La respuesta a la ley org¨¢nica de universidades

El ¨¦xito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilizaci¨®n, ins¨®litas por la participaci¨®n alcanzada desde la ¨¦poca franquista y de la transici¨®n, en las diferentes universidades del Pa¨ªs Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Org¨¢nica de Universidades, ha superado los pron¨®sticos m¨¢s optimistas. Tanto la huelga general universitaria del d¨ªa 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los d¨ªas 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con m¨¢s de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la m¨¢s alta instituci¨®n de ense?anza e investigaci¨®n de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayor¨ªa del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba m¨¢s patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas pol¨ªticas, ni sindicales, ni con los representantes m¨¢s autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la m¨¢s elemental prudencia pol¨ªtica, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las ense?anzas que se imparten en ¨¦stas. Carece de un plan de financiaci¨®n que permita lograr los par¨¢metros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. M¨¢s bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener m¨¢s inter¨¦s que ingerirse en los ¨®rganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad espa?ola.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonom¨ªa universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervenci¨®n en el proceso de selecci¨®n del profesorado: la evaluaci¨®n de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente c¨¦lebre 'habilitaci¨®n nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que as¨ª ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situaci¨®n, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoci¨®n truncadas por la implantaci¨®n inmediata del nuevo sistema. ?ste desprecia la formaci¨®n lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos a?os. ?Es esto un par¨¢metro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravar¨¢ la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situaci¨®n absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigaci¨®n.

La elecci¨®n de rector por sufragio universal, como se propone, es s¨®lo una falsa imagen democr¨¢tica, puesto que lo que se plantea en realidad es una elecci¨®n corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicaci¨®n permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participaci¨®n democr¨¢tica en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gesti¨®n profundamente tecnocr¨¢tica.

La te¨®rica desaparici¨®n de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantaci¨®n de una rev¨¢lida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentar¨¢ la elitizaci¨®n de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayor¨ªa de las del sistema p¨²blico.

Los mecanismos mercantilistas de financiaci¨®n someter¨¢ a un proceso de privatizaci¨®n a la investigaci¨®n que pasar¨¢ a servir los intereses inmediatos de los grupos econ¨®micos que la paguen o que est¨¦n vinculados a c¨ªrculos pr¨®ximos al poder. La llamada interacci¨®n din¨¢mica de la universidad y la sociedad permitir¨¢ justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el tr¨¢mite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentaci¨®n y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexi¨®n y la rectificaci¨®n que la comunidad educativa les pide. Aun as¨ª la masiva protesta continuar¨¢, como continuar¨¢ la resistencia a la aplicaci¨®n de los aspectos m¨¢s negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociaci¨®n, el escrupuloso respeto a la autonom¨ªa universitaria y a los intereses generales de la sociedad.El ¨¦xito que han conseguido las diversas convocatorias unitarias de movilizaci¨®n, ins¨®litas por la participaci¨®n alcanzada desde la ¨¦poca franquista y de la transici¨®n, en las diferentes universidades del Pa¨ªs Valenciano y del Estado, en contra del proyecto de Ley Org¨¢nica de Universidades, ha superado los pron¨®sticos m¨¢s optimistas. Tanto la huelga general universitaria del d¨ªa 7 de noviembre, como las huelgas estudiantiles de los d¨ªas 25 de octubre y 14 y 28 de noviembre, que han culminado con la marcha a Madrid del 1 de diciembre con m¨¢s de 300.000 participantes llegados de todas las nacionalidades y regiones del Estado, han demostrado el talante de la comunidad universitaria de no ceder ante un proyecto de ley gravemente lesivo para la m¨¢s alta instituci¨®n de ense?anza e investigaci¨®n de que se ha dotado nuestra sociedad. Asimismo las recientemente celebradas elecciones a claustro de la Universitat de Valencia confirman el hecho de que la mayor¨ªa del personal es claramente contrario a los contenidos substanciales de la ley.

Esta contundente respuesta es la prueba m¨¢s patente del rechazo de la comunidad universitaria a un proyecto de ley impuesto unilateralmente por el gobierno, no consensuado ni con las fuerzas pol¨ªticas, ni sindicales, ni con los representantes m¨¢s autorizados de las universidades Es una norma que se ha hecho despreciando e incluso insultando a los distintos sectores de la comunidad universitaria. No se puede pretender, siguiendo la m¨¢s elemental prudencia pol¨ªtica, imponer una ley provocando la beligerancia de aquellos que la han de aplicar.

Al margen del procedimiento seguido para sacarla adelante, esta ley no mejora ni el funcionamiento de las universidades ni la calidad de las ense?anzas que se imparten en ¨¦stas. Carece de un plan de financiaci¨®n que permita lograr los par¨¢metros de calidad que toda la comunidad universitaria desea. M¨¢s bien por el contrario, en vez de acudir a crear y mantener las estructuras necesarias para conseguirla, el Gobierno no parece tener m¨¢s inter¨¦s que ingerirse en los ¨®rganos de gobierno de las universidades para controlarlas y someterlas a sus intereses partidistas, y establecer medidas sustancialmente agresivas de la calidad que dice propugnar. En esto reside el cambio que necesita la universidad espa?ola.

En contra de lo que manifiestan sus escasos defensores, esta ley es un proyecto centralista que atenta contra la autonom¨ªa universitaria al privarle, entre otros aspectos, de la parte esencial de intervenci¨®n en el proceso de selecci¨®n del profesorado: la evaluaci¨®n de la idoneidad como personal docente e investigador, que queda en manos de la ya tristemente c¨¦lebre 'habilitaci¨®n nacional', volviendo al sistema de oposiciones centralizadas y controladas por los clanes y mafias profesorales que as¨ª ven recuperados sus antiguos privilegios. Las enmiendas introducidas por el PP en este apartado han empeorado notablemente la situaci¨®n, porque el profesorado actualmente contratado ha visto sus expectativas de promoci¨®n truncadas por la implantaci¨®n inmediata del nuevo sistema. ?ste desprecia la formaci¨®n lograda en los equipos de trabajo, a los que irresponsablemente desarticula, en cuyo seno se ha trabajado, estudiado e investigado, al obligar a los futuros ayudantes a desvincularse de la universidad de origen durante por lo menos dos a?os. ?Es esto un par¨¢metro de calidad?

El proyecto, de convertirse en Ley, agravar¨¢ la precariedad del trabajo en la Universidad, al aumentar las figuras de contratados y al permitir hasta un 49% de profesorado no funcionario, situaci¨®n absolutamente rechazable al aumentar la inestabilidad en los puestos de trabajo del profesorado. Nunca la inestabilidad ha sido un factor de calidad para la docencia y la investigaci¨®n.

La elecci¨®n de rector por sufragio universal, como se propone, es s¨®lo una falsa imagen democr¨¢tica, puesto que lo que se plantea en realidad es una elecci¨®n corporativa y censitaria al darle el 51% de los votos a los funcionarios doctores, la influencia de los cuales sale claramente reforzada en detrimento de otros sectores del profesorado, de los estudiantes y del PAS. Tampoco puede decirse que sean estas restricciones factores de calidad, sino provocaciones a la reivindicaci¨®n permanente y motivos constantes de inestabilidad. Asimismo la participaci¨®n democr¨¢tica en el gobierno de las universidades queda reducida considerablemente en favor de una gesti¨®n profundamente tecnocr¨¢tica.

La te¨®rica desaparici¨®n de la selectividad que contempla el proyecto de Ley queda absolutamente neutralizada por la anunciada reimplantaci¨®n de una rev¨¢lida al finalizar el Bachillerato -de indudable resonancia franquista- o de una prueba de ingreso en las universidades que la establezcan, lo cual fomentar¨¢ la elitizaci¨®n de algunas universidades -naturalmente privadas- frente a la mayor¨ªa de las del sistema p¨²blico.

Los mecanismos mercantilistas de financiaci¨®n someter¨¢ a un proceso de privatizaci¨®n a la investigaci¨®n que pasar¨¢ a servir los intereses inmediatos de los grupos econ¨®micos que la paguen o que est¨¦n vinculados a c¨ªrculos pr¨®ximos al poder. La llamada interacci¨®n din¨¢mica de la universidad y la sociedad permitir¨¢ justificar la falta de fondos para aquellas actividades docentes e investigadoras que se aparten del servicio inmediato al sistema productivo del sistema.

No debemos confiar en que durante el tr¨¢mite parlamentario que resta el gobierno y el partido que le da apoyo rectifiquen. La prepotencia y la soberbia de que hacen ostentaci¨®n y el compromiso con los intereses que representan no les permiten la reflexi¨®n y la rectificaci¨®n que la comunidad educativa les pide. Aun as¨ª la masiva protesta continuar¨¢, como continuar¨¢ la resistencia a la aplicaci¨®n de los aspectos m¨¢s negativos de esta funesta ley, hasta llegar al momento en que se elabore otra sobre la base de la necesaria negociaci¨®n, el escrupuloso respeto a la autonom¨ªa universitaria y a los intereses generales de la sociedad.

Antoni Vi?as es coordinador de Universidades del STEPV-IV.