El 'pacto de inestabilidad' farmac¨¦utico

Hay que empezar diciendo que s¨®lo es un pacto para el control del gasto en medicamentos. Aun as¨ª llega tarde, incluso para el mandato que el Congreso de los Diputados hizo al Ejecutivo en diciembre del a?o anterior y que finalizaba el pasado junio para lograr un marco de estabilidad para todos los agentes. Una vez m¨¢s se ha desaprovechado una ocasi¨®n hist¨®rica para que el di¨¢logo en el sector modernizara el ¨¢mbito de las decisiones y diera paso a una pol¨ªtica farmac¨¦utica real y din¨¢mica.

Este acuerdo no resuelve definitivamente las consecuencias de pactos similares anteriores, pero, adem¨¢s, se firma cuando empieza el declive temporal de la presente legislatura, por lo que su periodo de vigencia efectiva ser¨¢ en el mejor de los casos de un a?o y medio, con nuevos escenarios y protagonistas que lo cuestionar¨¢n, si es que alguna de las partes no lo interrumpe antes unilateralmente.

La industria farmac¨¦utica ha ganado una vez m¨¢s por goleada

Es un buen precedente que se haya abierto este tipo de pactos a otros agentes que no lo suscrib¨ªan, pero al final los principales actores no han podido resitirse a actuar seg¨²n los usos y costumbres inmemoriales y se han puesto de acuerdo primero entre ellos, firmando la Administraci¨®n acuerdos parciales con distribuidoras, farmac¨¦uticos y m¨¦dicos. Todos ellos han negociado unilateralmente sus leg¨ªtimos intereses pero no han dialogado entre s¨ª. En consecuencia, todos han obtenido algo y han cedido en sus pretensiones, pero como casi siempre se han olvidado del ciudadano. Se nos podr¨¢ objetar que se ha tenido en consideraci¨®n a las organizaciones de consumidores, y ello es un buen precedente, pero el ciudadano no s¨®lo es consumidor usurio respecto del medicamento y su correcto uso.

Cuestiones tan trascendentes como la protecci¨®n de la salud y sus derechos deben ser resueltas de una forma m¨¢s operativa y tangible, con nuevas leyes sanitarias concretas, como una ley de protecci¨®n de derechos de los pacientes usuarios consumidores y las modificaciones legislativas necesarias, como la reforma definitiva de la Ley General de Sanidad, que quiz¨¢ pudiera promover el Defensor del Pueblo.

En un an¨¢lisis fr¨ªo, respecto a las posibilidades de lograr la contenci¨®n del gasto con esta medida, digo que 'no puede ser y adem¨¢s es imposible'. La industria farmac¨¦utica ha ganado una vez m¨¢s por goleada ya que aporta menos que en otras ocasiones y se ha cuidado mucho de que el acuerdo mantuviera la posibilidad de revisi¨®n anual del precio de los nuevos medicamentos, cada vez m¨¢s caros, y su f¨¢cil incorporaci¨®n al mercado, sin estudios de coste-eficacia y seguridad respecto de los existentes, lo cual origina una sangr¨ªa ilimitada del gasto.

Queda por ver el verdadero apoyo de la industria a la pol¨ªtica de gen¨¦ricos y precios de referencia. Las contribuciones de distribuidores, farmac¨¦uticos y prescriptores son muy peque?as para las enormes contraprestaciones que cada uno de ellos ha logrado, le¨¢se problemas importantes sin resolver, importaciones paralelas, no salida de las especialidades farmac¨¦uticas publicitarias de las farmacias y el mantenimiento intocable de la libertad de prescripci¨®n, que seguir¨¢ limitando el mercado de gen¨¦ricos al no promoverse la receta por principio activo. La administraci¨®n sanitaria ha demostrado sobre todo necesidad econ¨®mica, rebajando sus pretensiones iniciales, y no se entiende para qu¨¦ se necesitaba un mandato parlamentario para lograr este objetivo parcial. Siento decirlo, pero, citando a un amigo, 'no se debe confundir un pacto de estabilidad con un sistema de recaudaci¨®n para cuadrar un presupuesto insuficiente'. Quiz¨¢ ha primado la necesidad de potenciar la investigaci¨®n farmac¨¦utica en relaci¨®n con el programa de Investigaci¨®n y Desarrollo de la UE, pero aun as¨ª habr¨ªa que haberles dado mayor protagonismo a las comunidades aut¨®nomas, destinatarias de las consecuencias de este acuerdo.

En conclusi¨®n, debiera pensarse que el sector farmac¨¦utico tiene su propia identidad y que la pol¨ªtica de contenci¨®n del gasto farmac¨¦utico no es s¨®lo la del Insalud, es mucho m¨¢s compleja, y nos afecta a todos pero no con la m¨¢xima de 'todo para el ciudadano pero sin ¨¦l'.

Manuel Amarilla es abogado y presidente de la Asociaci¨®n Espa?ola de Derecho Farmac¨¦utico.