Los jueces anulan la expulsi¨®n de una inmigrante detenida por hurto
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una sentencia en la que anula la orden de expulsi¨®n de una mujer de Bosnia-Herzegovina detenida por hurto en la estaci¨®n de Atocha en 2000. La Delegaci¨®n del Gobierno se hab¨ªa apresurado a abrir expediente de expulsi¨®n contra ella sin esperar a que los jueces determinaran si realmente era o no culpable. A pesar de que la mujer fue absuelta, la Delegaci¨®n del Gobierno tramit¨® la expulsi¨®n.
Melissa Alikic, de 30 a?os, fue detenida el 30 de abril de 2000 en la estaci¨®n de Atocha por su presunta implicaci¨®n en un hurto contra una turista brit¨¢nica. Alikic y una compatriota le hab¨ªan robado la cartera con 32.000 pesetas. Pero la inglesa se dio cuenta a tiempo y corri¨® a la oficina del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa a denunciar el hurto.
La polic¨ªa detuvo entonces a Alikic y la acus¨® de actuar en colaboraci¨®n con una compatriota que pudo escapar. Ambas eran, supuestamente, miembros de un equipo dedicado a sustraer bolsos o carteras. Sus v¨ªctimas eran principalmente turistas.
La polic¨ªa sospecha que Alikic cruz¨® la frontera espa?ola con la ayuda de una organizaci¨®n delictiva dedicada a la importaci¨®n ilegal de inmigrantes. Los agentes a?aden que los inmigrantes se endeudan con la organizaci¨®n por sacarles del pa¨ªs de origen. Luego, estas organizaciones delictivas obligan a los inmigrantes a prostituirse o a robar para saldar la deuda.
Permiso de residencia
Alikic, tras la denuncia de la ciudadana brit¨¢nica, fue trasladada a la comisar¨ªa de Arganzuela. All¨ª se la acus¨® de hurto y se constat¨® que se trataba de una inmigrante sin el preceptivo permiso de residencia. Se inici¨® entonces un procedimiento penal para juzgar el supuesto delito de hurto. El juicio concluy¨® el 28 de junio, dos meses despu¨¦s de la detenci¨®n, y Alikic fue absuelta por falta de pruebas.
A pesar de la absoluci¨®n, el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Javier Ansu¨¢tegui, firm¨® el 14 de septiembre de 2000, poco m¨¢s de dos meses despu¨¦s de la sentencia absolutoria, una orden de expulsi¨®n. La inmigrante deb¨ªa abandonar el pa¨ªs y no podr¨ªa regresar en tres a?os. La orden se basaba en que la inmigrante particip¨® en 'actividades ilegales'.
Pero la orden fue recurrida por la abogada Mar¨ªa del Carmen P¨¦rez Ruiz. 'Bas¨¦ mi recurso en el hecho de que la sentencia hab¨ªa sido absolutoria, lo que dejaba sin fundamento la orden', explica. Y as¨ª lo entendieron el presidente, Alfredo Rold¨¢n Herrero, y los cinco magistrados de la secci¨®n primera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En su sentencia, afirman que 'la Administraci¨®n no puede actuar mientras no lo hayan hecho los ¨®rganos judiciales y debe respetar, cuando act¨²e a posteriori, el planteamiento' de los jueces. No hacerlo 'traspasa los l¨ªmites de la Constituci¨®n Espa?ola'.
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