El segundo escal¨®n de la LOU

Mientras el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, anunciaba un desarrollo de la LOU en el ¨¢mbito de su competencia que minimizara los 'efectos negativos' de la ley, en la Comunidad Valenciana el director general de Universidades, Salvador Forner, daba a conocer las Bases para el desarrollo auton¨®mico de la Ley Org¨¢nica de Universidades y mostraba su satisfacci¨®n por ser la comunidad aut¨®noma m¨¢s avanzada en el proceso. Tan avanzada que los rectores y presidentes de los consejos sociales de las universidades valencianas ya han sido citados para abordar el tema esta misma semana, en el marco de un Consejo Asesor 'donde las bases pasen a ser definitivas', en palabras de Forner.

Tanto lo que se dice como lo que no se dice en esas Bases suscita inquietud de los responsables acad¨¦micos. No se dice nada de la composici¨®n definitiva de los consejos sociales, salvo la reducci¨®n a seis miembros de la representaci¨®n acad¨¦mica (miembros de la comunidad universitaria), tal y como establece la LOU, lo que deja el campo abierto a que la Administraci¨®n dise?e la mayor¨ªa pol¨ªtica y social que considere pertinente. La direcci¨®n general de Universidades baraja un ¨®rgano de en torno a 25 miembros. Tampoco dice nada acerca de si se mantiene o no la capacidad de intervenci¨®n y control a priori de las cuentas de la universidad recogida en el proyecto de ley elaborado (y aparcado) el a?o pasado por el Consell, tan contestado desde el campus. S¨ª se habla de la posible supresi¨®n del Consejo Social Interuniversitario incluido en ese proyecto. En este caso, la cuesti¨®n es si los actuales presidentes de consejos sociales defensores de su creaci¨®n aceptar¨¢n de buen grado la supresi¨®n del mismo.

S¨ª se dice, y ello ha creado malestar en los responsables acad¨¦micos, que los miembros del Organismo Valenciano de Acreditaci¨®n, encargado de evaluar los m¨¦ritos del profesorado a contratar, ser¨¢n nombrados por dos consejer¨ªas y las Cortes Valencianas, con mayor¨ªa absoluta del PP, por 'un periodo de 10 a?os' y 'sin posible revocaci¨®n de los mismos'. 'Lo dejan atado y bien atado', se?ala un importante cargo universitario, 'sin que se conceda siquiera a la universidad la posibilidad de proponer candidatos con m¨¦ritos acreditados'.La LOU se?ala entre las competencias auton¨®micas 'la regulaci¨®n del r¨¦gimen jur¨ªdico y retributivo del profesorado contratado' y 'la capacidad para establecer retribuciones adicionales', que el Consell puede regular por decreto. La ley establece 7 categor¨ªas de profesores contratados. Dos son nuevas: 'contratados doctores' (en dos niveles, equivalentes al catedr¨¢tico y al titular de universidad) y los 'colaboradores' (equivalente a titular de escuela universitaria). En las restantes figuras, destacan los incrementos retributivos para profesores ayudantes doctores y ayudantes en formaci¨®n, que las Bases para el desarrollo auton¨®mico de la LOU sit¨²an entre un 30% y 40 % sobre las actuales. Pero no dicen c¨®mo se financiar¨¢n estos incrementos. Mientras tanto, responsables universitarios se?alan la imposibilidad actual de contratar profesores 'ni con arreglo a la LRU, porque est¨¢ derogada, ni por la LOU, porque est¨¢ pendiente de desarrollo auton¨®mico'.

Los profesores funcionarios podr¨¢n recibir tres tipos de 'retribuciones adicionales', bien por m¨¦ritos de 'calidad' o 'movilidad' docente e investigadora, bien por m¨¦ritos 'de gesti¨®n acad¨¦mica'. Un profesor puede ver aumentados sus ingresos en cantidades entre los 1.600 y los 9.000 euros. Son cantidades que establece el Consell, pero que deber¨¢n asignar las universidades a los profesores que lo soliciten y vean aprobada su petici¨®n por el Consejo Social. Algunas universidades (Polit¨¦cnica y Jaume I), que ya hab¨ªan comenzado a aplicar este tipo de complementos retributivos por el art¨ªculo 46.2 de la LRU, deber¨¢n adaptarlos 'a lo establecido' en las Bases, con efectos 'de octubre de 2002'. Las dem¨¢s, se enfrentan a la peliaguda cuesti¨®n de d¨®nde saldr¨¢n recursos para sufragar esas retribuciones adicionales de sus funcionarios. El asunto resulta especialmente problem¨¢tico para la Universidad de Valencia, la de mayor porcentaje de profesorado funcionario en la plantilla. Si, tal como comentan distintas fuentes, la Administraci¨®n propone que el dinero salga de la financiaci¨®n por objetivos, el debate est¨¢ servido. Los sindicatos, por su parte, plantean que este tema debe ser abordado en la mesa sectorial de universidades, cuya constituci¨®n es, como subraya FETE-UGT, una reivindicaci¨®n que viene de largo. CCOO, por su parte, recuerda la propuesta de un convenio global que incluir¨ªa al profesorado contratado y que requerir¨ªa formar una comisi¨®n negociadora.