El PP pide que se auditen las ayudas de Monteseir¨ªn a varias asociaciones
Raynaud dice que las subvenciones incumplen el reglamento
El portavoz popular en el Ayuntamiento, Jaime Raynaud, percibe 'una especie de fiebre colectiva' que lleva a Monteseir¨ªn a 'hacer d¨¢divas a troche y moche'. Raynaud asegur¨® que entre septiembre y noviembre el alcalde ha repartido m¨¢s de 100 millones de pesetas entre unas 30 asociaciones. Seg¨²n el portavoz popular, estas entidades hab¨ªan firmado contratos programas con Monteseir¨ªn durante la campa?a electoral.
El reglamento de Participaci¨®n Ciudadana establece que el proceso de concesi¨®n de las ayudas se inicar¨¢ a solicitud de los interesados y previa convocatoria p¨²blica. 'Excepcionalmente y por circunstancias especiales podr¨¢ iniciarse el procedimiento sin mediar convocatoria p¨²blica'. En opini¨®n del portavoz popular, Monteseir¨ªn ha abusado de esta excepci¨®n.
El delegado de Hacienda, Carmelo G¨®mez, asegur¨® que la alcald¨ªa no est¨¢ sujeta a este reglamento, a pesar de que el art¨ªculo dos del mismo incide en que ¨¦ste es aplicable a 'toda disposici¨®n gratuita de fondos municipales' que realice el Ayuntamiento o sus Organismos Aut¨®nomos 'con cargo al Presupuesto Municipal', sin que se especifique ninguna excepci¨®n para las cuentas de alcald¨ªa.
Investigaci¨®n en Tr¨¢fico
Por otra parte, un informe del secretario de la corporaci¨®n advierte de que 'las actuaciones relativas a la comisi¨®n de investigaci¨®n y al expediente disciplinario sobre presuntas irregularidades en Tr¨¢fico no inciden' en el proceso de adjudicaci¨®n de los servicios de se?alizaci¨®n.
El secretario subraya, adem¨¢s, que el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P¨²blicas 'exige' que el contrato se adjudique en el plazo m¨¢ximo de tres meses 'a partir del acto de apertura de las proposiciones', que en este caso fue el pasado 20 de agosto.
La propuesta de adjudicaci¨®n se llevar¨¢, finalmente, a pr¨®xima comisi¨®n de gobierno. PP e IU criticaron ayer que la empresa Grupisa, desde la que partieron las supuestas irregularidades, sea una de las adjudicatarias, pero desde el PSOE se insiste en que la empresa ha cambiado de due?os y que no hay ninguna raz¨®n para no adjudicarle los servicios.
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