Jabal¨ªes, tenores y payasos

El 31 de julio de 1931 Jos¨¦ Ortega y Gasset, diputado de la Agrupaci¨®n al Servicio de la Rep¨²blica, se dirigi¨® a los representantes reci¨¦n elegidos de las Cortes Constituyentes para pedirles que evitaran reproducir algunas lamentables sesiones parlamentarias de los tiempos de la Restauraci¨®n. 'Nada de estultos e in¨²tiles vocingleos, violencia en el lenguaje o en el adem¨¢n; hay, sobre todo, algo que no podemos venir a hacer aqu¨ª: ni el payaso, ni el tenor, ni el jabal¨ª'. Setenta a?os despu¨¦s, ese consejo fue ol¨ªmpicamente ignorado por los diputados presentes en el pleno del Congreso que discuti¨® y vot¨® el dictamen de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre el caso Gescartera. No ser¨ªa justo, sin embargo, distribuir los reproches por igual entre todos los parlamentarios; el fulminante de la monumental bronca desencadenada el pasado jueves en el hemiciclo fue la provocadora intervenci¨®n del portavoz del PP, destinada a inducir una escandalera tal que hiciera imposible un debate argumentado sobre las eventuales responsabilidades pol¨ªticas imputables -de acuerdo con la doctrina Aznar aplicada en el pasado a los Gobiernos socialistas- a los ministros de Econom¨ªa y Hacienda a cuenta de ese oscuro asunto. Los socialistas picaron inocentemente en el anzuelo de Vicente Mart¨ªnez Pujalte, capaz de desempe?ar a la vez el triple papel de jabal¨ª, tenor y payaso en el hemiciclo.

En el pr¨®logo a su recopilaci¨®n de an¨¦cdotas parlamentarias (Se abre la sesi¨®n, Planeta, 1998), Luis Carandell alaba las virtudes oratorias de diputados y senadores (el brillo del ingenio, el recurso al humor, la gracia en la expresi¨®n, la oportunidad del gesto o la rapidez de la r¨¦plica) para contraponerlas a las agresiones verbales y las descalificaciones personales que faltan el respeto debido a las C¨¢maras y a la opini¨®n p¨²blica. Al igual que hubiera podido predicarse de Luis Ramallo en sus gloriosos tiempos de diputado popular en la oposici¨®n, Mart¨ªnez Pujalte no es metaf¨®ricamente un verraco silvestre, sino un jabal¨ª domesticado, dispuesto a hundir los colmillos en el adversario cuando sus jefes le azuzan en esa direcci¨®n. La misi¨®n encomendada esta vez al agresivo diputado era que utilizase cualquier procedimiento -por sucio que fuese- para desviar la atenci¨®n sobre las implicaciones del Gobierno -por acci¨®n u omisi¨®n- en el caso Gescartera.

La instrucci¨®n sumarial de la juez Palacios y las contradicciones, mentiras y verdades a medias de algunos comparecientes ante la comisi¨®n de investigaci¨®n parlamentaria destruyeron la burda intentona inicial del PP de reducir el asunto a un simple delito de estafa. La terquedad de los hechos forz¨® el cese-dimisi¨®n de Pilar Valiente, presidenta de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de Enrique Gim¨¦nez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria. A partir de ese momento, la ortodoxa aplicaci¨®n de la doctrina Aznar exig¨ªa la salida del Gobierno de los ministros Rato y Montoro, que nombraron a esas personas para cargos de confianza y tampoco vigilaron su irresponsable, negligente y permisivo comportamiento respecto a Gescartera.

Enfrentado con la doble tarea de negar las evidencias en el caso Gescartera y de esconder bajo la alfombra la doctrina Aznar construida en la oposici¨®n, el diputado Mart¨ªnez Pujalte opt¨® por exhumar sin venir a cuento los cad¨¢veres del caso Filesa (un tinglado pseudoempresarial para la financiaci¨®n ilegal del PSOE descubierto en 1993 y sancionado por los tribunales) y de las comisiones ilegales percibidas en beneficio propio por el ex presidente socialista de Navarra Gabriel Urralburu (otro asunto tambi¨¦n juzgado por el Supremo) a fin de sepultar el debate bajo la losa del ruido. Los socialistas pagaron caro los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n ocurridos durante su largo mandato. Pero la estrategia del Gobierno de evocar las p¨¢ginas oscuras del PSOE para tapar sus responsabilidades en el caso Gescartera es una obvia confesi¨®n de culpabilidad: s¨®lo un tonto o un c¨ªnico podr¨ªan sostener que los casos de corrupci¨®n de la etapa socialista permiten la absoluci¨®n por los tribunales o por el confesor del mismo tipo de pecados cometidos por el PP.