Asuntos Sociales mantendr¨¢ los mismos controles sobre las subvenciones que antes del 'caso FARA'

La Consejer¨ªa de Asuntos Sociales mantendr¨¢ el pr¨®ximo a?o los actuales mecanismos de seguimiento y control de las subvenciones, a excepci¨®n de dos aspectos novedosos. Las entidades subvencionadas tendr¨¢n que acreditar que no invierten en bolsa y los programas se someter¨¢n a una evaluaci¨®n obligatoria de la Fundaci¨®n Andaluza de Servicios Sociales para controlar su calidad. El consejero Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a descart¨®, en su comparecencia parlamentaria para explicar el caso FARA, otros mecanismos de control al considerar que los existentes son 'correctos' y 'adecuados'.

El consejero de Asuntos Sociales, Isa¨ªas P¨¦rez Salda?a, defendi¨® ayer ante la comisi¨®n parlamentaria que los mecanismos de control y seguimiento de las ayudas p¨²blicas de su departamento han funcionado perfectamente en el caso FARA. P¨¦rez Salda?a dijo que con los 27 millones de pesetas concedidos en 2000 -en los dos ejercicios anteriores no firmaron convenios con la entidad gitana y la ayuda de este a?o est¨¢ bloqueada- se contrataron 10 personas en toda Andaluc¨ªa, lo que en su opini¨®n descarta que el desv¨ªo de fondos corresponda a estas ayudas y que hayan fallado los mecanismos de control.

Tres directivos de la Federaci¨®n de Asociaciones Roman¨ªes de Andaluc¨ªa (FARA), vinculados al clan malague?o de Los Charros, se encuentran en prisi¨®n preventiva, acusados de blanqueo dinero, malversaci¨®n y desv¨ªo de fondos p¨²blicos, entre otros cargos. La federaci¨®n recibi¨® alrededor de 1.000 millones de pesetas en subvenciones de distintas administraciones p¨²blicas y, seg¨²n la polic¨ªa, desviaron alrededor del 30% de estas cantidades a cuentas particulares. La Junta de Andaluc¨ªa, a trav¨¦s de Asuntos Sociales y Empleo, destin¨® ayudas a la federaci¨®n para combatir el absentismo escolar de los ni?os gitanos y para fomentar el acceso al mercado de trabajo a trav¨¦s de cursos de formaci¨®n.

Tanto en su primera intervenci¨®n como en la respuesta a los portavoces parlamentarios, el consejero defendi¨® el funcionamiento de los instrumentos de control que ya est¨¢n en marcha, incluidas las auditor¨ªas para las entidades que reciben m¨¢s de 100 millones de pesetas en subvenciones, aunque record¨® que en 2002 habr¨¢ dos novedades. Una, anterior al caso FARA que se gesta durante la investigaci¨®n de Gescartera, que obligar¨¢ a todas las asociaciones a certificar que no invierten en renta variable.

La segunda modificaci¨®n ser¨¢ la 'obligatoriedad' de someter los programas a la evaluaci¨®n de calidad que realizar¨¢ la Fundaci¨®n Andaluza de Servicios Sociales para analizar la idoneidad y eficacia de los programas. 'No har¨¢ falta ning¨²n control m¨¢s', dijo P¨¦rez Salda?a. Fue uno de los pocos aspectos que los portavoces de la oposici¨®n (PP, IU y Mixto) criticaron en distinta medida. Para el parlamentario de IU Jos¨¦ Cabrero, lo ocurrido con la FARA 'puede permitir dudar si los controles son suficientes' e invita a pensar que 'hay que afinar mucho m¨¢s'.

Cabrero, al igual que el diputado del Grupo Mixto Ricardo Chamorro, plante¨® la puesta en marcha de una auditor¨ªa interna de la Consejer¨ªa de Asuntos Sociales sobre las cuentas de la FARA. El representante de IU tambi¨¦n pidi¨® al consejero que aclarase 'si efectivamente hay amenazas y coacciones para que se produzca la subvenci¨®n'. El mismo requerimiento que formul¨® la portavoz del PP, Ana Mar¨ªa Corredera, que pregunt¨® al titular de Asuntos Sociales si hab¨ªa sufrido amenazas o coacciones 'que s¨ª son delito' o s¨®lo 'meras presiones'.

P¨¦rez Salda?a insisti¨® en que los directivos de la FARA ejercieron 'presiones' con la intenci¨®n de forzar 'la voluntad pol¨ªtica', pero descart¨® que pudieran calificarse como 'hechos delictivos'. El consejero ley¨® incluso ante los parlamentarios un p¨¢rrafo de un escrito enviado por la directiva de la FARA mediante el que le ped¨ªan que destituyese al jefe de servicio de la Secretar¨ªa de la Comunidad Gitana, Jos¨¦ Manuel Leal Sabido, al considerar que ten¨ªa una actitud contraria a la entidad. En la carta citan como elementos de disgusto las reuniones del funcionario con otras asociaciones gitanas, las subvenciones a otras entidades o el recorte de las ayudas de la FARA. En cualquier caso, responden a peticiones que P¨¦rez Salda?a encuadr¨® en 'el marco pol¨ªtico'. Jos¨¦ Manuel Leal fue detenido por la polic¨ªa para que declarase en relaci¨®n con el caso y puesto en libertad a continuaci¨®n. El juez instructor no le ha imputado, a diferencia de un funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que est¨¢ en libertad bajo fianza de 500.000 pesetas.