Dos hijos del presidente de la FARA se entregan y quedan en libertad con cargos tras declarar ante el juez

Dos hijos del presidente de la FARA, Vicente Rodr¨ªguez Arribas, -en prisi¨®n por haber utilizado supuestamente la Federaci¨®n de Asociaciones Roman¨ªes de Andaluc¨ªa para desviar subvenciones y blanquear dinero- se entregaron el s¨¢bado pasado a la polic¨ªa. Josefa R.P y Justo R.P. estaban en busca y captura desde el d¨ªa 6 de noviembre, cuando se practicaron las primeras 12 detenciones del caso.

Ambos acusados fueron inmediatamente puestos a disposici¨®n del juzgado de guardia, que precisamente era el n¨²mero 7, que investiga los presuntos delitos cometidos a trav¨¦s de la organizaci¨®n.

Tras prestar declaraci¨®n durante algo m¨¢s de una hora, ambos fueron puestos en libertad con cargos, pero no tuvieron que abonar fianza. Justo R.P. y Josefa R.P. est¨¢n acusados de blanqueo de dinero, amenazas, y malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.

Con ellos son seis los miembros de la familia de El Querillo, del clan de Los Charros, imputados en la causa. Vicente Rodr¨ªguez Arribas, que est¨¢ en la c¨¢rcel de Alhaur¨ªn de la Torre (M¨¢laga) desde el viernes 9 de noviembre pasado; su esposa, Josefa P.; y cuatro de sus hijos, Mar¨ªa del Carmen, Carlos, Justo y Josefa R.P. Estos ¨²ltimos cinco acusados est¨¢n todos en libertad con cargos, pero sin fianza.

Seg¨²n trascendi¨®, los hijos que se entregaron el s¨¢bado se declararon inocentes ante el juez y manifestaron que desconoc¨ªan las actividades delictivas que se le imputan a su padre. Por su parte, la defensa de Vicente Rodr¨ªguez avanz¨® que la pr¨®xima semana solicitar¨¢ la excarcelaci¨®n de su cliente ya que 'no hay pruebas directas en su contra, sino meras conjeturas'.

La investigaci¨®n policial sin embargo concluye que de los 1.000 millones de subvenciones que recibi¨® la FARA en los ¨²ltimos a?os, unos 300 millones fueron desviados a cuentas particulares de directivos de la federaci¨®n y que incluso unos 60 millones que deb¨ªan destinarse a apoyo social al pueblo gitano fueron invertidos en obligaciones del Estado.

El juez que investiga el caso, Pedro Molero, ha enviado requerimientos a los registros de la Propiedad y Mercantil, para conocer las propiedades de la familia. Tambi¨¦n ha ordenado una auditor¨ªa judicial de la federaci¨®n que deber¨¢ precisar el volumen de los presuntos desv¨ªos as¨ª como sus destinatarios.