Seis Estados de EE UU pretenden continuar con el proceso contra la compa?¨ªa Microsoft

De los 18 Estados que se sumaron al Gobierno estadounidense en la demanda contra Microsoft, 12 han aceptado el acuerdo extrajudicial; pero seis se niegan a firmarlo. La agresividad legal de estos fiscales generales deja el caso en una situaci¨®n incierta; la juez puede imponer provisionalmente las restricciones del acuerdo y permitir al mismo tiempo que la demanda siga su curso, aunque sea ya de forma descafeinada. Con el rechazo se llega a un escenario judicial in¨¦dito en la historia de los procesos antimonopolio de EE UU. La falta de precedente puede alargar el proceso.

A ¨²ltima hora de ayer, la juez encargada del caso, Colleen Collar-Kotelly, planeaba celebrar una vista oral con las partes implicadas para determinar el tr¨¢mite y el calendario inmediato. Los seis Estados que se oponen al acuerdo pueden continuar con el proceso en solitario, pero no dejar¨ªa de ser absurdo que ahora tengan en contra al Gobierno, que demand¨® en el origen a Microsoft, pero que ahora es defensor del acuerdo extrajudicial.

Si la juez aplaza la decisi¨®n y acepta finalmente un texto m¨¢s severo o unas sanciones m¨¢s duras, el Gobierno quedar¨ªa en p¨¦simo lugar porque se habr¨ªa demostrado su aquiescencia con la compa?¨ªa de Bill Gates. Si el proceso se extiende pero finalmente el acuerdo se ajusta a lo que la justicia considera oportuno, los seis Gobiernos de los Estados deber¨¢n buscar una explicaci¨®n coherente para justificar el gasto de los millones de d¨®lares que les cuesta alargar el proceso.

La lectura del acuerdo no pod¨ªa haber provocado mayores divisiones en los fiscales de los Estados, unidos hasta ahora con criterios siempre ¨²nicos. Seis Estados se sumaron incondicionalmente al texto acordado entre el Gobierno y Microsoft; otros seis pidieron (y consiguieron) ligeras modificaciones antes de aceptarlo como soluci¨®n v¨¢lida al proceso; finalmente, seis fiscales generales dieron la espalda al documento.

De hecho, ni siquiera los abogados de Microsoft creen que seguir negociando vaya a servir para algo. A primera hora de la ma?ana, cuando la juez cit¨® a las partes para que expresaran su postura, ella misma plante¨® la posibilidad de extender el plazo para el di¨¢logo si eso pod¨ªa permitir el apoyo de los fiscales discordantes. El abogado de Microsoft, John Warden, se neg¨®: 'Hemos analizado los detalles del caso hasta la saciedad. Microsoft piensa que el proceso de negociaciones ha terminado'. Entre los Estados que apoyan el pacto est¨¢ Nueva York, que fue en el origen del caso uno de los que aglutin¨® m¨¢s apoyos en la demanda contra el gigante inform¨¢tico.

Es significativo que entre los cr¨ªticos figuren California, Massachussets y Connecticut, Estados con una enorme concentraci¨®n de empresas tecnol¨®gicas. El fiscal de California, Bill Lockyer, consciente de que en Sillicon Valley est¨¢ el coraz¨®n del sector, explic¨® que para ¨¦l hab¨ªan sido determinantes los consejos de IBM, Sun Microsystems, Novell y America Online/Time Warner.

En general, la mayor parte de la industria inform¨¢tica comparte la tesis de que el acuerdo parece redactado con un exceso de benevolencia para la compa?¨ªa de Bill Gates. Por ejemplo: aunque se obliga a Microsoft a proporcionar informaci¨®n t¨¦cnica de sus productos a empresas de la competencia, es la propia empresa de Gates la que puede establecer las excepciones en funci¨®n del tama?o o la actividad de la compa?¨ªa que desea la informaci¨®n para desarrollar sus productos.

En el acuerdo, Microsoft s¨®lo est¨¢ obligada a facilitar los detalles t¨¦cnicos de sus productos a otras compa?¨ªas a partir de la llamada 'fase beta', cuando los programas est¨¢n ya perfectamente desarrollados aunque sometidos a pruebas de funcionamiento; puede ser demasiado tarde para que la competencia pueda desarrollar productos a tiempo. Tambi¨¦n se ha asegurado una cl¨¢usula que puede ser determinante: puede evitar la obligaci¨®n de compartir su informaci¨®n t¨¦cnica si estima que puede ir a empresas que pongan en peligro la seguridad de sus productos y la protecci¨®n de sus datos. Y es Microsoft quien decide esas excepciones, lo que muchos cr¨ªticos interpretan como una puerta abierta a nuevos delitos monopolistas.