La fiscal¨ªa tiene sin resolver 12.000 casos derivados de la nueva Ley Penal del Menor
Servicios Sociales cree que el 'atasco' impide aplicar los aspectos educativos de la ley
La Consejer¨ªa de Servicios Sociales denuncia que el atasco provocado en la Fiscal¨ªa de Madrid con la entrada en vigor, hace un a?o, de la nueva Ley Penal del Menor 'ha desvirtuado' sus aspectos m¨¢s educativos. Seg¨²n sus datos, la fiscal¨ªa a¨²n tiene sin resolver 12.000 (m¨¢s del 85%) de los 14.000 expedientes de menores infractores llegados desde enero de 2001 (en 2000 hubo 3.000). 'Ante este c¨²mulo, jueces y fiscales resuelven los casos m¨¢s graves, que se sancionan con ingresos en reformatorios, en detrimento de los que precisan medidas educativas', se?ala Servicios Sociales.
El aumento de trabajo en la Fiscal¨ªa de Madrid se debe a que la nueva Ley Penal del Menor eleva la edad de responsabilidad de los 16 a los 18 a?os. Eso significa que los autores de delitos menores de edad deben ser juzgados por jueces y fiscales especializados, y no por los tribunales ordinarios. Tampoco pueden ingresar en prisi¨®n, sino en reformatorios. La norma establece, adem¨¢s, una serie de medidas alternativas al internamiento.
La v¨ªspera de la entrada en vigor de la ley -el 13 de enero de 2001-, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, advirti¨® de que necesitaba m¨¢s medios para afrontar la avalancha de asuntos que iba a generar la nueva norma. Antes de enero de 2001 en Madrid s¨®lo hab¨ªa cinco fiscales de menores. Fern¨¢ndez Bermejo reclam¨® al Ministerio de Justicia 12 m¨¢s, pero ¨¦ste s¨®lo habilit¨® siete.
El descontento por la falta de medios no s¨®lo se vive en la fiscal¨ªa. En junio de 2001, cuatro meses despu¨¦s de la entrada en vigor de la ley, los seis jueces de menores de Madrid decidieron dejar en libertad a los j¨®venes que llegasen detenidos a sus juzgados sin haber sido estudiados antes por un equipo t¨¦cnico de la fiscal¨ªa -psic¨®logo, educador y asistente social-, como exige la ley. Aduc¨ªan que esos equipos t¨¦cnicos carec¨ªan de un turno de guardia para los fines de semana.
As¨ª, en junio de 2001 la titular del Juzgado de Menores n¨²mero 6 de Madrid, Mar¨ªa Gracia Mart¨ªn Duarte, liber¨® a un joven de 17 a?os, supuestamente implicado en un homicidio, porque el s¨¢bado que compareci¨® ante ella no hab¨ªa equipos t¨¦cnicos de guardia que lo evaluasen. Ante esta medida de fuerza, el Ministerio de Justicia habilit¨® en agosto el reclamado turno de guardia.
La directora del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia (IMMF), Esperanza Garc¨ªa, considera que la ley 'es buena, pero el atasco que padece la fiscal¨ªa ha hecho que se primen sus aspectos m¨¢s punitivos y no los m¨¢s educativos'. 'Respecto al a?o pasado se han cuatriplicado los internamientos cautelares [pendientes de juicio] en reformatorios, pasando de 33 a 112, y, sin embargo, s¨®lo se han dictado 410 medidas de reparaci¨®n extrajudicial frente a las 1.104 de 2.000', a?ade.
La reparaci¨®n extrajudicial es una medida que consiste en que el menor infractor pida directamente perd¨®n a su v¨ªctima o realice alguna actividad en beneficio de ella o de la comunidad: por ejemplo, reparar aquello que haya roto o ayudar desinteresadamente en una residencia de ancianos. Normalmente esta sanci¨®n s¨®lo se aplica en los delitos menos graves, por ejemplo, en da?os a coches o a mobiliario. 'Lo que ocurre es que, con el atasco que hay, jueces y fiscales resuelven cuanto antes los casos de delitos m¨¢s graves y dejan a la espera aquellos en los que se dictan estas medidas de reparaci¨®n', se?ala la directora del IMMF.
Garc¨ªa tambi¨¦n considera significativo que en todo un a?o no se haya sancionado a ning¨²n chaval con la asistencia a un centro de d¨ªa, en el que se realizan actividades educativas. El IMMF s¨®lo dispone de un centro de d¨ªa con 15 plazas para la aplicaci¨®n de estas medidas, aunque este mes espera poner en marcha otros cinco m¨¢s con 112 plazas adicionales.
'Nosotros esper¨¢bamos que en 2001 la fiscal¨ªa resolviera de 4.500 a 5.000 casos, pero calculamos que para cuando cerremos el ejercicio de este a?o, el pr¨®ximo d¨ªa 9, no superar¨¢n las 1.800. En 2000 fueron 3.000 los expedientes y se resolvieron 2.315', agrega Garc¨ªa.
Este a?o tambi¨¦n se ha reducido el n¨²mero de libertades vigiladas, una medida que consiste en que el menor siga, en libertad, una serie de pautas de conducta (horarios, actividades educativas...) bajo el control de diversas empresas y ONG. En 2000 hubo 131, que han quedado reducidas a 94 el a?o pasado.
El internamiento en un reformatorio es la sanci¨®n m¨¢s dura que contempla la Ley del Menor, ya que supone una privaci¨®n de libertad, y por eso se reserva para los delitos m¨¢s graves, que supongan violencia contra las personas. De los chavales que han pasado en 2001 por las 92 plazas de los cuatro reformatorios madrile?os (El Pinar, Renasco, El Madro?o y el semiabierto Altamira), el 90% hab¨ªa cometido robos con intimidaci¨®n (atracos). S¨®lo hubo tres casos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa.
Los internos
El 60% de los internos de reformatorios son magreb¨ªes, que, tras emigrar solos a Espa?a, acaban en la delincuencia y la marginaci¨®n. Entre ellos hay tambi¨¦n chicos latinoamericanos, sobre todo colombianos. ?nicamente tres chicas han pasado por estos centros en r¨¦gimen cerrado.
El Gobierno regional prev¨¦ abrir este a?o otros dos reformatorios: uno semiabierto, con 10 plazas, que se inaugura este mes en Puerta Bonita (Carabanchel), y otro cerrado, con 24 camas, en una ubicaci¨®n a¨²n por concretar. Tambi¨¦n iniciar¨¢ las obras de un centro 'de seguridad', con 50 plazas ampliables a 100, junto a la prisi¨®n de Valdemoro. Por otra parte, el Gobierno central abrir¨¢ en abril, en el antiguo m¨®dulo de mujeres de la c¨¢rcel de Carabanchel, un reformatorio para menores imputados en delitos de terrorismo urbano o kale borroka (lucha callejera en euskera), con 20 plazas.
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