Una nueva sentencia declara ilegal el concurso de traslados de 1998
Funci¨®n P¨²blica pide al tribunal una aclaraci¨®n sobre c¨®mo ejecutar el fallo
El Gobierno ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV) que le oriente sobre c¨®mo ejecutar la sentencia que declara ilegal la comisi¨®n que nombr¨® para evaluar los m¨¦ritos de los 1.110 funcionarios que participaron en el concurso de traslados de 1998. Funci¨®n P¨²blica ha tomado esta decisi¨®n despu¨¦s de que el Tribunal Superior haya dicatado esta semana una nueva sentencia contra la comisi¨®n evaluadora por permitir que ELA acaparase la representaci¨®n sindical. La asignaci¨®n de m¨¢s de dos mil puestos de la Administraci¨®n vasca est¨¢ paralizada por este asunto.
Seg¨²n el nuevo fallo judicial, todas las centrales que dispongan de m¨¢s del 10% de representaci¨®n en la Administraci¨®n general tienen derecho a participar en el tribunal calificador, como es el caso de UGT, Comisiones Obreras y LAB, adem¨¢s de ELA. La primera sentencia contra el concurso lleg¨® en octubre, tras el recurso promovido por UGT contra el nombramiento del tribunal, cuyos miembros no eran funcionarios de carrera, tal y como exige la ley. La consecuencia inmediata de ese fallo tendr¨ªa que ser la constituci¨®n de una nueva comisi¨®n que sea competente para evaluar las candidaturas de los funcionarios y que revise los m¨¦ritos de los aspirantes. Es decir, la Administraci¨®n auton¨®mica est¨¢ obligada a repetir el concurso. El ¨²ltimo fallo complementa al anterior.
Comisiones Obreras, el sindicato que recurri¨® en esta segunda oportunidad, considera que la decisi¨®n del Gobierno de pedir orientaci¨®n para ejecutar la sentencia es 'una argucia para ganar tiempo'. Txema Sagarna, responsable del sector de Administraci¨®n de CC OO, explica que la nueva sentencia declara ilegal la base novena del concurso en cuanto que ¨¦sta prev¨¦ que s¨®lo haya un representante del personal en el tribunal evaluador. La ley de Funci¨®n P¨²blica Vasca s¨ª especifica que habr¨¢ un representante del personal, pero esta norma carece de desarrollo reglamentario, con lo que se produce un vac¨ªo legal. En esta caso, debe aplicarse la norma, que dice que en las comisiones de evaluaci¨®n debe haber representantes de los sindicatos m¨¢s representativos.
Los dos fallos abren un escenario ca¨®tico en la Administraci¨®n, ya que quedan en el aire otros dos concursos posteriores: uno de traslados, organizado el 2000, con 250 plazas en juego; y una Oferta P¨²blica de Empleo (OPE) del mismo a?o para 750 puestos. Mientras no se aclare definitivamente qu¨¦ pasa con los traslados de 1998, no es posible fijar con exactitud las plazas se pueden incluir en el de 2000 ni qu¨¦ plazas ofertar en la OPE. En total, m¨¢s de 2.110 puestos en juego de los 4.806 funcionarios de la Administraci¨®n general vasca.
Todo en el aire
El Gobierno ha decidido concluir todas las pruebas de la OPE (a la que se presentaron m¨¢s de 40.000 ciudadanos) que a¨²n estaban pendientes, entre ellas las de perfiles ling¨¹¨ªsticos y los ex¨¢menes de algunos cuerpos. Sin embargo, llegar¨¢ el momento en el que no se pueda proseguir porque el c¨®mputo de m¨¦ritos estar¨¢ pendiente de dos cosas. Primero, de conocer las plazas que realmente se pod¨ªan ofertar y en segundo lugar, de lo que resuelva el Tribunal Supremo sobre los recursos presentados por el Gobierno contra la cascada de sentencias contrarias emitidas por el TSJPV, que impugnan los criterios utilizados para desestimar que algunos aspirantes se beneficiaran de una valoraci¨®n preferente en los m¨¦ritos. La resoluci¨®n de los recursos no llegar¨¢ antes de a?o y medio con lo que, en el mejor de los casos, la OPE queda paralizada t¨¦cnicamente. La propia Administraci¨®n ha descartado hacer ahora las adjudicaciones y prefiere esperar a que los tribunales respondan, seg¨²n indica CC OO. 'Va ser muy dif¨ªcil gestionar y recomponer el caos creado. La situaci¨®n est¨¢ t¨¦cnicamente paralizada, no hay manera de meterle mano', recalca Sagarna.
Comisiones Obreras se muestra muy cr¨ªtica con el equipo anterior de Funci¨®n P¨²blica, que fue quien gestion¨® el concurso de traslados. Seg¨²n Sagarna, los responsables del concurso 'sab¨ªan que hay una legislaci¨®n estatal que suple la falta de regulaci¨®n auton¨®mica. A pesar de eso, prefirieron inventarse que hab¨ªa un vac¨ªo legal del que se aprovecharon hasta llegar a extremos insultantes'.
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