H¨¢gase la oscuridad
La p¨¦sima gesti¨®n del sistema el¨¦ctrico, en la que est¨¢n implicados con diversos grados de responsabilidad las compa?¨ªas el¨¦ctricas, la Administraci¨®n p¨²blica y Red El¨¦ctrica de Espa?a, dej¨® sin luz y calor durante m¨¢s de una hora a 600.000 ciudadanos de Madrid y Valencia en la tarde m¨¢s fr¨ªa del a?o. A pesar de que los usuarios espa?oles pagan cara la electricidad que consumen, el servicio se ha degradado en los ¨²ltimos a?os hasta infracalidades propias de pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo. Los apagones intermitentes han sido moneda corriente en localidades peque?as, a principios de a?o se amenaz¨® con la probabilidad de un gran apag¨®n durante los meses de verano, a finales de la semana pasada el temporal provoc¨® un apag¨®n en Catalu?a que todav¨ªa no se ha resuelto y Red El¨¦ctrica tuvo que ordenar el lunes un cierre ordenado del suministro en algunas zonas localizadas que afect¨® principalmente a Madrid y Valencia.
La ola de fr¨ªo explica el crecimiento de las exigencias de suministro el¨¦ctrico; pero en ning¨²n caso puede justificar que un pa¨ªs con un elevado nivel de desarrollo no disponga de la red suficiente para atender una punta de demanda derivada de un periodo de fr¨ªo intenso anticipado por los meteor¨®logos. Las el¨¦ctricas espa?olas, que controlan el mercado en r¨¦gimen de oligopolio, han cobrado a los usuarios unos 500.000 millones de pesetas durante los ¨²ltimos tres a?os en concepto de garant¨ªa de potencia, se supone que para asegurar fuera de toda duda el suministro a empresas y hogares en cualquier circunstancia y condici¨®n, y tambi¨¦n perciben de la tarifa cuantiosas remuneraciones al servicio de distribuci¨®n. A la vista de los resultados de esa garant¨ªa, hay que preguntar qu¨¦ han hecho las empresas con ese dinero, d¨®nde lo han invertido y si el Gobierno exigir¨¢ cuentas. Las inversiones for¨¢neas y en dudosos proyectos de diversificaci¨®n explican en parte el desbarajuste el¨¦ctrico espa?ol.
Las el¨¦ctricas no han invertido lo que deb¨ªan en la construcci¨®n de subestaciones, mejora de redes y modernizaci¨®n de instalaciones, y est¨¢ igualmente claro que existe una responsabilidad de la Administraci¨®n p¨²blica por permitir que a trav¨¦s de unas tarifas reguladas se perciban cantidades que despu¨¦s no se aplican a la finalidad pactada, sin que el Gobierno les haya exigido que inviertan para conseguir niveles de calidad aceptable en producci¨®n y distribuci¨®n. Como consecuencia de este cruce de irresponsabilidades, el sistema el¨¦ctrico opera hoy en una situaci¨®n cr¨ªtica. La pretensi¨®n de las compa?¨ªas de vincular las inversiones a la subida futura de las tarifas debe ser entendida, vistos los antecedentes, como una presi¨®n inaceptable, y, en consecuencia, rechazarse de plano. Lo que cabe preguntarse es si al Gobierno no se le ocurre otra cosa que pedir a los ayuntamientos que retrasen dos horas el encendido de las luces navide?as.
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