?Participar en Europa? Cuesti¨®n de voluntad
El autor considera que si m¨¢s del 65% de la normativa que se da en Espa?a viene impuesta desde la UE, es normal que las autonom¨ªas no s¨®lo tengan el derecho sino el deber de estar en los foros donde se adoptan las decisiones que vinculan a sus ciudadanos
A partir del 1 de enero de 2002 hemos empezado a convivir f¨ªsicamente con el euro y habr¨¢ quien haya pensado que tan s¨®lo se trata de una nueva moneda. Estamos oyendo hablar de pol¨ªticas monetarias, de tipos de inter¨¦s, de la desaparici¨®n de los endiablados cambios entre la peseta, el franco, el marco o la lira. Tambi¨¦n se nos quedar¨¢ grabado que la entrada en el euro nos llevar¨¢ a un horizonte de estabilidad en el que si somos competitivos se incrementar¨¢ el crecimiento econ¨®mico. Y todo ello ser¨¢ verdad, pero no deja de ser s¨®lo una de las caras de la nueva moneda. La otra, la grabada en la cara opuesta del metal, es la revoluci¨®n pol¨ªtica que comienza,
El euro va a suponer mucho m¨¢s que un nuevo marco econ¨®mico y monetario. Ser¨¢ sobre todo un elemento que provoque una revoluci¨®n pol¨ªtica en Europa, en la que los ¨¢mbitos en los que la soberan¨ªa se va a ejercer van a sufrir profundas modificaciones, transformando el concepto de Estado y diluyendo el significado de las fronteras dentro de la Uni¨®n Europea.
B¨¦lgica deleg¨® la presidencia de siete Consejos de la UE a ministros regionales
Aznar no quiere poner los mecanismos para la participaci¨®n leg¨ªtima de las autonom¨ªas
Probablemente nunca antes estuvo el ideal europeo tan asumido como ahora por el conjunto de los ciudadanos y, parad¨®jicamente, tampoco antes fueron tan evidentes los recelos de la ciudadan¨ªa con respecto al concepto de Europa. La complejidad del sistema de toma de decisiones crea confusi¨®n entre los ciudadanos y el hecho de que el Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- sea una instituci¨®n legislativa democr¨¢tica cuyas deliberaciones son secretas, acrecienta las desconfianzas. Es precisamente para combatir este riesgo de inhibici¨®n ciudadana por lo que con el Tratado de la Uni¨®n Europea de 1992 tom¨® cuerpo en el Derecho Comunitario el llamado principio de subsidiariedad, que no es otra cosa que la voluntad expl¨ªcita de que las decisiones se deben adoptar lo m¨¢s cerca posible del ciudadano y en las condiciones de mayor eficacia. Obviamente los Estados miembros se dieron mucha prisa a la hora de establecer el equilibrio de competencias entre la Uni¨®n y los propios Estados, pero sin embargo algunos resultan m¨¢s remolones cuando se trata de aplicar el mismo principio de subsidiariedad entre el Estado y las regiones con competencias legislativas de su ¨¢mbito interno.
El Estado espa?ol, Estado descentralizado y complejo -por lo menos te¨®ricamente-, no es ajeno al proceso de integraci¨®n europeo del que venimos hablando. En las ¨²ltimas semanas mucho se ha dicho y escrito sobre los posicionamientos de las comunidades aut¨®nomas socialistas, nacionalistas y alguna del Partido Popular de cara a este tema.
Tras la entrada en Europa, la Comunidad Europea adquiere capacidad de decisi¨®n sobre muchas materias. ?stas abarcan desde la pol¨ªtica monetaria hasta la pesca, pasando por la agricultura y la pol¨ªtica de competencia. Por tanto, Europa pasa a influir sobre materias que afectan de manera muy especial a la capacidad de autogobierno de las comunidades aut¨®nomas. As¨ª, hoy podemos decir que m¨¢s del 65% de la normativa que se da en el Estado espa?ol es una normativa que viene impuesta directa o indirectamente desde las instancias comunitarias. De este modo, si el objetivo prioritario de una administraci¨®n, y las auton¨®micas lo son en la misma medida que la central, tiene que ser la defensa correcta y concienzuda de los intereses que afectan a sus ciudadanos, es normal que las comunidades aut¨®nomas no s¨®lo tengan el derecho sino el deber de estar en aquellos foros donde se debaten, negocian y adoptan las decisiones que vinculan a sus ciudadanos.
Las comunidades aut¨®nomas que tienen una mayor sensibilidad por los temas europeos vienen reivindicando desde hace a?os la posibilidad de formar parte de la delegaci¨®n del Estado en los diferentes Consejos de Ministros de la Uni¨®n Europea.
Es m¨¢s, si el Gobierno central tuviera voluntad pol¨ªtica de habilitar a consejeros de las comunidades aut¨®nomas, ¨¦stos podr¨ªan perfectamente representar al propio Estado espa?ol en dichos Consejos, a imagen y semejanza de lo que es pr¨¢ctica habitual de algunos Estados miembros como Alemania o B¨¦lgica, quien ya en 1993, pero sobre todo en su ¨²ltima Presidencia del semestre pasado, deleg¨® la presidencia de siete Consejos de Ministros de la UE a ministros regionales. Esto es absolutamente posible y el propio Tratado de la Comunidad Europea lo dice expresamente.
Es pr¨¢ctica habitual que los diferentes ¨®rganos e instituciones de la Uni¨®n Europea se expresen sobre el Consejo de Ministros y su posible composici¨®n habida cuenta del debate sobre el futuro de la Uni¨®n en el que nos encontramos inmersos. De este modo, y en fechas muy cercanas, el Parlamento Europeo en su sesi¨®n del pasado mes de octubre se pronunci¨® al respecto. As¨ª, en el informe Poos, en su punto 12, se aboga porque en los Estados federales o fuertemente regionalizados las regiones participen en el proceso legislativo europeo y en el propio Consejo en conformidad con el art¨ªculo 203 del Tratado de la CE. Este informe fue aprobado con 442 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones. El Partido Popular (con el futuro yerno del presidente Aznar a la cabeza) vot¨® a favor de este informe.
En fechas todav¨ªa m¨¢s recientes, a mediados del mes de noviembre pasado, en el Comit¨¦ de Regiones se aprob¨® por unanimidad el informe Martini-Schausberger sobre la participaci¨®n de representantes de los Gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Uni¨®n Europea. Todas las comunidades aut¨®nomas del Estado espa?ol forman parte de este Comit¨¦ de Regiones y todas ellas votaron a favor de la tesis de que para el buen funcionamiento de la Uni¨®n es necesaria la participaci¨®n directa de representantes de los entes territoriales regionales en el Consejo dentro de las delegaciones de los Estados miembros.
Otra cuesti¨®n que resulta obsoleta en Europa es el car¨¢cter de relaciones internacionales aplicados a cuestiones internas de la propia Uni¨®n. Cuando el propio euro nos acerca diluyendo las fronteras, cuando incluso los jugadores de f¨²tbol comunitarios no ocupan posici¨®n de extranjeros, no es por casualidad sino la prueba evidente a los ojos de las instituciones comunitarias y del ciudadano llano, de que ya no hay asuntos externos o exteriores dentro de la Uni¨®n Europea. Para m¨¢s perplejidad, el propio Tribunal Constitucional fall¨® ya en 1994 que Europa no es un espacio internacional y que debe de considerarse como ¨¢mbito interno.
Si adem¨¢s -como lo se?ala Carlos Fern¨¢ndez de Casadevante Romani en su libro sobre La Acci¨®n Exterior de las Comunidades Aut¨®nomas- el TC afirma que la Constituci¨®n espa?ola 'no impide que la cooperaci¨®n entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas se proyecte tambi¨¦n en este ¨¢mbito -de las relaciones internacionales- mediante estructuras adecuadas, para las que tanto la propia Constituci¨®n (art. 150.2) como el Derecho comparado (Tratados-marco, etc¨¦tera) ofrecen amplias posibilidades', ?cu¨¢l es el problema?
A nuestro entender uno s¨®lo: la absoluta falta de voluntad pol¨ªtica del Gobierno de Aznar de articular mecanismos que permitan esa participaci¨®n leg¨ªtima.A partir del 1 de enero de 2002 hemos empezado a convivir f¨ªsicamente con el euro y habr¨¢ quien haya pensado que tan s¨®lo se trata de una nueva moneda. Estamos oyendo hablar de pol¨ªticas monetarias, de tipos de inter¨¦s, de la desaparici¨®n de los endiablados cambios entre la peseta, el franco, el marco o la lira. Tambi¨¦n se nos quedar¨¢ grabado que la entrada en el euro nos llevar¨¢ a un horizonte de estabilidad en el que si somos competitivos se incrementar¨¢ el crecimiento econ¨®mico. Y todo ello ser¨¢ verdad, pero no deja de ser s¨®lo una de las caras de la nueva moneda. La otra, la grabada en la cara opuesta del metal, es la revoluci¨®n pol¨ªtica que comienza,
El euro va a suponer mucho m¨¢s que un nuevo marco econ¨®mico y monetario. Ser¨¢ sobre todo un elemento que provoque una revoluci¨®n pol¨ªtica en Europa, en la que los ¨¢mbitos en los que la soberan¨ªa se va a ejercer van a sufrir profundas modificaciones, transformando el concepto de Estado y diluyendo el significado de las fronteras dentro de la Uni¨®n Europea.
Probablemente nunca antes estuvo el ideal europeo tan asumido como ahora por el conjunto de los ciudadanos y, parad¨®jicamente, tampoco antes fueron tan evidentes los recelos de la ciudadan¨ªa con respecto al concepto de Europa. La complejidad del sistema de toma de decisiones crea confusi¨®n entre los ciudadanos y el hecho de que el Consejo Europeo -que representa a los Estados miembros- sea una instituci¨®n legislativa democr¨¢tica cuyas deliberaciones son secretas, acrecienta las desconfianzas. Es precisamente para combatir este riesgo de inhibici¨®n ciudadana por lo que con el Tratado de la Uni¨®n Europea de 1992 tom¨® cuerpo en el Derecho Comunitario el llamado principio de subsidiariedad, que no es otra cosa que la voluntad expl¨ªcita de que las decisiones se deben adoptar lo m¨¢s cerca posible del ciudadano y en las condiciones de mayor eficacia. Obviamente los Estados miembros se dieron mucha prisa a la hora de establecer el equilibrio de competencias entre la Uni¨®n y los propios Estados, pero sin embargo algunos resultan m¨¢s remolones cuando se trata de aplicar el mismo principio de subsidiariedad entre el Estado y las regiones con competencias legislativas de su ¨¢mbito interno.
El Estado espa?ol, Estado descentralizado y complejo -por lo menos te¨®ricamente-, no es ajeno al proceso de integraci¨®n europeo del que venimos hablando. En las ¨²ltimas semanas mucho se ha dicho y escrito sobre los posicionamientos de las comunidades aut¨®nomas socialistas, nacionalistas y alguna del Partido Popular de cara a este tema.
Tras la entrada en Europa, la Comunidad Europea adquiere capacidad de decisi¨®n sobre muchas materias. ?stas abarcan desde la pol¨ªtica monetaria hasta la pesca, pasando por la agricultura y la pol¨ªtica de competencia. Por tanto, Europa pasa a influir sobre materias que afectan de manera muy especial a la capacidad de autogobierno de las comunidades aut¨®nomas. As¨ª, hoy podemos decir que m¨¢s del 65% de la normativa que se da en el Estado espa?ol es una normativa que viene impuesta directa o indirectamente desde las instancias comunitarias. De este modo, si el objetivo prioritario de una administraci¨®n, y las auton¨®micas lo son en la misma medida que la central, tiene que ser la defensa correcta y concienzuda de los intereses que afectan a sus ciudadanos, es normal que las comunidades aut¨®nomas no s¨®lo tengan el derecho sino el deber de estar en aquellos foros donde se debaten, negocian y adoptan las decisiones que vinculan a sus ciudadanos.
Las comunidades aut¨®nomas que tienen una mayor sensibilidad por los temas europeos vienen reivindicando desde hace a?os la posibilidad de formar parte de la delegaci¨®n del Estado en los diferentes Consejos de Ministros de la Uni¨®n Europea.
Es m¨¢s, si el Gobierno central tuviera voluntad pol¨ªtica de habilitar a consejeros de las comunidades aut¨®nomas, ¨¦stos podr¨ªan perfectamente representar al propio Estado espa?ol en dichos Consejos, a imagen y semejanza de lo que es pr¨¢ctica habitual de algunos Estados miembros como Alemania o B¨¦lgica, quien ya en 1993, pero sobre todo en su ¨²ltima Presidencia del semestre pasado, deleg¨® la presidencia de siete Consejos de Ministros de la UE a ministros regionales. Esto es absolutamente posible y el propio Tratado de la Comunidad Europea lo dice expresamente.
Es pr¨¢ctica habitual que los diferentes ¨®rganos e instituciones de la Uni¨®n Europea se expresen sobre el Consejo de Ministros y su posible composici¨®n habida cuenta del debate sobre el futuro de la Uni¨®n en el que nos encontramos inmersos. De este modo, y en fechas muy cercanas, el Parlamento Europeo en su sesi¨®n del pasado mes de octubre se pronunci¨® al respecto. As¨ª, en el informe Poos, en su punto 12, se aboga porque en los Estados federales o fuertemente regionalizados las regiones participen en el proceso legislativo europeo y en el propio Consejo en conformidad con el art¨ªculo 203 del Tratado de la CE. Este informe fue aprobado con 442 votos a favor, 23 en contra y 17 abstenciones. El Partido Popular (con el futuro yerno del presidente Aznar a la cabeza) vot¨® a favor de este informe.
En fechas todav¨ªa m¨¢s recientes, a mediados del mes de noviembre pasado, en el Comit¨¦ de Regiones se aprob¨® por unanimidad el informe Martini-Schausberger sobre la participaci¨®n de representantes de los Gobiernos regionales en los trabajos del Consejo de la Uni¨®n Europea. Todas las comunidades aut¨®nomas del Estado espa?ol forman parte de este Comit¨¦ de Regiones y todas ellas votaron a favor de la tesis de que para el buen funcionamiento de la Uni¨®n es necesaria la participaci¨®n directa de representantes de los entes territoriales regionales en el Consejo dentro de las delegaciones de los Estados miembros.
Otra cuesti¨®n que resulta obsoleta en Europa es el car¨¢cter de relaciones internacionales aplicados a cuestiones internas de la propia Uni¨®n. Cuando el propio euro nos acerca diluyendo las fronteras, cuando incluso los jugadores de f¨²tbol comunitarios no ocupan posici¨®n de extranjeros, no es por casualidad sino la prueba evidente a los ojos de las instituciones comunitarias y del ciudadano llano, de que ya no hay asuntos externos o exteriores dentro de la Uni¨®n Europea. Para m¨¢s perplejidad, el propio Tribunal Constitucional fall¨® ya en 1994 que Europa no es un espacio internacional y que debe de considerarse como ¨¢mbito interno.
Si adem¨¢s -como lo se?ala Carlos Fern¨¢ndez de Casadevante Romani en su libro sobre La Acci¨®n Exterior de las Comunidades Aut¨®nomas- el TC afirma que la Constituci¨®n espa?ola 'no impide que la cooperaci¨®n entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas se proyecte tambi¨¦n en este ¨¢mbito -de las relaciones internacionales- mediante estructuras adecuadas, para las que tanto la propia Constituci¨®n (art. 150.2) como el Derecho comparado (Tratados-marco, etc¨¦tera) ofrecen amplias posibilidades', ?cu¨¢l es el problema?
A nuestro entender uno s¨®lo: la absoluta falta de voluntad pol¨ªtica del Gobierno de Aznar de articular mecanismos que permitan esa participaci¨®n leg¨ªtima.
I?aki Aguirre Arizmendi es secretario general de Acci¨®n Exterior del Gobierno vasco.
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