La LOU, en marcha

El Congreso de los Diputados aprob¨® el jueves el texto definitivo de la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), tras un vertiginoso paso por el Senado en el que ha sido ampliamente enmendada. Esas enmiendas no han sido menores, y alguna de ellas abre v¨ªas que permitir¨¢n compatibilizar determinadas tareas docentes entre universidades p¨²blicas y privadas mediante convenios. La tramitaci¨®n parlamentaria ha ido acompa?ada de un debate a veces confuso, pero que ha servido para poner de manifiesto el profundo desacuerdo de amplios sectores de la comunidad universitaria con aspectos sustanciales de la ley y, sobre todo, con los procedimientos empleados para elaborarla.

Pero las leyes, una vez promulgadas, deben ser aplicadas. Y en este caso deben serlo por las mismas universidades que se han sentido agredidas. El proceso, por lo tanto, no ha terminado, sino s¨®lo una de sus fases. Ahora se inicia otra en la que los claustros y juntas de gobierno tendr¨¢n que adaptar la compleja normativa interna a la ley, las comunidades aut¨®nomas tendr¨¢n que completar una parte de las previsiones legales en el marco de sus competencias y, sobre todo, habr¨¢ que poner a prueba los efectos de las modificaciones que se han introducido, especialmente en lo que se refiere a la selecci¨®n del profesorado y a los ¨®rganos de gobierno universitarios.

Ni se ha producido un compromiso gubernamental de aumento de dotaciones econ¨®micas, primer paso, aunque no ¨²nico, para mejorar la calidad de nuestra educaci¨®n superior, ni parece que la belicosa actitud del Gobierno predisponga a un apoyo sin reticencias a nuestras universidades. Pero sin un incremento de los recursos dedicados a la educaci¨®n superior y la investigaci¨®n, hasta alcanzar niveles que nos permitan homologarnos con los pa¨ªses de nuestro entorno, sin una idea de universidad que trascienda los rifirrafes entre sectores del profesorado y la sit¨²e, con amplitud de miras y generosidad, en la posici¨®n central que debe tener en las sociedades modernas, y sin el apoyo decidido de la comunidad universitaria, parece dif¨ªcil que se produzca la transformaci¨®n que nuestro sistema universitario demanda. Una transformaci¨®n que todo el mundo considera vital para el futuro de nuestro pa¨ªs, pero que puede ser obstaculizada por una ley discutible en sus contenidos y mal negociada con sus destinatarios m¨¢s inmediatos.