Concierto desafinado

La negociaci¨®n para renovar el Concierto Econ¨®mico vasco de 1981 ha encallado en el arrecife pol¨ªtico de la participaci¨®n del Pa¨ªs Vasco en los ¨®rganos de la UE, tras haber avanzado considerablemente en los aspectos m¨¢s sustanciales. El Concierto -al igual que su hermano el Convenio Econ¨®mico de Navarra- establece para Euskadi un r¨¦gimen financiero y tributario singular que no tiene parang¨®n en los Estados m¨¢s descentralizados. Constituye el 'derecho hist¨®rico' vasco por antonomasia, actualizado por la Constituci¨®n y el Estatuto, y el elemento central de su autogobierno. Gracias a ¨¦l dispone el Pa¨ªs Vasco de una Hacienda propia que le concede total autonom¨ªa a la hora de gestionar ingresos y gastos. A cambio del coste pol¨ªtico de recaudar impuestos, los recursos p¨²blicos por habitante son en la comunidad vasca notablemente superiores a los que dispone, por ejemplo, Catalu?a. El ex lehendakari Ardanza no exageraba cuando, con motivo de la reforma del Concierto en 1997, que le dot¨® de capacidad normativa plena en casi todos los impuestos, afirm¨® que, a efectos fiscales, 'Euskadi es el d¨¦cimosexto Estado de Europa'.

Quiz¨¢ porque el Concierto alcanz¨® entonces un desarrollo dif¨ªcilmente ampliable, la mayor dificultad a la hora de acordar ahora su renovaci¨®n se ha suscitado en un aspecto m¨¢s simb¨®lico que econ¨®mico. En las negociaciones mantenidas hasta ahora, las instituciones vascas (el Gobierno de Vitoria y las haciendas forales de ?lava, Guip¨²zcoa y Vizcaya) han visto satisfechas gran parte de sus aspiraciones de partida. En primer lugar, que el Concierto tenga una duraci¨®n indefinida, sin perjuicio de adaptaciones futuras. Se han establecido tambi¨¦n mecanismos de cooperaci¨®n que eviten que las discrepancias tributarias acaben en los tribunales, como ha sucedido frecuentemente en la ¨²ltima d¨¦cada, as¨ª como f¨®rmulas para ajustar la recaudaci¨®n compartida de distintos impuestos. Pero, muy especialmente, las administraciones vascas han conseguido que no se revise a fondo el procedimiento por el que se determina el cupo, es decir, la cantidad con la que el Pa¨ªs Vasco contribuye anualmente al sostenimiento de las funciones y servicios estatales y a los fondos de solidaridad interterritorial.

Las premuras de tiempo -la vigencia de la Ley del Concierto concluye el 31 de diciembre y no incluye una cl¨¢usula de pr¨®rroga autom¨¢tica- y quiz¨¢ consideraciones de oportunidad han llevado al Gobierno del PP a desistir de su prop¨®sito de revisar a fondo el m¨¦todo de c¨¢lculo del cupo. La f¨®rmula provisional acordada en 1981, que fij¨® el peso de la econom¨ªa vasca en t¨¦rminos de renta en el 6,24% de la espa?ola -y en el mismo porcentaje su aportaci¨®n a las cargas generales del Estado-, no se ha actualizado en estos 20 a?os. Y eso que desde la Administraci¨®n central se ha sostenido con m¨¢s reiteraci¨®n que cifras la existencia de un desajuste entre los recursos tributarios recaudados con el Concierto (1,3 billones de pesetas el ejercicio pasado) y la aportaci¨®n del Pa¨ªs Vasco v¨ªa cupo (174.224 millones este a?o).

La pretensi¨®n del Gobierno vasco de hacer o¨ªr su opini¨®n en los ¨®rganos de la UE sobre cuestiones que afectan a competencias propias -en este caso las tributarias- est¨¢ en la l¨®gica de un Estado tan descentralizado como el espa?ol. Puede discutirse, sin embargo, c¨²al es la f¨®rmula adecuada para articular esa participaci¨®n o si debe precisarse en el articulado de la Ley del Concierto un mecanismo que todav¨ªa no se ha definido para el conjunto de las comunidades aut¨®nomas. Las instituciones vascas apoyan su demanda en el argumento de que mal puede defender sus posiciones el Gobierno espa?ol, que ha recurrido judicialmente contra sus normas tributarias. Lo cierto es que el mayor peligro para el Concierto no ha venido de los litigios planteados por la Administraci¨®n central, sino por las investigaciones abiertas por la Comisi¨®n Europea contra el pr¨®digo uso que las diputaciones forales han hecho de los incentivos fiscales a la inversi¨®n.

La tendencia del nacionalismo vasco gobernante a plantear sus demandas en t¨¦rminos soberanistas y la desconfianza pol¨ªtica entre Vitoria y Madrid han contribuido a las notas desafinadas de los ¨²ltimos d¨ªas. Incluida la marginaci¨®n de la Diputaci¨®n de ?lava, gobernada por el PP, de la ¨²ltima propuesta elevada por el Gobierno vasco al Ministerio de Hacienda. El Concierto constituye un instrumento demasiado valioso como para supeditarlo a estrategias maximalistas de negociaci¨®n. Por eso, no es al Gobierno central, sino a las instituciones vascas a las que debe preocupar especialmente la posibilidad de que se quede sin sustento legal, siquiera un d¨ªa, el sistema que les permite cobrar los impuestos a sus ciudadanos.