Cr¨ªticas al juez por archivar la denuncia contra la pol¨ªc¨ªa sin ver las pruebas

Los abogados de las entidades que se querellaron contra la polic¨ªa y la delegada del Gobierno en Catalu?a, Julia Garc¨ªa-Valdecasas, aseguraron ayer que el juez que orden¨® el pasado lunes archivar las diligencias, Emili Vila, 'ha tomado una decisi¨®n precipitada' porque no ha investigado previamente lo sucedido en la manifestaci¨®n antiglobalizaci¨®n del pasado 24 de junio en Barcelona.

'Como m¨ªnimo, para salvar la est¨¦tica, el juez deber¨ªa haber practicado otras pruebas objetivas y no limitarse a interrogar s¨®lo a los presuntos culpables , que declararon como imputados sin la obligaci¨®n de responder ni de decir la verdad', se?al¨® ayer ?lex Sol¨¤, uno de los abogados que redactar¨¢n el recurso contra el auto de archivo de la querella. Sol¨¤ cree que, desde el punto de vista meramente t¨¦cnico, la falta de las pruebas solicitadas por la parte querellante (el estudio de material gr¨¢fico y la declaraci¨®n de un centenar de testigos) 'ya vicia de nulidad procesal' el auto del juez Emili Vila.

En su recurso, los abogados argumentar¨¢n tambi¨¦n que de las declaraciones efectuadas por los dos mandos policiales ante el juez se desprenden elementos suficientes para sostener que se produjo el delito, 'con tentativa, dolo directo o eventual, o incluso por imprudencia', de impedimento del libre ejercicio de los derechos fundamentales.

Al margen del recurso ante la Audiencia, las entidades querellantes pueden recurrir a otras v¨ªas. El abogado Jaume Asens cit¨®, entre otras, la v¨ªa administrativa. 'Podemos exigir responsabilidades en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el mal funcionamiento de la Administraci¨®n p¨²blica en este caso', dijo Asens.

I?aki Garc¨ªa, miembro de la comisi¨®n legal de la Campa?a contra el Banco Mundial, tampoco descart¨® las v¨ªas pol¨ªticas o de sensibilizaci¨®n para forzar la investigaci¨®n de lo sucedido en la manifestaci¨®n. Garc¨ªa consider¨® que el juez ha 'discriminado' a la sociedad civil, puesto que ha 'valorado m¨¢s la opini¨®n de un funcionario que la de cerca de un centenar de entidades'.