Los jueces afirman que aplicar¨¢n la ley del divorcio pese a las cr¨ªticas del Papa

El discurso pronunciado por el Papa el lunes pasado ante los abogados y jueces del Tribunal de la Rota, en el que pidi¨® a unos y otros que se nieguen a aplicar el divorcio, suscit¨® ayer reacciones plurales entre los jueces, quienes coincidieron, en cambio, en que se deben a la legalidad vigente, que admite la disoluci¨®n del matrimonio, aunque el Papa lo estime indisoluble. Desde sectores progresistas de la Judicatura se interpreta la petici¨®n papal como una invitaci¨®n a delinquir, mientras los jueces conservadores limitan el alcance del mensaje de Juan Pablo II a los cat¨®licos.

Enrique L¨®pez, portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y perteneciente a su sector conservador, asegur¨® ayer a este peri¨®dico que la petici¨®n papal 'se refiere s¨®lo a los jueces eclesi¨¢sticos, como no pod¨ªa ser de otra manera'. L¨®pez record¨® que los jueces civiles 'est¨¢n sometidos al principio de legalidad, sin que quepa ning¨²n tipo de cl¨¢usula de conciencia en la aplicaci¨®n de la ley'.

En igual l¨ªnea, el vocal del mismo sector Jos¨¦ Luis Requero -quien manifest¨® que est¨¢, 'por supuesto, al 100% o al 200% con lo que dice el Papa'- revel¨® que hab¨ªa dictado sentencias de divorcio, si bien 'en los casos de matrimonios can¨®nicos, yo advert¨ªa a los c¨®nyuges', dijo, 'que les divorciaba de los efectos civiles, pero no de los can¨®nicos'. Seg¨²n Requero, Juan Pablo II dirigi¨® su discurso 'a los jueces de la Rota', aunque reconoci¨® que a ese tribunal 'no llegan casos de divorcio'.

En contraste con estas interpretaciones sobre el alcance del discurso del Papa, el obispo portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Jos¨¦ Asenjo, ratific¨® ayer que Juan Pablo II hab¨ªa pedido a los jueces y abogados 'que no colaboren en el divorcio', para acabar con ese 'mal social que afecta y da?a un bien social como es la indisolubilidad del matrimonio'.

Por su parte, el presidente de la Asociaci¨®n de Te¨®logos Juan XXIII, Enrique Miret Magdalena, atribuy¨® la intervenci¨®n de Juan Pablo II a presiones de 'asesores ultraconservadores', seg¨²n informa Europa Press.

Injerencia inadmisible

Montserrat Comas, vocal del CGPJ perteneciente al sector progresista, consider¨® 'inadmisible que el jefe de la Iglesia cat¨®lica se inmiscuya en el ejercicio de las facultades jurisdiccionales, perfectamente independientes y separadas n¨ªtidamente de las religiones en los Estados democr¨¢ticos'. Comas evalu¨® las palabras de Juan Pablo II como 'una negaci¨®n del respeto que le debe merecer al Santo Padre la separaci¨®n entre el Estado laico y las confesiones religiosas'.

En la misma l¨ªnea, Miguel Carmona, portavoz de la asociaci¨®n progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, interpret¨® el discurso papal como 'una invitaci¨®n a prevaricar'. Record¨® que 'el juez no tiene derecho a la objeci¨®n de conciencia y lo ¨²nico que puede hacer, si no est¨¢ de acuerdo con la ley, es irse de la carrera'.

Carlos Granados, presidente de la asociaci¨®n judicial minoritaria y moderada Francisco de Vitoria, declar¨®: 'Las normas que nosotros aplicamos las aprueba el Parlamento espa?ol. El Papa puede decir lo que quiera, pero nosotros tenemos que atenernos a la regulaci¨®n de la ley democr¨¢tica'.

La portavoz de la misma asociaci¨®n, Cristina Cadenas, insisti¨® en que 'el Papa no puede ir m¨¢s all¨¢ del ¨¢mbito cat¨®lico en un Estado aconfesional' y record¨® que 'incluso jueces del Opus Dei han reconocido que han aplicado el divorcio previsto en la ley'.

Vicente Magro, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, mayoritaria y conservadora, advirti¨® de que, a la hora de resolver, los jueces no pueden 'recibir ninguna injerencia'. Lo explic¨® as¨ª: 'Los jueces lo que tenemos que hacer es aplicar la ley y desde 1981 nos compete aplicar la ley del divorcio que, por cierto, ha sido pac¨ªfica. Incluso se han creado juzgados espec¨ªficos, para dar una respuesta especializada a los problemas matrimoniales'.

Magro coincide con el presidente de la Asociaci¨®n de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, para quien 'el problema no es el divorcio, sino el desentendimiento de la pareja'. Zarraluqui estima, adem¨¢s, que 'la recomendaci¨®n papal a los jueces, que se deben al imperio de la ley, es una inducci¨®n al delito'.

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogac¨ªa, record¨®: 'Estamos en un Estado aconfesional y con absoluta libertad de conciencia'. Y Mar¨ªa Dur¨¢n, presidenta de la Asociaci¨®n de Mujeres Juristas Themis, pidi¨® que el Papa 'no se entrometa en cuestiones que competen al Estado', igual que la abogada ?ngela Cerrillos dijo que 'no se pueden mezclar asuntos de conciencia con cuestiones de Estado'.