quieren se?alar que en este esc¨¢ndalo probablemente existen responsabilidades penales, que en todo caso tendr¨¢n que determinar los tribunales, m¨¢s all¨¢ de las acusaciones actuales a los principales responsables de Gescartera, Antonio Camacho y Pilar Gim¨¦nez-Reyna.

Entre ellas, seg¨²n las fuentes consultadas, cabe se?alar a la Organizaci¨®n Nacional de Ciegos Espa?oles (ONCE) y a los clientes de Gescartera que, seg¨²n los servicios de Supervisi¨®n de la CNMV, colaboraron con Camacho en su intento de enga?ar al ¨®rgano regulador. El principal de estos clientes era el Arzobispado de Valladolid, cuyo ec¨®nomo, Enrique Peralta, por sugerencia de Antonio Camacho, dio su conformidad en 1999 a saldos distintos y contradictorios, lo que contribuy¨® a despistar a los inspectores de la CNMV.

El borrador de conclusiones del PP, que ser¨¢ distribuido al resto de partidos tras ser registrado para que puedan hacer sus aportaciones, contiene en un quinto y ¨²ltimo punto una propuesta de mejoras legislativas para dificultar que se produzcan casos similares en el futuro.

El rastro del dinero negro

Adem¨¢s de las avanzadas por el vicepresidente Rodrigo Rato, que afectan principalmente a la CNMV y que se incluir¨¢n en la Ley Financiera que se aprobar¨¢ antes de final de a?o, el PP sugiere modificar el funcionamiento de la Agencia Tributaria para evitar lo sucedido con Gescartera: que ninguna de las m¨¢s de 500 actuciones de este ¨®rgano detectase los miles de millones de dinero negro que, seg¨²n todos los indicios, pasaron por la agencia de valores de Antonio Camacho. El PSOE sostiene que ello responde a una voluntad previa de no descubrir los fraudes relacionados con Gescartera.

En concreto, el PP propone: 'Introducir en el ¨¢mbito de la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria mejoras en la tramitaci¨®n de los expedientes fiscales, en (...) la selecci¨®n de contribuyentes, (...) y un reforzamiento de los mecanismos de control en las altas, bajas y reasignaci¨®n de expedientes en el plan de inspecci¨®n'.

De todas las actuaciones de la Agencia Tributaria relacionadas con Gescartera o sus clientes, s¨®lo 11 fueron inspecciones, de las cuales cuatro se cerraron de forma irregular, seg¨²n la oposici¨®n, que adem¨¢s considera que Hacienda ocult¨® al Parlamento al menos otras dos inspecciones. El ex director de la Agencia, Ignacio Ruiz-Jarabo, explic¨® ante la comisi¨®n de investigaci¨®n que todas las actuaciones, incluso cuando se cerraron o se abandonaron, respondieron de forma estricta a las normas vigentes. Esas normas son las que ahora quiere cambiar el PP, a propuesta del actual director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, seg¨²n las fuentes consultadas.

El resto de medidas ya fueron anunciadas por el vicepresidente segundo y consisten en revisar el r¨¦gimen de publicidad de las sanciones impuestas por la CNMV (las calificadas como 'graves' ahora pueden hacerse p¨²blicas o no, a criterio del consejo del ¨®rgano regulador), reforzar las obligaciones de las firmas de auditor¨ªa, fijar criterios de solvencia para las inversiones financieras del sector p¨²blico y recomendar criterios de conducta para invertir a institituciones sin ¨¢nimo de lucro, como la ONCE o la Iglesia.