El Gobierno rehusar¨¢ contratar a empresas con alta siniestralidad

El Gobierno regional, a propuesta de su propio grupo en la Asamblea, quiere convertir en realidad varios de los anuncios que ya hizo el pasado mayo para reducir los altos ¨ªndices de siniestralidad laboral que registra la regi¨®n. Una de las principales medidas ser¨¢ impedir que puedan realizar contratos con la Administraci¨®n aquellas empresas en cuyo historial conste un alto ¨ªndice de accidentes laborales. En la Comunidad se ha producido un promedio de 5,7 accidentes laborales graves o mortales cada jornada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este a?o. Cada dos d¨ªas muere un trabajador.

La medida que propone el PP ya la recogen tanto la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas como la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales, pero hasta ahora s¨®lo era aplicada en casos de infracci¨®n 'grave'. Lo novedoso es que los populares piden ahora que la prohibici¨®n se extienda para 'cualquier tipo de infracci¨®n sancionada de car¨¢cter firme'.

El PP, con mayor¨ªa en la Asamblea, tiene previsto tambi¨¦n instar ma?ana al Gobierno a que ampl¨ªe la plantilla de inspectores de Trabajo y Seguridad destinados en la Comunidad y modifique la Ley General de la Seguridad Social. Actualmente hay 90 inspectores de la Administraci¨®n del Estado para toda la regi¨®n, lo que supone uno por cada 25.000 trabajadores. El consejero de Trabajo, Luis Peral, anunci¨® hace unas semanas que aumentar¨ªa de 31 a 63 el n¨²mero de t¨¦cnicos regionales en prevenci¨®n de riesgos laborales como parte de un plan especial para combatir la irrefrenable ola de siniestralidad. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) ha incrementado su presupuesto en 2002 para estos fines en un 132% (hasta alcanzar los 1.801 millones de pesetas, 11 millones de euros).

Seg¨²n CC OO y UGT, los accidentes laborales se han cobrado la vida de 142 trabajadores entre el 1 enero y el 30 de septiembre de este a?o. Eso supone un aumento del 36,5% con relaci¨®n al mismo periodo de 2000, cuando fallecieron 104 empleados. Los accidentes en los propios centros de trabajo ya suman 92 muertes, mientras que los ocurridos in it¨ªnere (cuando el empleado se desplaza desde su domicilio al centro de trabajo o viceversa) han sido 50. Ayer mismo falleci¨® otro obrero al caer por el hueco de un montacargas en un pol¨ªgono industrial de Legan¨¦s.

Los sindicatos CC OO y UGT aplauden las medidas que propone el PP para intentar atajar la escalada de accidentes labores, pero recuerdan que algunas de ellas ya se reflejan en las leyes vigentes, y no se cumplen. 'La moci¨®n y los cambios previstos reflejan el fracaso del PP en esta materia. De todas formas, Ruiz-Gallard¨®n ha dado un giro inteligente para hacer frente a la siniestralidad laboral. Nosotros vemos positivo el anuncio, pero esperamos que no se quede s¨®lo en buenas intenciones', declar¨® el secretario de Salud Laboral de CC OO, Gregorio Benito.

La responsable de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, ve 'bien' la bater¨ªa de medidas anunciadas por el Gobierno regional, aunque cree que 'son insuficientes'. 'La siniestralidad laboral est¨¢ relacionada con la precariedad y la temporalidad; y esos aspectos no se abordan en las propuestas del PP', subray¨® Rufino.

El Gobierno, tras la previsible aprobaci¨®n de estas medidas, ma?ana en la Asamblea, intentar¨¢ pactarlas con los sindicatos y la patronal, ya que no desea que sean recurridas ante los tribunales como ocurri¨® cuando fue aprobado el decreto de Estabilidad en el Empleo (que puntuaba m¨¢s a las empresas que tuvieran m¨¢s empleo estable), medida que fue recurrida por los empresarios ante la UE.

Igualmente, el PP insta al Ejecutivo de Ruiz-Gallard¨®n a 'tener en cuenta la siniestralidad laboral de las empresas a la hora de redactar los pliegos de las cl¨¢usulas contractuales', as¨ª como que en la ejecuci¨®n de los contratos sean primadas aquellas empresas que dispongan de medidas espec¨ªficas de seguridad y salud en el trabajo.

Como medida a?adida, el Gobierno de la Comunidad deber¨¢ 'introducir cl¨¢usulas de penalizaci¨®n' a aquellas empresas a las que le hayan sido adjudicados contratos y que, durante la ejecuci¨®n de los mismos, registren un elevado n¨²mero de accidentes laborales. Si las empresas incurren en incumplimientos de normas de seguridad en el trabajo, eso ser¨¢ tenido en cuenta por la Administraci¨®n regional a la hora de abonarles la liquidaci¨®n final.

Evaluaci¨®n de riesgosAdem¨¢s, la Comunidad deber¨¢ modificar la Ley 2/1995 de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, para incluir la 'obligatoriedad por parte de las empresas de acreditar la evaluaci¨®n inicial de riesgos laborales como requisito para poder acceder a ayudas y subvenciones p¨²blicas'. Esta obligaci¨®n ya se incluye en la Ley de Prevenci¨®n de Riesgos Laborales, si bien el Gobierno no la exige, hasta ahora, en el momento de asignar las contrataciones.

El Gobierno central tendr¨ªa que realizar varios cambios legislativos para que estas modificaciones sean posibles: deber¨ªa cambiar la Ley General de Seguridad Social, de 20 de junio de 1994, y el desarrollo del art¨ªculo 20 del real decreto que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de Administraciones P¨²blicas.

El diputado Julio Seti¨¦n, portavoz de Econom¨ªa de IU, calific¨® ayer de 'vagas' y 'flojas' las medidas propuestas por el PP, 'teniendo en cuenta la situaci¨®n grav¨ªsima por la que pasa el sector'. 'Hay que introducir nuevas cuestiones que no plantea el PP, como las enfermedades laborales, la duplicaci¨®n, cuando menos, del n¨²mero de inspectores del Ministerio de Trabajo, y abordar el problema de la subcontrataci¨®n', dijo.

Teresa Nevado, portavoz de Empleo del PSOE-Progresistas anunci¨® que su grupo tambi¨¦n presentar¨¢ una moci¨®n que incluye algunas de las propuestas que ahora propugna el PP. 'De todas formas', a?adi¨®, 'yo creo que las suyas son un poco alica¨ªdas'. Nevado record¨® que los socialistas ya hab¨ªan propuesto anteriormente medidas similares, que fueron rechazadas por el PP.