El Supremo condena a un Ayuntamiento por acoso moral

El Ayuntamiento de Coria (C¨¢ceres) deber¨¢ indemnizar al funcionario Ferm¨ªn S. B. con 750.000 pesetas por haberle practicado actuaciones que el Tribunal Supremo considera que 'constituyen una forma de acoso moral sistem¨¢ticamente dirigido contra el funcionario p¨²blico, carentes de toda justificaci¨®n'. El juez de lo Social Pablo Aramendi, estudioso del acoso laboral, afirma que es la primera sentencia que, en la jursidici¨®n social, resarce por esta causa. 'Se trata de una sentencia contundente. Actuaciones de este tipo vulneran la integridad f¨ªsica y moral, protegidas por la Constituci¨®n', dice Aramendi.

La sentencia del Supremo, de 23 de julio 2001, destaca que el comportamiento del Ayuntamiento de Coria, de mayor¨ªa socialista, es 'un verdadero paradigma de c¨®mo no debe actuar un poder p¨²blico en un Estado de derecho', y califica de 'incre¨ªble peripecia' la sufrida por el funcionario Ferm¨ªn S. B., hoy con 61 a?os. Con ella, el Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Coria presentado en 1997 y ratifica el fallo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Justicia de Extremadura. Este fallo iba contra la negativa del pleno del Ayuntamiento a indemnizar al trabajador por el trato vejatorio que el Ayuntamiento le hab¨ªa dispensado durante varios meses, despu¨¦s de que dos expedientes disciplinarios con sanci¨®n de suspensi¨®n de empleo y sueldo fueran rechazados por los tribunales tras un recurso de Ferm¨ªn S. B. En su demanda, ¨¦l ped¨ªa una indemnizaci¨®n de 10 millones de pesetas (que el tribunal de Extremadura redujo a 750.000 pesetas).

En un s¨®tano

Todo empez¨® en agosto de 1992, despu¨¦s de que se produjeran en el servicio de aguas del Ayuntamiento -que controlaba Ferm¨ªn S. B. desde 1983- disfunciones que provocaron la inundaci¨®n de la red de aguas de fango. El 27 de agosto de 1992, Ferm¨ªn recibi¨® un escrito del alcalde de Coria invit¨¢ndole a un cambio de lugar de trabajo y dirigi¨¦ndole a que se personara en el edificio consistorial de la ciudad, 'donde se le indicar¨¢n las funciones y/o trabajos a desempe?ar'. A partir de entonces, y durante varios meses, Ferm¨ªn pas¨® su jornada laboral en ese s¨®tano, privado de ventilaci¨®n y luz natural y de ocupaci¨®n efectiva.

Adem¨¢s, el concejal delegado de Obras y Servicios formul¨® una denuncia contra el trabajador, ante la sospecha de que el accidente de la depuradora pudiera haber sido provocado por el denunciado. Dos sentencias de 1994 y 1995 anularon las sanciones de nueve meses de suspensi¨®n de empleo y sueldo.

Al cabo de unos meses de confinamiento en un s¨®tano, Ferm¨ªn cay¨® en una depresi¨®n, pero la corporaci¨®n se neg¨® de oficio en repetidas ocasiones a aceptar su solicitud de baja por enfermedad. No obstante, el funcionario present¨® varios certificados m¨¦dicos. La sentencia especifica que 'el proceso depresivo-reactivo que sufri¨® le ha dejado secuelas en el plano emocional que le afectan en el ¨¢mbito familiar y social'.