Otra realidad

EL PA?S del 9 de diciembre comenta la reclamaci¨®n, por parte de la empresa minera Tolsa, de 2.700 millones de pesetas de indemnizaci¨®n por ser imposible la extracci¨®n de sepiolita en sus concesiones como consecuencia de las obras de la M-45.

Parecer¨ªa que nos encontramos ante un conflicto de intereses t¨ªpico de las operaciones urban¨ªsticas, aderezadas siempre con un mayor o menor nivel de especulaci¨®n.

La realidad es muy distinta; deber¨ªa haberse discutido si un recurso natural, en este caso la sepiolita, debe ser utilizado o si resulta leg¨ªtimo que se realicen actuaciones humanas que imposibiliten su utilizaci¨®n; todo ello deber¨ªa discutirse con independencia del destinatario y la cuant¨ªa de los beneficios econ¨®micos.

La Constituci¨®n, en su art¨ªculo 45.2, encomienda a los poderes p¨²blicos velar por el uso racional de los recursos naturales; no parece que aqu¨ª se haya planteado la cuesti¨®n.

Los yacimientos minerales son concentraciones an¨®malas de sustancias en la corteza terrestre que permiten su utilizaci¨®n por el hombre. Son recursos naturales que forman parte de la riqueza del pa¨ªs, que debe estar subordinada al inter¨¦s general.

En los ¨²ltimos 15 o 20 a?os, desde los medios de comunicaci¨®n y desde los poderes p¨²blicos se ha transmitido la idea de que la actividad extractiva beneficia exclusivamente a las empresas que realizan la explotaci¨®n a cambio de producir da?os en el medio ambiente.

Nada m¨¢s alejado de la verdad: la empresa constructora concesionaria de una autopista debe cumplir las disposiciones medioambientales, y la empresa minera concesionaria de una explotaci¨®n, tambi¨¦n; los poderes p¨²blicos deben velar por que sea as¨ª.

No puede plantearse la existencia de sectores patito feo causantes de todos los males y sectores estrella que resulten una bendici¨®n de Dios.

Desgraciadamente, la miner¨ªa se considera hoy un sector patito feo y se olvida que es imprescindible para el bienestar. Cuando olvidamos que los recursos mineros son bienes que debemos utilizar racionalmente, podemos llegar a situaciones tan absurdas como las comentadas en EL PA?S el pasado d¨ªa 9. ?Se debe indemnizar? ?Con qu¨¦ montante?

Las preguntas a contestar son distintas: ?Espa?a puede permitirse el lujo de no aprovechar la sepiolita? ?Podr¨ªan darse alternativas para racionalizar la utilizaci¨®n de los recursos? Ni Espa?a ni ning¨²n otro pa¨ªs pueden permitirse pol¨ªticas que no tengan como objetivo el desarrollo sostenible.

La existencia de los yacimientos de sepiolita es conocida de antiguo por la Administraci¨®n. ?Qu¨¦ dice el Plan General de Madrid de 1997 sobre los recursos naturales de sepiolita que afecta? Si trat¨® el problema existente y dio una soluci¨®n, s¨®lo debemos esperar que los tribunales act¨²en y resuelvan el recurso presentado por Tolsa. Si el Plan General no aporta un an¨¢lisis de sus efectos sobre los recursos naturales de sepiolita, estar¨¢ viciado de inconstitucionalidad, ya que los poderes p¨²blicos no habr¨¢n cumplido el mandato del art¨ªculo 45.2 de la Constituci¨®n.

Me temo que lo ocurrido sea esto ¨²ltimo y que el caso del Plan General de Madrid no sea una excepci¨®n. Todo plan debe ser contemplado en el tiempo y en el espacio, y no parece l¨®gico que, volviendo al caso del Plan General de Madrid, se proyecten unos barrios y una carretera que tenga efectos negativos sobre aqu¨¦llos, hasta el punto de que a posteriori deba pedirse a las empresas concesionarias que 'levanten grandes murallones de tierra de hasta diez metros de altura'. Mucho me temo que la pol¨ªtica haya sustituido el desarrollo sostenible por el del beneficio sostenido de los que tienen el poder.