El Gobierno cerr¨® el a?o pasado 22 residencias 'piratas' de ancianos

El Gobierno regional decret¨® en 2001 el cierre de 22 residencias piratas de ancianos -el triple que en 2000, cuando fueron clausurados siete centros-, seg¨²n el avance de la memoria de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales. En estos centros viv¨ªan 320 ancianos que no recib¨ªan los cuidados m¨¦dicos, higi¨¦nicos y alimenticios necesarios. Francisco Panadero, secretario general t¨¦cnico de la consejer¨ªa, explica que tanto las denuncias (un 23% m¨¢s en 2001 que en 2000) como las inspecciones han aumentado. La Comunidad espera aprobar en febrero la ley que regular¨¢ el funcionamiento de estas residencias.

'Durante el a?o 2001, sobre todo en el ¨²ltimo trimestre, los esfuerzos de la labor inspectora se han centrado en el seguimiento especial de centros no autorizados, al objeto de persuadir a sus titulares de que cesasen su actividad', afirma Francisco Panadero. Como consecuencia de esta campa?a iniciada en la Consejer¨ªa de Servicios Sociales de la Comunidad para intentar detectar y clausurar estas residencias piratas, se ha decretado el cierre de 22 centros ilegales, aunque cinco de ellos todav¨ªa est¨¢n pendientes de los ¨²ltimos tr¨¢mites judiciales.

Seg¨²n los datos facilitados por la consejer¨ªa, cuatro de estos centros clandestinos estaban situados en Madrid capital, y en ellos viv¨ªan 45 ancianos en condiciones preocupantes. Un piso en el distrito de Chamart¨ªn y un chal¨¦ en el barrio de Salamanca fueron los centros en los que se produjeron situaciones m¨¢s precarias para los ancianos. Estos dos centros estaban gestionados por la misma persona. Su propietario abri¨® primero una residencia en Chamart¨ªn y, al ser detectada su actividad ilegal por los inspectores y posteriormente cerrado el establecimiento, se instal¨® en el distrito de Salamanca.

Esta segunda vez el cierre se produjo gracias a la colaboraci¨®n de los vecinos, que advirtieron de que en una casa habitaba una veintena de ancianos. Los inspectores comprobaron que el local carec¨ªa de la necesaria licencia. 'Los vecinos nos alertaron de la existencia en un chal¨¦ de un gran n¨²mero de ancianos. Cuando llegamos all¨ª nos encontramos con 20 de ellos en un local que no ten¨ªa ni los permisos municipales', relata un inspector.

'La t¨®nica es com¨²n en los centros que funcionan de manera clandestina, aunque en estos dos la situaci¨®n de los ancianos fue algo m¨¢s dura', se?ala Panadero. 'Malnutrici¨®n, falta de higiene y ausencia de personal especializado son circunstancias habituales en estas residencias, en las que vale m¨¢s el negocio de quienes los regentan que el cuidado de los mayores', agrega.

Suciedad y abandono

En Galapagar, la Comunidad detect¨®, tras una denuncia, la exisrencia de una casa en la que 10 ancianos viv¨ªan rodeados de suciedad, cuidados por trabajadores irregulares y sin cualificaci¨®n y abandonados por las noches.

En tres de los cierres ordenados en 2001 fueron los propios due?os de las residencias piratas los que decidieron, tras ser descubiertos, cesar su actividad.

El n¨²mero de denuncias por el mal funcionamiento de residencias de ancianos va en aumento. En 2001 fueron 162 las denuncias presentadas (casi un 23% m¨¢s que el a?o anterior), y se impusieron 88 sanciones. La labor de inspecci¨®n de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales tambi¨¦n se ha incrementado de oficio: los t¨¦cnicos regionales han realizado 587 visitas (un 6% m¨¢s que en 2000). La cifra de sanciones impuestas ha aumentado, asimismo, en un 40%, sumando un total de 850.552 euros (141 millones de pesetas) en multas.

En la regi¨®n, seg¨²n los datos de la Comunidad, viven 684.000 mayores de 65 a?os y hay 11.000 plazas en residencias p¨²blicas -propias y concertadas-, en las que los ancianos pagan del 20% al 80% de su pensi¨®n. Existen, adem¨¢s, 874 camas cofinanciadas con centros privados, donde los ancianos abonan el 60% del precio de la plaza y el resto es sufragado por Servicios Sociales.

Ocho inspectores controlan el buen funcionamiento de las 385 residencias privadas y las 45 p¨²blicas que existen en la regi¨®n -y en las que viven 27.000 ancianos- con una normativa que a veces no les permite actuar con la contundencia que desean, seg¨²n Servicios Sociales.

Dos de los casos que m¨¢s repercusi¨®n social alcanzaron en 2001 fueron los cierres de dos residencias en Colmenar Viejo que acumulaban seis denuncias graves. S¨®lo la intervenci¨®n de la juez, que decret¨® un procedimiento penal sobre los hechos acaecidos en los centros -falta de personal cualificado y exceso de medicaci¨®n sin control- permiti¨® el cierre definitivo de ambas residencias piratas.

'En las denuncias, a veces nos cuentan que ven a personas atadas; en otras ocasiones se nos dice que no hay limpieza y, por lo general, todos se quejan de que pasan hambre', cuenta el inspector. 'Cuando acudimos a las residencias de Colmenar Viejo nos sorprendi¨®, adem¨¢s del gran n¨²mero de medicinas que hab¨ªa en grandes bolsas sin control alguno, el hecho de que no hab¨ªa comida. Preguntamos a los responsables qu¨¦ ten¨ªan pensado dar para desayunar a los ancianos al d¨ªa siguiente, porque no hab¨ªa ni leche. Eso s¨ª, nos pusieron la calefacci¨®n, a pesar de que hac¨ªa mucho calor ese d¨ªa, porque ten¨ªan varias denuncias debido a que los ancianos se quejaban de que pasaban fr¨ªo', a?ade el inspector de la consejer¨ªa.

Los ancianos, seg¨²n relatan en Servicios Sociales, no suelen quejarse. 'Tienen miedo a las represalias. Las familias son quienes m¨¢s se acercan a nosotros, aunque a veces tampoco. Porque son muchos, cada vez m¨¢s, los que aparcan a sus mayores en estos centros y no quieren saber nada m¨¢s de ellos', dice un portavoz de la consejer¨ªa. 'Son muchas las ocasiones en las que, cuando queremos cerrar una residencia, nos encontramos con la oposici¨®n de las familias, que se niegan a hacerse cargo de los ancianos. A veces niegan la evidencia de las malas condiciones en las que viven con tal de no recogerlos', recalca.

Juez de mayores

Pilar Mart¨ªnez, consejera de Servicios Sociales, ha propuesto la creaci¨®n de un juez de mayores que act¨²e de manera coordinada con la consejer¨ªa. Y lo ha hecho a trav¨¦s de una propuesta de ley que ha entregado en la Asamblea para que sea sometida a estudio de los diferentes partidos pol¨ªticos. 'Ya hemos recibido las alegaciones del PSOE', se?ala Panadero, 'y casi todas se incluir¨¢n en la ley. Esperamos que el texto definitivo est¨¦ listo el pr¨®ximo mes de febrero y que la ley se apruebe en el primer trimestre', dice.

Esta nueva ley obligar¨¢ a todas aquellas personas que deseen dirigir una residencia a realizar un cursillo b¨¢sico dentro del marco general de centros residenciales. La ley ser¨¢ desarrollada posteriormente en un reglamento que recoger¨¢, entre otras cosas, el modo de regular las viviendas en las que viven cinco ancianos o menos y que no son consideradas como residencias.