El juez Manzanares, inhabilitado durante 30 meses por prevaricaci¨®n

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) ha condenado a dos a?os y medio de inhabilitaci¨®n al ex juez de vigilancia penitenciaria Jos¨¦ Ram¨®n Manzanares por un delito continuado de prevaricaci¨®n cometido al retrasar de manera maliciosa los permisos navide?os de los presos de Quatre Camins en 1998. Pese a la condena, los jueces piden al Gobierno que indulte a su compa?ero y le absuelven de otro delito m¨¢s grave de prevaricaci¨®n por el que el fiscal ped¨ªa otros 15 a?os de inhabilitaci¨®n y la expulsi¨®n de la carrera.

La sentencia dictada ayer por el TSJC admite sin reparos que Manzanares 'obr¨® con malicia puesto que coloc¨® en lugar preferente su propia convicci¨®n o voluntad a la ley'. Esa actuaci¨®n se tradujo en inventar tr¨¢mites administrativos y judiciales innecesarios para resolver la concesi¨®n de permisos que no est¨¢n previstos ni en la ley ni en el reglamento penitenciario, como advirti¨® en su d¨ªa la Secci¨®n Novena de la Audiencia de Barcelona.

La actuaci¨®n de Manzanares se tradujo en que s¨®lo resolvi¨® 95 de los 242 permisos solicitados en la Navidad de 1998, pese a que la mayor¨ªa de ellos hab¨ªan sido informados de manera favorable por la junta de tratamiento de la c¨¢rcel de Quatre Camins que estaba a su cargo. Eso provoc¨®, seg¨²n afirma el tribunal, que en la prisi¨®n se viviera una 'situaci¨®n cr¨ªtica' y que se situara 'al borde del mot¨ªn'. En vista de ello, el Departamento de Justicia de la Generalitat hubo de intervenir para aliviar la crispaci¨®n y concedi¨® 90 permisos extraordinarios de 48 horas. Manzanares manten¨ªa en aquella ¨¦poca unas p¨¦simas relaciones con el director de la c¨¢rcel, Josep Font, seg¨²n recuerda la sentencia. Por el contrario, las relaciones del juez con los sectores m¨¢s reaccionarios del funcionariado eran excelentes.

El Tribunal Superior relata que Manzanares 'contaba con elementos m¨¢s que suficientes para decidir', pero opt¨® por dictar hasta 700 providencias para pedir una documentaci¨®n que el tribunal considera innecesaria. La sentencia explica que este grupo de resoluciones, tomadas de manera individualizada, 'no reviste perfiles prevaricadores, por no ser manifiesta su ilegalidad', pero a?ade que, 'tomadas en su conjunto', configuran un delito de 'retardo malicioso en la Administraci¨®n de justicia', que es por el que le condenan. El fiscal solicit¨® durante el juicio dos a?os y cuatro meses de inhabilitaci¨®n por ese delito y la pena del tribunal ha sido de dos a?os y medio.

En varios apartados de la sentencia el TSJC alude a la actuaci¨®n del fiscal en el juicio y recuerda que era el encargado de probar 'una a una que son prevaricadoras las resoluciones que dice', y eso no ocurri¨®. Por el contrario, a?aden los jueces, el fiscal se centr¨® en 'demostrar la injusticia global de la actuaci¨®n del magistrado', y no prob¨® que las resoluciones fueran injustas de manera 'manifiesta y clamorosa', como exige la doctrina del Tribunal Supremo. En este sentido, los jueces recuerdan que 'no toda resoluci¨®n contraria a derecho es prevaricadora' y matizan que aunque el juez actu¨® con 'una carga de apasionamiento', no 'eclips¨® su objetividad', por lo que 'queda eliminado cualquier otro motivo esp¨²reo' y eso justifica la petici¨®n de indulto.

Quejas un¨¢nimes

La actuaci¨®n de Manzanares provoc¨® en su d¨ªa la queja de la Direcci¨®n General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, de la consejera de Justicia, del Colegio de Abogados de Barcelona, de la Audiencia e incluso del presidente del TSJC, Guillem Vidal, quien comunic¨® los hechos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por ese motivo, Vidal se abstuvo en su d¨ªa de formar parte del tribunal encargado de juzgar el caso. La presidenta del tribunal y ponente de la causa ha sido N¨²ria Bassols Muntada, una magistrada que no est¨¢ especializada en derecho penal y que pertenece, como Manzanares, a la mayoritaria Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM).

Manzanares fue funcionario de prisiones antes de ejercer de juez penitenciario entre 1991 y 1999. Desde el mes de marzo est¨¢ suspendido de sus funciones por el CGPJ a causa de este proceso penal y anteriormente tampoco pudo ejercer durante diferentes periodos de tiempo. La defensa del juez, ejercida por el prestigioso penalista Crist¨®bal Martell, anunci¨® ayer que recurrir¨ªa ante el Tribunal Supremo. En cuanto a la petici¨®n de indulto parcial al Gobierno que plantea el tribunal es pr¨¢ctica habitual que se concedan.