Quebranto por imperativo social

Los nervios de Jos¨¦ Carlos Garrig¨®s est¨¢n a punto de estallar. Su magn¨ªfico chal¨¦ en primera l¨ªnea de mar en el Monta?ar Alto de X¨¤bia, tasado por los t¨¦cnicos de la Agencia Tributaria en 1993 en 92.521.524 pesetas (556.065 euros), fue embargado y vendido en 1995 por 12 millones de pesetas (72.121 euros) en virtud de un expediente que fue posteriormente anulado por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ).

La Agencia Tributaria, tras a?os de pleitos y reclamaciones, accedi¨® en marzo de 2000 a devolver a Garrig¨®s 12 millones de pesetas, el valor que obtuvo en la adjudicaci¨®n directa del inmueble, y los intereses correspondientes. En una farragosa misiva remitida a Garrig¨®s, el director general de la entidad sugiere que todo el procedimiento fue ajustado a derecho y que no caben ulteriores reclamaciones porque el 'administrado' tiene 'la obligaci¨®n de soportar la carga' y 'el deber de sacrificarse por la sociedad'.

Los hechos se remontan a diciembre de 1990. Los servicios de inspecci¨®n de la Agencia Tributaria reclamaron a Garrig¨®s y su esposa unas deudas tributarias 'como consecuencia de incrementos patrimoniales' que no fueron consignados en las declaraciones de renta que presentaron entre 1984 y 1987. En conjunto, la agencia reclamaba 84 millones de pesetas m¨¢s los intereses correspondientes.

Garrig¨®s alega que su esposa recibi¨® en herencia unos fondos depositados en primas ¨²nicas de La Caixa -que entonces eran un producto fiscalmente opaco que ofrec¨ªan varias entidades ampar¨¢ndose en un vac¨ªo legal- y que la inversi¨®n de esos fondos permiti¨® a los t¨¦cnicos detectar su existencia.

Una primera reclamaci¨®n ante el Tribunal Econ¨®mico Administrativo Regional de Valencia desestim¨® los recursos presentados por Garrig¨®s en diciembre de 1995. Pero el TSJ s¨ª admiti¨® un posterior recurso presentado en 1996 y, en una sentencia dictada en septiembre de 1998, anul¨® todo el procedimiento administrativo desarrollado por la Agencia Tributaria debido a una 'interrupci¨®n injustificada de las actuaciones' durante 15 meses. Un silencio que implica la suspensi¨®n del expediente.

Sin embargo, la agencia mantuvo vivo el procedimiento de apremio y embarg¨® el chal¨¦ enclavado en los riscos que cierran la playa del Arenal de X¨¤bia 'ante la falta de ingreso en periodo voluntario' de las deudas reclamadas 'as¨ª como la falta de presentaci¨®n de garant¨ªas'.

El inmueble sali¨® a subasta en noviembre de 1995 valorado en 56 millones en primera licitaci¨®n y en 42 en segunda. Pero la subasta 'result¨® desierta' y la Agencia Tributaria inici¨® los tr¨¢mites para 'la venta mediante gesti¨®n y adjudicaci¨®n directa de la finca'.

La agencia s¨®lo recibi¨® una oferta de 12 millones de pesetas, formulada por Mar¨ªa Irene Girona. La finca fue escriturada a su favor en enero de 1996.

Cuando el TSJ fall¨® a favor de Garrig¨®s y anul¨® todo el procedimiento, la Agencia Tributaria le devolvi¨® esos 12 millones y los intereses legales.

Tres t¨¦cnicos consultados por este peri¨®dico ofrecen opiniones discrepantes. El primero considera que Garrig¨®s deb¨ªa haber ofrecido garant¨ªas para evitar el embargo y venta de su propiedad. Otro considera 'imposible' que la Agencia Tributaria ejecutara el embargo mientras el asunto se encontraba en manos de la justicia. El tercero defiende la misma posici¨®n y lamenta que la agencia funcione como un organismo aut¨®nomo que elude las consultas al Consejo de Estado. Pero los tres se?alan que, a la larga, la Agencia Tributaria tendr¨¢ que compensar a Garrig¨®s, restituir el valor tasado de su propiedad y desembolsar los correspondientes intereses.

Garrig¨®s ha llevado el caso a la Audiencia Nacional. Ahora exige la restituci¨®n de su propiedad o de un valor equivalente; compensaciones por lucro cesante; y el pago de una abultada factura por gastos m¨¦dicos. Pero duda de que sus nervios puedan soportar el largo pleito que se avecina.