Chalaneo institucional
Me gustar¨ªa escribir con tanta precisi¨®n como Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez en EL PA?S del 5 de noviembre de 2001 (La renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, p¨¢ginas 25 y 26) o con tanta clase como Ram¨®n Trillo Torres en ABC del 6 de noviembre de 2001 (El don Juan y la Justicia, p¨¢gina 3). Me tranquiliza pensar que tal grado de perfecci¨®n se alcanza con su condici¨®n de magistrados del Tribunal Supremo. En provincias nos debemos conformar con las migajas que caen de la mesa de los sabios. Aunque nuestra preocupaci¨®n e indignaci¨®n sea similar. S¨®lo a?adir que la mayor¨ªa (60%) silenciosa de la carrera judicial, que por convicci¨®n nos mantenemos extramuros asociativos, debe relacionarse junto al resto de los excluidos (Asociaci¨®n Francisco de Vitoria, PNV, abogados, procuradores, secretarios judiciales, personas de capacidad y m¨¦rito), sin cuyo concurso ser¨¢ complicado negociar la gobernabilidad de la Justicia.
Hab¨ªa dos modos de abordar la reforma de la justicia: contando con todos o reparti¨¦ndosela. Si se opt¨® por la segunda, ni ahora ni al atardecer deben escandalizarse sus promotores.
Se rasgaba las vestiduras Jes¨²s Caldera cuando desde el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, se le acusaba de negociar nombres para los ¨®rganos institucionales por parentesco, amistad o afinidad, despu¨¦s de haber reconocido 'la cesi¨®n m¨ªnima' en las negociaciones; y se presum¨ªa por Luis de Grandes haber alcanzado un 'pacto digno'. ?Pobre ingeniero agr¨®nomo! Nadie osa dudar del prestigio de los compa?eros de pupitre, rechazados o no en otros escrutinios.
Algunos ilusos llegamos a creernos lo del sentido de Estado, promesa de despolitizaci¨®n, desaparici¨®n de cuotas, generosidad institucional, cuando all¨¢ por el mes de mayo pasado se presentaba el gran ¨¦xito del Pacto de Estado para la Justicia, se dec¨ªa para su reforma, se omit¨ªa para su reparto. No remitir¨¦ al lector a las hemerotecas, pues son tantas y tan recientes las manifestaciones exultantes que est¨¢ de m¨¢s reiterarlo. Era obsesivo sumar 11 para PP y APM y no bajar de 7 para PSOE y JD, cuyas proporciones se guardar¨¢n con toda fidelidad en las altas cuestiones de Estado y en la designaci¨®n estrat¨¦gica de cargos discrecionales (Magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, presidentes de tribunales superiores y audiencias provinciales y otras bicocas). Es bueno que todo juez que aspire a tales cargos sepa las facilidades que encontrar¨¢ afili¨¢ndose a alguna de las facciones del Consejo. De paso, se refuerza el asociacionismo que tanto les preocupa a los recaudadores de cuotas. En la vida social como pol¨ªtica es un valor ser agradecido.
La desvinculaci¨®n ante una acusaci¨®n ruborizante se equilibra con tanta justificaci¨®n no pedida de honorabilidad, dignidad y limpieza (excusatio non petita..., nos ense?aron en la Facultad). Pero, ?ante qui¨¦n justificarse? El apoyo de los agraciados es patente, la complicidad de los mandagantes de las asociaciones profesionales demasiado burda y la fe ciega de sus propios conmilitones no la necesitan. ?Ante sus conciencias, ?quiz¨¢s!, para salvar la responsabilidad que se les exigir¨¢ a la vuelta de unos a?os cuando se alcance la certeza del tiempo perdido? Otros nos sentimos desvinculados y no pedimos justificaci¨®n.
Nos queda el consuelo de que a quienes trabajamos para la Justicia de todos los d¨ªas nos trae al pairo lo que se cocine en otros hornos, porque nos preocupa m¨¢s lo que se hace tan mal y las luminarias que ponemos para ofrecer una razonada y razonable aplicaci¨®n de la ley al caso de cada cual. Y a los que acuden a ella s¨®lo les interesa lo que en la jurisdicci¨®n ocurra, por muy desprestigiado que renazca su ¨®rgano de dif¨ªcil gobierno. En la justicia de todos los d¨ªas debe confiarse que los jueces queremos seguir siendo independientes, es decir, sometidos al imperio de la ley y con todas las consecuencias. Si se divisan otras implicaciones, es preferible indagar primero el color de cada quien.
Se ha producido, sin embargo, un efecto positivo: la ruptura del corporativismo judicial. Ante la posici¨®n incoherente y contradictoria de las c¨²pulas asociativas de denunciar la politizaci¨®n y aceptar con interesada complicidad el juego de las cuotas y su vinculaci¨®n a opciones pol¨ªticas, la dispersi¨®n de las bases y de quienes se han sentido marginados ha permitido que comience a denunciarse la torpeza negociadora y la monol¨ªtica conformaci¨®n de un ¨®rgano con vocaci¨®n plural. No todos estamos dispuestos a vender la dignidad.
Quien tenga que gobernar que gobierne, pero que sepa con qui¨¦n y para qu¨¦.
Jos¨¦ Mar¨ªa Tom¨¢s T¨ªo es presidente de la Fundaci¨®n por la Justicia.
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