Los presos est¨¢n para fugarse

Lo que faltaba: a la Generalitat se le escapan los presos de las c¨¢rceles. Como los debates acostumbran a producirse siempre a la vista de los hechos y no en prevenci¨®n de los mismos, como ser¨ªa deseable, la pol¨¦mica est¨¢ armada. Otra vuelta de tuerca a la hipersensibilidad ciudadana en materia de seguridad, en un momento en que llueve sobre mojado, porque el proceso de transici¨®n de la polic¨ªa estatal a la auton¨®mica ha dejado unos vac¨ªos transitorios que han sembrado muchas dudas. Dudas sobre si las exigencias de la Generalitat para integrar a miembros de las fuerzas estatales de seguridad han sido excesivas, dudas sobre las intenciones del Gobierno central, que en pol¨ªtica de seguridad -como siempre hace la derecha- juega con una mano a acrecentar el miedo y con otra a presentarse como campe¨®n de la eficacia contra la delincuencia.

En estas circunstancias se corre el riesgo de que el debate tome enseguida un giro sensacionalista y de todo quede en el griter¨ªo habitual: pedir mano dura contra todo el que se mueva, lo que hoy se llama, seg¨²n viene de Estados Unidos, 'tolerancia cero'. Y sin embargo, es un debate conveniente precisamente para desdramatizar un poco. Creo que el asunto tiene tres aspectos que no se tienen que mezclar m¨¢s de la cuenta: las fugas, los permisos y el estado de las c¨¢rceles catalanas.

'La primera obligaci¨®n de todo preso es intentar fugarse', dice, a menudo, un magistrado del Tribunal Supremo en una prueba de realismo y sentido com¨²n. Efectivamente, ?qu¨¦ har¨ªa cualquiera de nosotros ante la perspectiva de una condena de un mont¨®n de a?os de c¨¢rcel? Intentar la fuga o no depende de las circunstancias y del coraje de cada uno. Pero no creo que haya un solo preso que no piense en ella. Las disposiciones del nuevo C¨®digo Penal, que eliminan el trabajo como forma de redenci¨®n de pena, han operado como incentivo de las fugas. Dicen que -en valores aproximados- si una condena de 20 a?os antes pod¨ªa reducirse a 8 o 10, ahora dif¨ªcilmente queda por debajo de los 16. Toda persona tiene derecho a buscar lo mejor para s¨ª misma. No es extra?o, pues, que los presos piensen en fugarse.

Una forma de fuga es no regresar a la c¨¢rcel cuando se goza de un permiso. Teniendo en cuenta que pocas cosas son menos atractivas que estar en la c¨¢rcel, el porcentaje de presos que no vuelven despu¨¦s de permisos es francamente bajo (en el a?o 2001, seg¨²n cifras oficiales, no han vuelto 184 reclusos de 58.000 permisos concedidos). Con estas cifras no se justifica el alarmismo. Cabe pensar que la mayor¨ªa hacen un c¨¢lculo de ventajas e inconvenientes en el que se acaba imponiendo la paciencia para poder reintegrarse con mayor normalidad en la sociedad. Al fin y al cabo, la vida clandestina no es ninguna bicoca. No todos los presos se sienten capaces de afrontarla. Que un porcentaje de presos no vuelva despu¨¦s de los permisos forma parte, precisamente, del precio de la reinserci¨®n. Naturalmente, la ideolog¨ªa de la 'tolerancia cero' la primera idea que pone sobre la mesa siempre es cortar por lo sano. Algunos querr¨ªan ya suprimir los permisos. Ser¨ªa un enorme disparate porque son un paso necesario entre la c¨¢rcel y el retorno a la vida en sociedad. Sin permisos, hablar de reinserci¨®n es rid¨ªculo. Es pensar en las c¨¢rceles como almac¨¦n de indeseables sociales. Y esto es una cultura que puede que est¨¦ extendida en algunas zonas de la Am¨¦rica profunda -las mismas que aplauden con entusiasmo al fiscal Aschcroft-, pero deber¨ªa estar contraindicada con la cultura democr¨¢tica europea. La reinserci¨®n debe ser siempre el horizonte de la actuaci¨®n penal. Y aqu¨ª es donde aparecen las responsabilidades institucionales. Para que el sistema de permisos funcione se tiene que explicar bien su sentido y se tienen que aplicar criterios claros y rigurosos. Siempre habr¨¢ fracasos, el sistema perfecto no existe. Pero es necesario evitar las situaciones de burocratismo o de desidia que acaban desacreditando el procedimiento.

Evidentemente, las responsabilidades pol¨ªticas se acrecientan cuando presos considerados muy peligrosos se fugan de las c¨¢rceles. Y si ocurre m¨¢s de una vez en poco tiempo, resulta indudable que se han producido fallos graves que obligan a interpelar al Departamento de Justicia de la Generalitat, que es el responsable de prisiones. (Un departamento que, dicho sea de paso, ha sido feudo tradicional de Uni¨® Democr¨¤tica). Siempre he pensado que en la c¨¢rcel s¨®lo tendr¨ªan que estar los delincuentes que en la calle son un grave peligro objetivo para los dem¨¢s. Que se escape una persona de estas caracter¨ªsticas, sea desde dentro o sea en un desplazamiento (16 fugados en Catalu?a de unas mil personas que salieron de la c¨¢rcel acompa?adas policialmente en lo que va de a?o), es algo m¨¢s que un fallo. Y si no, a la vista est¨¢n las consecuencias: el crimen de los fugados de Lleida que fueron detenidos en Collserola. Creo que forma parte de las obligaciones de la pol¨ªtica dar a la sociedad cierta reparaci¨®n simb¨®lica por determinados errores u omisiones. Y en este caso, a mi entender, la dimisi¨®n del consejero era por lo menos ritualmente imprescindible.

En resumen: realismo sobre las fugas -las habr¨¢ siempre porque los delincuentes tienen motivos sobrados para intentarlo y porque los sistemas de seguridad perfectos no existen-, optimizaci¨®n de la pol¨ªtica de permisos, con la convicci¨®n de que son pieza fundamental de una pol¨ªtica penitenciaria democr¨¢tica, y, evidentemente, revisi¨®n de la desafortunada gesti¨®n penitenciaria de la Generalitat. M¨¢s all¨¢ de este marco se corre el riesgo de acercarse peligrosamente a la intransigencia, que en materia de seguridad, se est¨¢ convirtiendo en el lema de la correcci¨®n pol¨ªtica del momento.