Un farmac¨¦utico que no ejerce fue quien recurri¨® contra la p¨ªldora poscoital
La Junta de Andaluc¨ªa garantiza la dispensaci¨®n y recurre el auto de suspensi¨®n cautelar
Fernando Anguita Quesada, la persona que ha logrado que un tribunal suspenda una orden que obligaba a los farmac¨¦uticos andaluces a dispensar la p¨ªldora poscoital, es un licenciado en Farmacia que carece de establecimiento propio y no ha trabajo en una botica desde 1997. Anguita, profesor de instituto, de unos 35 a?os, es el coordinador en Granada de una asociaci¨®n nacional de ¨¦tica sanitaria creada el pasado mes de junio coincidiendo con la primera de las acciones jur¨ªdicas contra la citada orden. La Junta de Andaluc¨ªa present¨® ayer un recurso de s¨²plica contra el auto de suspensi¨®n cautelar.
El recurso contra la orden de la Consejer¨ªa de Salud, que ha dado lugar al auto de suspensi¨®n dictado por la sala de lo Contencioso de Granada, es la segunda iniciativa jur¨ªdica emprendida por un grupo de farmac¨¦uticos reunidos en torno a la Asociaci¨®n Nacional para la ?tica Sanitaria, que se haya en proceso de legalizaci¨®n. Los socios creen que la p¨ªldora poscoital es un abortivo y, en consecuencia, esgrimen su derecho a la objeci¨®n de conciencia. La reclamaci¨®n fue presentada por Anguita en septiembre y sigue al pie de la letra una detallada teor¨ªa sobre 'el derecho a la objeci¨®n de conciencia' desarrollada poco antes por la Conferencia Episcopal Espa?ola en una 'instrucci¨®n pastoral' titulada La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad.
La tesis de los obispos es que 'las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas [porque] ponen en cuesti¨®n la legitimidad de los poderes p¨²blicos que las elaboran y promulgan'. 'No cabe la resignaci¨®n ante estas legislaciones, es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democr¨¢ticos posibles, que sean abolidad o modificadas', a?aden los prelados antes de incitar a los profesionales a ejercer su 'derecho a la objecci¨®n de conciencia'. Una 'nota' publicada por la Conferencia Episcopal coincidiendo con su instrucci¨®n sobre la familia, fechada el 27 de abril de este a?o, sostiene que 'la p¨ªldora del d¨ªa siguiente es un f¨¢rmaco que no sirve para curar ninguna enfermedad, sino para acabar con la vida incipiente de un ser humano'. Los argumentos de la Iglesia contra esta p¨ªldora contradicen radicalmente a la Organizaci¨®n Mundial de la Salud y a la comunidad cient¨ªfica, que la consideran un anticonceptivo.
Anguita no quiso identificarse hasta ayer como la persona que hab¨ªa promovido el recurso. El lunes hizo unas declaraciones a Efe como miembro de la asociaci¨®n para manifestar su 'satisfacci¨®n' y dijo que el auto era el primer paso de un proceso 'para obtener el reconocimiento a la objeci¨®n de conciencia'. El primer recurso que present¨®, basado en la protecci¨®n de derechos fundamentales, fue rechazado por la sala de lo Contencioso de Sevilla que consider¨® que su resoluci¨®n correspond¨ªa a la de Granada, a donde a¨²n no ha llegado.
Grupos antiabortistas
La Asociaci¨®n Nacional para le ?tica Sanitaria est¨¢ presidida por Mar¨ªa Dolores G¨®mez, una farmac¨¦utica con despacho abierto en Ja¨¦n. El secretario, Juan Manuel Delgado, regenta otra farmacia en la misma ciudad. Tras su fundaci¨®n, algunos miembros de los grupos antiabortistas han mantenido contactos con la directiva. Jos¨¦ Miguel Castillo, el abogado que ha preparado ambos recursos, declar¨® ayer que su cliente 'no ha emprendido una campa?a contra la p¨ªldora poscoital ni pretende que no se prescriba. S¨®lo busca el respeto a la objeci¨®n de conciencia'.
'Est¨¢ luchando a t¨ªtulo individual, aunque desde una asociaci¨®n en la que hay no s¨®lo farmac¨¦uticos sino tambi¨¦n personal m¨¦dico y sanitario, incluido un celador. Lo ¨²nico que quiere mi cliente es que, cuando trabaje o tenga una farmacia, la Administraci¨®n no le imponga criterios que impidan objetar', explic¨® el abogado. La asociaci¨®n cuenta con 160 miembros, pero los recursos los han firmado socios individuales porque a¨²n carece de personalidad jur¨ªdica.
El auto de la Secci¨®n Primera de la Sala de lo Contencioso de Granada provoc¨® la reacci¨®n inmediata de la Consejer¨ªa de Salud de Andaluc¨ªa, que ya ha ultimado el recurso de s¨²plica. Su titular, Francisco Vallejo, ha garantizado a los usuarios de la sanidad andaluza la adquisici¨®n de la p¨ªldora y de los preservativos en la mayor¨ªa de las farmacias y en los centros de salud.
Distintas fuentes jur¨ªdicas mostraron ayer su extra?eza por el auto de suspensi¨®n cautelar. La breve resoluci¨®n judicial considera que en la colisi¨®n entre el derecho a la objeci¨®n de conciencia de un farmac¨¦utico que no ejerce la profesi¨®n y los de todos los potenciales usuarios de la sanidad prevalece el del primero. Para denegar la medida cautelar, dice la Sala, habr¨ªa que haber apreciado una 'perturbaci¨®n grave de los intereses generales o de terceros'. La Sala agrega que 'conforme a la doctrina antes expuesta de no suspender el acto, y obligar a los farmac¨¦uticos a tener en stock tales sustancias y medios, de no prosperar el mismo se har¨ªa ilusoria la finalidad leg¨ªtima del recurso'.
El auto est¨¢ firmado por los magistrados Rafael Puya Jim¨¦nez, Juan Manuel C¨ªvico Garc¨ªa y Mar¨ªa Luisa Mart¨ªn Morales. Actu¨® como ponente el primero, Rafael Puya, un juez de unos 55 a?os, de tendencias muy conservadoras.
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